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Piden cambio en uso de la plata de los impuestos verdes

Contraloría cuestionó efectividad de incentivos. Más del impuesto al carbono debe ir al ambiente.

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Siete de cada 10 colombianos ya no usa bolsa plástica

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Economía y Negocios
10 de enero 2019 , 10:17 a.m.

Un fuerte cuestionamiento al uso de los recursos que se recaudan por los llamados impuestos verdes hizo este miércoles la Contraloría General, al advertir “alto grado de incertidumbre en la eficiencia y efectividad de los incentivos tributarios para el medio ambiente”.

Si bien la alerta lanzada por el organismo de control se refiere a varios rubros que deberían estar beneficiando al sector ambiental, hay una especial referencia al impuesto nacional al carbono, que aplica a las empresas para promover la reducción de las emisiones de CO2, y al impuesto de bolsas plásticas, que se creó para desestimular su uso y proteger así los mares y todos sus ecosistemas.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha dicho que los impuestos verdes no deberían verse como una fuente de recaudo tributario, sino como estrategias para cambiar las acciones negativas hacia el medio ambiente, el contralor delegado para el medio ambiente, Diego Alvarado, criticó la distribución de los ingresos por esos dos impuestos verdes.

Para la paz sí, pero también para el ambiente

En el 2018 (a noviembre), por el impuesto al carbono se habían recaudado 294 mil millones de pesos, según cita la Contraloría, pero la ley estableció una destino específico para este ingreso, pese a que el sector ambiental es uno de los más débiles en materia de recursos, sostuvo Alvarado.

Es así como, del gravamen que pretende ayudar a que se proteja el medio ambiente, el 70 por ciento del recaudo debe ir a la implementación del acuerdo de paz y el 30 por ciento restante a temas ambientales (25 % a manejo de erosión costera, reducción de deforestación y otros) y 5 % al fortalecimiento de áreas protegidas.

Esto, para Alvarado, debe ser motivo de una transformación, de manera que “el sector ambiental pueda realizar inversiones que lleven a resultados significativos que corrijan externalidades negativas ocasionadas por emisión de gases de efecto invernadero por el consumo de combustibles fósiles”, dice el informe.

Cambios para que el sector ambiental pueda realizar inversiones que lleven a resultados significativos que corrijan externalidades negativas ocasionadas por emisión de gases de efecto invernadero

Y, si en el caso del impuesto al carbono -según la Contraloría- “es desafortunada la destinación de los recursos”, el del impuesto a las bolsas plásticas es aún peor, según Alvarado. “El recaudo va a una bolsa común”, con el agravante de que “el Estado desconoce el valor total del menor ingreso fiscal a causa de los incentivos (que se otorgan con el fin de proteger el ambiente); y en segundo lugar, que el Estado desconoce si los resultados obtenidos en términos ambientales justifican el otorgamiento de este tipo de subsidios”.

Por lo pronto, según cifras de la Dian, en el 2017 se obtuvieron 10.412 millones de pesos por cuenta del consumo de bolsas plásticas en los supermercados, y en el 2018 la cifra ascendió a 25.192 millones de pesos. En el primer año mencionado los colombianos pagaron por usar 689 millones de bolsas y, en el 2018, pese a que la bolsa era 10 pesos más cara ($ 30 oficialmente y hasta $ 100 en algunos lugares), se usaron 846 millones de bolsas.

"Aún en pañales"

Así las cosas, el panorama del recaudo por impuesto verde, según el contralor delegado, “aún está en pañales” y requiere cambios. Más aún si, en el caso de las bolsas plásticas, hoy “solo están obligados los responsables del IVA pertenecientes al régimen común, como supermercados, grandes superficies o almacenes de cadena”. Es decir, la medida, por ahora, es un saludo a la bandera en términos ambientales, pues en las tiendas de barrio y otros negocios se utiliza bolsa a granel y no están obligados a entrar en la estrategia de desestimular su uso.

Daniel Mitchel, presidente del gremio Acoplásticos, dice que estos recursos debieron destinarse a educación ambiental y proyectos de reciclaje.

Además, a juicio de la Contraloría, hay que acoger las recomendaciones de la Ocde, en el sentido de revisar ciertos tratamientos fiscales en pro del medio ambiente, con miras a su eliminación, si no sirven para lo que se crearon.

Otros incentivos que fueron cuestionados

El estudio de la Contraloría abarcó también una evaluación de otros instrumentos de política para la gestión ambiental como son los subsidios directos y específicamente dos: el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA).

De acuerdo a información reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el período 2014-2017 se sembraron en el país 26.773 hectáreas a través del CIF, principalmente en los departamentos de Vichada, Antioquia y Meta, siendo 2015 el año en que más cantidad de hectáreas se sembraron.

Sin embargo, esta cifra no supera el 0,023 % del territorio nacional (114 millones de hectáreas) y las 4.966 hectáreas sembradas en 2016 no superan el 3 % de la tasa anual de deforestación de ese año, calculada en 178.148 hectáreas, según el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam).

Según reporta también Minagricultura, en el período 2014-2017 el Estado invirtió en el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) un total de $23.623 millones, de los cuales $16.841 millones se invirtieron en establecimientos de plantaciones y $6.782 millones en su mantenimiento.

La respuesta del exministro de Ambiente

Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y quien promovió los impuestos verdes durante el gobierno de Santos, aseguró que aunque aún no conoce el informe de la Contraloría, el propósito principal de los impuestos ambientales "no es el recaudo per sé", sino el mejoramiento del comportamiento ambiental y un cambio en la conciencia ciudadana. 

E hizo énfasis en que la reforma, durante su gestión, fue exitosa pues hoy el gobierno tiene 700.000 millones de pesos que no tenía antes.

"Algunos han planteado un falso dilema entre construcción de paz en zonas de posconflicto y protección ambiental. El conflicto en Colombia fue uno de los mayores depredadores del ambiente. No hay duda. Hoy a las zonas de posconflicto han llegado nuevas redes ilegales que han cambiado las dinámicas regionales y locales para generar mayor deterioro, de allí que nada más ambiental que invertir en la consolidación de la paz en esas zonas del posconflicto. Por ejemplo, El 75 % de la deforestación en el país ocurre en municipios de posconflicto", afirmó.

El exministro le dijo a EL TIEMPO que la discusión sobre la inversión de los recursos sí es relevante. Al respecto dijo que "lo conveniente sería que al menos el 50 % -de la inversión de los recursos- se hiciera a través del sector ambiente y desarrollo sostenible y el resto a través de Fondo Colombia en Paz y la cuenta del Fondo Colombia sostenible". 

Un aumento en el impuesto al carbono es, según Murillo, un aspecto a mejorar, pues "el impuesto al carbono debe incluir el carbón y su tarifa debe incrementarse a niveles de 50 0 60 mil pesos por tonelada equivalente de CO2", según citó, por recomendaciones de la Cepal. En el mismo sentido aseguró que el impuesto a las bolsas plásticas puede establecerse en 150 pesos.


ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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