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La carrera que están perdiendo los territorios priorizados para la paz

El cronograma para hacer los PDET se incumplió. Aún así, las comunidades siguen trabajando.

PDET Caribe
31 de mayo de 2018 , 10:54 a.m.

Fecha: 21 de mayo de 2018

Sara Castillejo Ditta / Unidad de Datos
@CastillejoDitta

Uno de los pactos sellados entre el gobierno y la guerrilla de las Farc es cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Para hacerlo se le dio vida a la Reforma Rural Integral (RRI), que plantea, entre muchos otros puntos, implementar en 170 municipios priorizados los Programas de Desarrollo con Enfoque Étnico y Territorial (PDET). Estos son herramientas para replanear conjuntamente, entre comunidades, interesados y Estado, los territorios con mayores necesidades del país. Hace 12 meses comenzó esta iniciativa y todavía no hay ningún plan en concreto.

¿Cuáles son las visiones de territorio que tienen los campesinos, indígenas y afrodescendientes de las subregiones de Montes de María, Sur de Córdoba y Sierra Nevada – Perijá? Esa es la pregunta que deben resolver para la construcción de los PDET, pero ¿cómo pueden visionar un territorio que todavía no les pertenece?. El Tiempo fue a María la Baja, Sur de Bolívar, para conocer de la voz de las comunidades cómo avanzan la construcción de estos programas en la región Caribe.


La vergonzosa distancia entre el campo y la ciudad


El observatorio De Justicia publicó en uno de sus análisis que “se estima que el 1% de los proyectos más grandes de explotación agropecuaria en el país acaparan más de 80% de las tierras rurales”. En palabras más simples, eso significa que en ese menos del 20 % del espacio que queda tienen que caber las viviendas de la gente y sus cultivos, las zonas de conservación y reservas, los demás proyectos de explotación y, además, las tierras infértiles. La lucha por ese pequeño porcentaje origina conflictos.

De Justicia dice en el mismo artículo que “esto convierte a Colombia en el país con peor distribución de la tierra de toda Latinoamérica”.

"Colombia es el país con peor distribución de la tierra en América Latina"

Ello lo evidencia también la Mesa técnica de acompañamiento internacional al punto # 1 del Acuerdo de Paz que, en su publicación “12 claves para una agenda de transformación rural en Colombia”, dice que la economía campesina representa el 75 % de las unidades de producción y que es ella, y no esos grandes mega proyectos que ocupan la tierra, la que emplea el 57 % de la mano de obra del sector y produce el 70 % de los alimentos que se venden en plazas y mercados del país.

Así, lo que los líderes y representantes de organizaciones campesinas, consejos comunitarios afrodescendientes y cabildos o resguardos indígenas, de las tres zonas mencionadas, quieren impulsar en los PDET es, sobretodo, la delimitación de los pueblos que representan y el respeto a su autonomía local, con el fin de poder impulsar esa Economía Campesina. Así de claro se dijo en el Encuentro de organizaciones y comunidades del Caribe en zonas PDET “Defendiendo la paz y el territorio”, organizado por Cinep y la ENI - Colombia (una estrategia impulsada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, ILC), que tuvo lugar el 19 y 20 de abril en María La Baja, Montes de María.


El primer día las organizaciones y comunidades se conocieron y prepararon para la cita, al día siguiente, con los representantes de las instituciones y los acompañantes internacionales. Foto: Sara Castillejo Ditta / Unidad de Datos.


Allí llegaron por lo menos 54 líderes y lideresas de las tres subregiones escogidas en el Decreto 893 de 2017 para iniciar PDET en la costa Caribe del país: Sierra Nevada – Perijá, Montes de María y Sur de Córdoba. Representaron 34 municipios ubicados en 6 departamentos. Todos ellos con altísimos indicadores de pobreza extrema, grave impacto del conflicto armado interno, presencia de economías ilegales dentro de su territorio y una profunda debilidad institucional. Así tenía que ser para que fueran priorizados.


De la tierra cultivable sale la comida para frenar el hambre en el campo


El tema de la producción agrícola de los campesinos está en el centro del debate. Wilmer Vanegas, Líder de María La Baja, argumenta que sin la protección especial que les daría la reserva campesina no podrían contar con la tierra necesaria para producir: “una de las primeras cosas que nosotros queremos es expandir nuestro territorio de siembra de cultivos tradicionales: producción diversificada de alimentos. Eso no lo podríamos hacer si no tenemos una zona delimitada, porque siempre vamos a estar bajo la presión de que, si nosotros queremos expandir, nos van a sembrar más palma, más teca, viene la minería, viene todo ese tipo de actividades agroindustriales que se cruzan con las nuestras y no permiten que el campesino salga adelante”.

No se trata, por tanto, de quitarle tierra a los monocultivos, de lo que habla Wilmer es de frenar su avance para darle espacio a la producción campesina. Ignacio Martín Eresta, Asesor Internacional de Paz en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explica que actualmente hay unos 3,4 millones de colombianos que no gozan del Derecho Humano a la Alimentación, y sustenta que el cumplimiento de la meta de Hambre Cero está íntimamente vinculado a los PDET, dado su enfoque territorial.

Lea también: "Lo que no comemos", un panorama del hambre en La Guajira, Guainía, Chocó y Bogotá.

Para Ignacio, “esa agricultura familiar que alimenta a la mayoría de colombianos debe encontrar el apoyo y las condiciones económicas y de inclusión social y productiva para poder ser fuerte”. Y aclara que, si bien el tema es de espacio, también requiere resolver las notables disfunciones de los circuitos de abastecimiento en las Zonas PDET. Él cuenta que “hay regiones que producen cinco veces la yuca que consumen, pero importan el 89 % de la yuca que se comen. Esas cosas suceden”. Además, conecta la idea con que nuestro país “tiene la capacidad de alimentar al mundo”.

En este contexto, es sorprendente que haya hambre y malnutrición en el campo colombiano. Y que esta situación llegue a ser dramática en las zonas PDET.

FUENTE: Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA.

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Mario de Jesús Villazón, representante del Resguardo Indígena Kankuamo que queda entre los departamentos Magdalena y La Guajira y hace parte de la Zona PDET de la Sierra Nevada - Perijá, explica la situación de su gente: “estudios que ha hecho el pueblo kankuamo, validados por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), dicen que el 75 % de las 24 mil hectáreas del resguardo son de uso de conservación natural y en el resto hay algunas que son desérticas o que no son aptas para cultivar por su poca capacidad de nutrientes. Un porcentaje aproximado del 20 % es lo que es apto para cultivos, pero nosotros estamos en todas partes, hasta donde no podemos estar… a veces tenemos que usar territorio de conservación para tener nuestras fincas porque no hay más tierra”.

"A veces tenemos que usar territorio de conservación para tener nuestras fincas porque no hay más tierra"

Por eso necesitan que les devuelvan su territorio ancestral y “que más nunca se repitan esas situaciones que llevaron al confinamiento del territorio, porque muchas de nuestras tierras nos las quitaron y hoy están en manos de terratenientes, de gente que no son kankuamo y que las ha sobrevalorizado”, exige.




El pueblo de Mario ha pasado por momentos difíciles debido a la falta de tierra cultivable: “tenemos la experiencia de cuando ha habido veranos largos, se han secado los alimentos y la base alimenticia queda dependiendo del mercado externo, de que suban vehículos a vender. Lógicamente, si no hay qué producir, no hay de dónde generar recursos para comprar y eso lleva a situaciones complejas para la alimentación de las familias”.

Y remata con una obviedad, “no hay nada que genere más intranquilidad que una familia no tenga qué comer”.


El peligro de que el pez grande se coma al pequeño


Encuentros como el de las zonas PDET Caribe se hacen con la intención de fortalecer a la población rural en la construcción de propuestas y su defensa. Javier Medina, coordinador de la línea de Tierra y Derecho al Territorio de Cinep, explica que “las comunidades y las organizaciones han venido siempre desarrollando sus planes de vida, de etnodesarrollo, sus planes de desarrollo alternativo, desde las opciones que la política pública les ha venido dando”, por lo que no llegan en blanco a proponer sino que reiteran apuestas que han impulsado antes y no han tenido cumplimiento.

Esta es una nueva “coyuntura”, se escucha decir a los asistentes a la reunión, para concretar soluciones a problemas que ya tienen historia.

“Que este proceso no pierda de vista los acumulados de las organizaciones y comunidades”

Javier llama la atención sobre “que este proceso no pierda de vista los acumulados de las organizaciones y comunidades”. Sin embargo, la visión de territorio no incluye únicamente la mirada de la población rural, sino también de empresarios, multinacionales y grandes proyectos extractivos que hacen presencia en los territorios o tienen interés en él.

José Carlos González, Gerente PDET de la ART para la zona de Montes de María, es enfático en que “el enfoque territorial nos obliga a escuchar a todos los actores. Nosotros tenemos que trabajar por una visión compartida de región y entorno a esa visión compartida debemos encontrarnos”, y al decirlo deja en manos de los acompañantes nacionales, internacionales y la red de aliados estratégicos, la responsabilidad de ayudar a los colombianos del campo a darle forma y defender sus apuestas de vida frente a aquellos otros interesados en su territorio.




Organizaciones y comunidades se preparan para defender sus iniciativas en la mesa de negociación que tendrán con empresarios y terratenientes o sus representantes. Foto: Sara Castillejo Ditta / Unidad de Datos.


Flota en el ambiente la duda de ¿cómo se va a resolver la discusión cuando las visiones de territorio se enfrenten?, ¿quién tendrá mayor poder de decisión?

Y esta preocupación se suma el clima de inseguridad alrededor de la vida de las personas que están trabajando en los PDET. Rógeres Higuita, que representa a las comunidades del corazón del Parque Nacional Natural Paramillo, en la Zona PDET del Sur de Córdoba, confiesa que “lo que le dicen a uno los hijos es ‘mire papá, mire, vea, mataron otro. ¿Tú sigues en esa vaina? también te van a matar’”. Una lideresa de Montelíbano, Córdoba, también teme que el día que haya que ir a la reunión con ART y los otros actores interesados un hombre armado llegue a su casa y no le permita asistir, incluso teme que ellos ocupen el lugar de los líderes en la mesa de negociación.



¿A qué se deben los retrasos en los PDET?




Los participantes trabajador por mesas orientadas a hallar puntos de encuentro entre las necesidades de cada subregión. Foto: Sara Castillejo Ditta / Unidad de Datos.


“Estamos trabajando con un esfuerzo enorme, gracias a unas organizaciones de carácter humanitario, independientes”, es el resumen de Rógeres Higuita, que viene de la Zona PDET del Sur de Córdoba. Él dice que “por eso estamos aquí, porque esas ong nos reúnen y nos ponen a pensarnos”, sin embargo, reclama: “no debería ser una discusión, una pelea, con la ART, de venir a decir que ‘tengo ocho días para construir el PDET’. No. […] Nosotros tenemos este concepto, que yo soy muy escueto para decir: es muy fácil ponerse de acuerdo entre dos ladrones. Es muy fácil. Pero ponerse de acuerdo el ladrón y al que le robaron, eso sí que tiene trabajo”.

"Es muy fácil ponerse de acuerdo entre dos ladrones, pero ponerse de acuerdo el ladrón y al que le robaron, eso sí que tiene trabajo”

Si bien Rógeres es uno de los líderes más críticos, el sentimiento que manifiesta sí es compartido por otros debido al retraso en los tiempos proyectados. De hecho, según el calendario inicial, los PDET debían estar listos y asentados en el nivel nacional en mayo de 2018, pero para ir a ese nivel deben haber pasado antes por la fase veredal, municipal y regional. Hasta ahora van en la primera. Por eso los funcionarios intentan adelantar los pasos para cumplir con la entrega antes de que finalice el gobierno de Juan Manuel Santos.

De hecho el gerente PDET de la ART para Montes de María dice que están trabajando para entregar el Plan de Acción para la Transformación Regional (en este caso para la región Caribe) en julio 31 o agosto. Él señala que la mayor dificultad hoy es la “sostenibilidad sistémica del proceso”, es decir, “el tema de las incertidumbres por el nuevo proceso político y el impacto que eso tiene en las expectativas de las comunidades”. Lo dice porque hay casos de pueblos que son reacios a participar debido a que tienen información negativa sobre la continuidad del proceso.

Esto se debe en parte a un clima de zozobra creado por las elecciones y la posibilidad de que el próximo presidente no le dé la relevancia que merece al cumplimiento de los acuerdos.

"La participación necesita tiempos de maduración”

Sin embargo, el Asesor Internacional de Paz, Ignacio Martín, coincide con Rógeres al señalar que “el enfoque participativo, que es lo que se aborda en los PDET, necesita tiempos de maduración”, y dice además que “el hecho de que quienes tienen objeciones las planteen, si bien dificulta el proceso, también lo legitima, aunque eso signifique un retraso, porque en ninguna parte del mundo se llega a la paz por decreto”.

La Vía Campesina es también uno de los integrantes de la Mesa de Acompañamiento Internacional al punto # 1 del Acuerdo de Paz, y Eberto Díaz Montes es uno de sus representantes. Para él lo importante es que ya arrancaron los PDET y que las comunidades se están fortaleciendo y trabajando duro, porque “la paz hay que llenarla de contenido”.


POR: SARA CASTILLEJO DITTA / UNIDAD DE DATOS

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