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Corrupción y errores son base de $ 106 billones en demandas públicas

El ahorro financiero y la cartera crediticia presentado una dinámica positiva en el primer trimestre del 2017.

El ahorro financiero y la cartera crediticia presentado una dinámica positiva en el primer trimestre del 2017.

Foto:Hernando Herrera. archivo EL TIEMPO

Mindefensa, Fiscalía y Policía son campeones en procesos judiciales, según el Marco Fiscal.

Diana Rincón
El Estado colombiano sigue estando contra las cuerdas ante la abundancia de demandas, las cuales ascienden a 106 billones de pesos en la actualidad, correspondientes a 229.101 procesos reportados, sin contar con otras 309 acciones jurídicas que pretenden sacar de la billetera pública la casi imposible cifra de 3.538 billones de pesos, una de las cuales es la exigencia de indemnización a víctimas del desplazamiento forzado.

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Estos son los números que están consignados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2017 (MFMP), del Ministerio de Hacienda, según el cual, el monto sobre el que se hizo el cálculo para que el Estado pueda tener en caja los recursos necesarios para pagar (contingencias), está bajando, pues pasó de 61 billones el año pasado, cuando las pretensiones de todos los demandantes eran de 114 billones de pesos, a 17,7 billones en este año (71 % menos).

Plata para pagar fallos

Cabe aclarar que este monto bajó tanto debido a un cambio en la forma de calcular la probabilidad de que la Nación pierda en el proceso de demanda, con lo cual, el número de entidades contempladas pasó de 310 a solo 160, y el número de procesos que era de 487.617 ahora es de 229.101.
Por ello, un estudio que prepara la Contraloría general, basado en información contable, incluirá un monto muy distinto al reportado en el MFMP: 5.340 billones de pesos, incluido el pleito de los desplazados contra el Departamento de Prosperidad Social, por 3.018 billones.
Entre la corrupción y los errores de las propias entidades públicas se mueve el panorama de las demandas al Estado, cuyas pretensiones vigentes equivalen a casi la mitad de todo el presupuesto del país en el 2017 ($ 224,4 billones sin la adición presupuestal). Y para cubrirlo se necesitarían 17 reformas tributarias como la que se hizo en el 2016, que este año aportará 6 billones de pesos.  Consulte nuestra infografía aquí.
En cuanto a las demandas que para el Gobierno son sin fundamentos reales, hace apenas un mes, una sala del Tribunal Administrativo de Sucre tumbó un megafallo que condenaba a la Nación a pagar 2,1 billones de pesos por la situación de los desplazados de Sincelejo, de los cuales, el 10 por ciento era para el abogado. A esto se suman las costosas equivocaciones que se presentan, pues hace un par de días, en medio de la polémica suscitada alrededor de la inminente excarcelación masiva de 9.000 presos, el viceministro de Justicia, Carlos Medina, indicó en medios radiales que el Estado tiene demandas por 23 billones de pesos, producto de errores judiciales.
Así las cosas, lo cierto es que, aún con la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, según el panorama que describe el MFMP, con todo y la lentitud de la justicia, se hicieron pagos por 11,2 billones de pesos entre 2000 y 2016, solo con recursos del Presupuesto General.
El documento de Minhacienda establece que en el 2016, Colombia dispuso de 1,3 billones de pesos para cubrir las demandas que se van fallando y ejecutó el 92 por ciento de esos recursos. 

En los territorios

Aunque el nivel central es el que más enfrenta acciones jurídicas, los entes territoriales, que no están incluidos en el conteo de demandas del MFMP, también marcan una tendencia creciente, principalmente por corrupción.
Según el estudio de la Contraloría, Antioquia, Sucre y Córdoba presentan la situación más compleja, tras hechos que son de conocimiento público, de abogados que tienen como negocio demandar al Estado. Por monto, Antioquia está a la cabeza en el nivel territorial, como uno de los más demandados ($ 6,4 billones de pesos en pretensiones). Le sigue Sucre, con 3 billones, y Córdoba, con 0,75 billones. “Los tres representan 70 por ciento de las pretensiones en los departamentos”, establece la Contraloría.

Las campeonas

El panorama acerca de las entidades que más demandas cargan sobre sus hombros no ha cambiado. Entre los campeones, y por varios años consecutivos, está el Ministerio de Defensa, cuyos demandantes pretenden obtener 23 billones de pesos, según el MFMP. En las cuentas de la Contraloría la cifra para esta entidad es de 616,8 billones de pesos, porque allí se cuenta la parte que le corresponde a esta cartera, por el pleito de los desplazados contra el DPS. Le siguen entidades como la Policía (pretensiones por $ 15,4 billones), la Fiscalía General ($ 12,4 billones), la Dirección de la Administración Judicial ($ 9,7 billones) y el Invías ($ 3,2 billones), según el MFMP.
También estas mismas entidades son las que más pagan en sentencias y conciliaciones. En el 2016, concentraron el 87,1 por ciento del total de pagos efectuados tras los fallos. “En este punto es importante señalar el peso que tiene el Ministerio de Defensa, con cerca de un 40 por ciento del total de los pagos realizados en la vigencia 2016”, destaca el MFMP.
Por número de procesos el panorama cambia. Así, a marzo del 2017, la entidad que más procesos en su contra tiene es el Ministerio de Educación (45.894 procesos), seguido por el Ministerio de Defensa, la Dirección de la Policía Nacional y la UGPP.
Se destaca que, entre el top 10 de las entidades más demandas, ya no aparece Ecopetrol, que sí estaba en esa lista en el 2011. Según el vicepresidente jurídico de esta entidad, Fernán Bejarano, “en el 2016 logramos un 92,9 por ciento de éxito en los procesos. Las pretensiones eran de 4 billones de pesos, principalmente por demandas laborales (53,9 %), y los pagos solo fueron de 4.000 millones”.

31 % de pagos son intereses

El estudio sobre las demandas contra el Estado, de la Contraloría General, muestra preocupación por el gasto público que se genera, debido a los intereses moratorios.
Según este análisis, de los pagos que efectúan las entidades públicas, cuando ya se emiten los fallos, el 31 por ciento del valor equivale a intereses moratorios.
La falta de liquidez para pagar en los tiempos reglamentarios va agrandando el boquete que implican las condenas. Es así como, según la Contraloría, de 496.400 millones de pesos que pagó en sentencias en su contra, el Ministerio de Defensa, 149.401 millones fueron por cuenta de intereses por mora.
Tras un fallo, el periodo de gracia es de 8 meses para efectuar el pago, luego de los cuales entran en mora, y se están tardando 24 meses para cubrir los pagos, lo que implica mayor demanda de recursos públicos. En el caso de la Fiscalía General, solo pagó el año pasado 70.000 millones en fallos, y tenía que cubrir 730.000 millones de pesos. Es decir, no pagó ni el 10 por ciento, lo demás está en mora, dice la Contraloría.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
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