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Crece la discordia por la regasificadora del Pacífico

El costo de un racionamiento de gas para el país bordearía los US$ 388 millones.

El costo de un racionamiento de gas para el país bordearía los US$ 388 millones.

Foto:Jaime Moreno / EL TIEMPO

Gobierno advierte que costo de un racionamiento de gas para el país bordearía los US$ 388 millones.

Las buenas noticias que ha tenido el país en materia de descubrimientos de gas en los últimos años, tanto en el 2014 con el pozo Orca en aguas profundas al norte de La Guajira, como en el 2017 con los hallazgos Kronos, Purple Angel y Gorgon, en aguas ultraprofundas frente a Córdoba y Sucre, no cuadran en las cuentas que hace el Gobierno para garantizar el abastecimiento de este energético en el largo plazo.
Por esta razón, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) reconfirmó en el congreso de Naturgas, a finales de marzo, que sigue adelante con las actividades para expedir los pliegos de la segunda planta de regasificación que tendrá el país, y que se ubicará en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico.
El director de la Upme, Ricardo Ramírez Carrero, dice que estos hallazgos estarían aportando producción solo entre el 2027 y el 2028, pero al ritmo de la demanda actual las proyecciones apuntan a que desde el 2022 habría déficit del energético, que se podría cubrir hasta el 2024 con la regasificadora de Cartagena más las declaraciones de producción que salgan, pero no son suficientes para asegurar el suministro de largo plazo.
Sin embargo, el sector del gas, en cabeza del gremio Naturgas y las empresas productoras, señalan que debe darse impulso a la exploración y producción nacional, tomando las definiciones pendientes para la actividad costa afuera y los yacimientos no convencionales (incluyendo el gas asociado al carbón), pues si bien la importación es una opción a la que no se oponen, la principal preocupación es quiénes pagarán la nueva planta, cuyo costo el sector estima entre 700 y 900 millones de dólares.
El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, sostiene que el proceso de construcción de la nueva infraestructura debe ser similar a la planta de Cartagena, es decir, que el sector termoeléctrico del interior del país participe desde el comienzo, asegurando con garantías buena parte de la capacidad, y aportando por lo menos la mitad de la inversión.
“No esperemos a construir unas facilidades y luego mirar a ver a quién le interesan, que es el mecanismo que quiere utilizar en esta subasta. Debería ser como en el sector eléctrico”, aseguró.

Los números del dilema

Y es que en esta polémica las diferencias en los números son evidentes. Mientras la Upme dice que los expertos españoles que contrató calcula que el valor de la planta estaría entre 650 y 700 millones de dólares (si la regasificación es en tierra y no en una unidad flotante), de los cuales el gasoducto entre Buenaventura y Yumbo (Valle) tendría una cuota de 250 millones de dólares, para el sector del gas los costos bordearían los 900 millones de dólares.
Según Cabrales, una de las principales preocupaciones es el costo final del gasoducto, pues en una zona tan compleja no es claro su valor definitivo; se pueden presentar sobrecostos por el efecto de las aspiraciones de las comunidades, entre otros factores.
Además, expertos del sector han señalado que mientras productores como Ecopetrol y los industriales, al ser grandes consumidores de gas serían los que asumirían nuevos costos importantes, para los hogares la puesta en operación de la planta costaría entre 30 y 40 pesos por cada metro cúbico consumido.
En la práctica, por ejemplo, un consumidor que al mes consume 17 metros cúbicos de gas y que hoy paga unos 27.500 pesos mensuales, tendría un aumento en su factura entre el 1,8 y el 2,5 por ciento mensual para pagar la regasificadora, pero sin contar que el valor del combustible importado tiene tendencia al alza en el largo plazo.
De hecho, tanto consultores, analistas y la misma Upme indican que el gas natural importado, después de ser regasificado pero antes de inyectarse a la red de transporte, puede costar unos 8 dólares por millón de BTU (unidad británica de poder calórico), cifra mayor que los 4,5 dólares que en promedio cuestan las ventas en el mercado nacional.
Mientras Ricardo Ramírez, director de la Upme, dice que en la próxima década ese valor sería de 10 dólares por millón de BTU, otros consultores estiman que después del 2020, entre 2025 y 2035, el precio del gas importado puede estar entre 9 y 12 dólares por cada millón de BTU.
Pese a ello, la Upme señala que su prioridad es el abastecimiento y que si el país decide no hacer la infraestructura y hay un racionamiento de gas, el costo de este arrepentimiento sería de 388 millones de dólares, mientras que el sobrecosto de tener infraestructura ociosa de regasificación en el Pacífico, si se concreta el suministro local, es de 40 millones de dólares.
“Vamos a continuar, por las razones que hemos explicado”, puntualizó el director de la Upme.
Según conoció el TIEMPO, tras expedir recientemente las medidas para facilitar que los hogares puedan vender electricidad a la red y el marco tarifario para los distribuidores de energía, la siguiente tarea de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es la definición del esquema de remuneración de la planta de gas del Pacífico, con la meta de tenerlo listo en mayo.

Consultas golpearían

El director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Ricardo Ramírez Carrero, dijo que en la entidad a su cargo ven con mucha preocupación las consultas populares que se están gestando en contra de iniciativas de generación, producción y transporte de gas y energía, porque pueden afectar la prestación de un servicio público esencial, y los retrasos que se originen por estas consultas no solo afectan a la comunidad que las impulsó, sino que terminan por golpear a todo el país.
“Son consultas no muy legítimas, ya que se trata de un grupo de personas decidiendo el futuro de muchas otras que no participan”, aseguró el funcionario.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
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