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‘Carteles aprovechan atraso de las normas para estafar a la gente'

Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos.

Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos.

Foto:Mauricio León / EL TIEMPO

Jorge Humberto Botero habla de los líos de las aseguradoras frente a la falta de actualización.

A un año de haberle planteado al Gobierno los problemas que rondan al sistema de riesgos profesionales, los aseguradores creen haber perdido la batalla, pues ninguna de las posibles soluciones planteadas se ha puesto en marcha, mientras que a otras se les ha ampliado su entrada en vigencia.
¿Cómo está el país en materia de accidentalidad laboral?
La accidentalidad laboral ha caído un 5 por ciento, y hoy es del 7 por ciento, lo que muestra que los empleadores, apoyados por las aseguradoras, han sido eficaces en crear ambientes de trabajo más seguros.
Los de morbilidad se comportan distinto, y en el mundo entero tienden a comportarse diferente porque las enfermedades cambian. Allí ha habido un leve crecimiento de 1,7 por ciento a 7 por ciento al cierre del 2016.
¿En qué situación queda el sistema de riesgos laborales por la demora en la actualización de las normas?
Esa falta de actualización de la normativa es lo que impide, con efectos sociales negativos, un desarrollo mayor del sistema de riesgos laborales; no es que las compañías (de seguros) estén perdiendo plata, no, es el problema social de cobertura lo que está en juego.

El Gobierno no parece estar en la tónica de querer entender

¿Qué hacer, entonces?
Yo no tengo esperanza de un mayor dinamismo en el corto plazo porque el juego político ya terminó en la práctica; el tiempo se agotó.
¿Por qué cree que ya no hay margen de maniobra?
El sistema de riesgos laborales va muy de la mano con la economía, y la reglamentación de los riesgos está pendiente desde 1994. Los problemas de tarifación en este frente tienen una consecuencia, y es permitir coberturas más amplias y un acceso más eficiente a la seguridad social, que es el problema que se presenta con las agrupadoras.
Como entrar a la seguridad social es tan difícil, entonces ahí están los carteles que falsifican la afiliación, afectando a la población, que piensa que está cubierta cuando en verdad está por fuera del sistema.
Si esa reclasificación de las actividades económicas por tipo de riesgo no se traduce en tarifas que incentiven las coberturas de los riesgos más altos, que permitan desarrollar más estrategias de prevención de riesgos mejores, no sirve de nada.
Pero, en el tema de recaudo el Gobierno ya adelantó algunas iniciativas...
Sí, pero, por las razones que fuera, luego las postergó, y sigue siendo una realidad grave que el costo del recaudo sea superior al de la prima; es un claro desincentivo para que las compañías de seguros, ramo riesgos laborales (ARL), tengan vocación de cubrir empleados de bajos salarios que suelen estar en empresas pequeñas. La medida es contraproducente en términos sociales y de formalización de la economía y la seguridad social.
¿Usted advierte sobre los efectos de una mayor longevidad de las personas?
Ahí hay dos problemas graves: en la medida en que la longevidad de los trabajadores inválidos y los sobrevivientes aumenta, el monto de la reserva (de las aseguradoras) tiene que crecer; o sea, el valor presente neto del flujo de prestaciones que el asegurador tiene que otorgar crece.
¿Cómo se resuelve esto? No se pueden bajar los beneficios, entonces, toca asumir la realidad de que esas coberturas valen más, pero el Gobierno no parece estar en la tónica de querer entender, por eso no hizo ningún intento de reforma pensional; se va a limitar, para no quedar en blanco, a que en el documento que salga de la Comisión del Gasto le diga lo que ya sabe: pilas con la seguridad social de pensiones de origen común como de origen de riesgos laborales.
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