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Fondos no quieren a Perú en la Ocde

Piden pago de US$ 5.000 millones en bonos dados por la expropiación de tierras entre 1969 y 1979.

Diana Hernández
Un grupo de inversionistas liderados por varios fondos de pensiones estadounidenses han remitido una carta a Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en la que denuncian que Perú no está en condiciones de ser miembro de esta institución por el impago de su deuda.
Los acreedores denuncian los “reiterados incumplimientos” del país andino a la hora de hacer frente a las obligaciones relacionadas con los denominados Bonos de la Reforma Agraria. Entre 1969 y 1979 se expropiaron casi 10 millones de hectáreas de tierra a cambio de unos bonos.
En muchos casos, según los demandantes, la deuda nunca fue reembolsada. El valor de esta, según el último cálculo realizado, superaría los 5.000 millones de dólares. Hasta el 20 por ciento de los bonos en circulación están en manos de inversionistas internacionales, incluidos casi 200 fondos de pensiones de Estados Unidos. El resto corresponde a más de 5.000 familias peruanas.

El Tribunal Constitucional
de Perú reconoció la obligación del país a pagar los bonos hace más de 16 años. En 2013 este tribunal indicó que el pago debía vincularse al dólar.

La carta incluye un informe realizado por Hans J. Blommestein, responsable de la dirección de deuda pública de la Ocde entre 2001 y 2016, que concluye que los bonos aún se encuentran impagos y representan deuda soberana legítima. “Instamos a que se suspenda la candidatura que Perú ha presentado para ser admitido como futuro país miembro en la Ocde, al menos hasta que el país... brinde información veraz sobre el monto de la deuda representada por los Bonos de la Reforma Agraria y resuelva la situación que atañe a la deuda aún pendiente de pago”, dicen los demandantes.
El informe de Blommestein recuerda que el Tribunal Constitucional de Perú reconoció la obligación de este país a pagar los bonos hace más de 16 años. En 2013, el mismo tribunal emitió un fallo en el que establecía que el pago de la deuda debía vincularse al dólar, lo que no satisfizo a los acreedores debido a la devaluación e hiperinflación que ha sufrido la economía local durante las últimas décadas, lo que reduciría notablemente el monto de sus compromisos.
La apelación de los tenedores de bonos a que una compañía en default no puede entrar en la Ocde es interpretada como una medida de presión para que el Gobierno de Lima acepte una negociación. La admisión en este organismo es una de las prioridades del país en materia de política internacional, tal y como han señalado altos funcionarios del Ejecutivo.
DAVID FERNÁNDEZ
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
Diana Hernández
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