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El fiscal Martínez, personaje del 2017 para EL TIEMPO

Martínez asegura que el nombramiento del capturado Luis Gustavo Moreno como jefe Anticorrupción es “su mayor frustración” en la Fiscalía.

Martínez asegura que el nombramiento del capturado Luis Gustavo Moreno como jefe Anticorrupción es “su mayor frustración” en la Fiscalía.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO

Como nunca antes, las investigaciones por corrupción tocaron los más poderosos intereses.

Diana Ravelo
Son las 6:59 de la mañana del lunes. Las cabezas de las unidades más importantes de la Fiscalía se apresuran a entrar a una sala ubicada en uno de los edificios del búnker y en la que se destacan las pantallas y los equipos que permiten comunicación en tiempo real con las regionales de todo el país.
Allí los espera ya su jefe, Néstor Humberto Martínez. El Fiscal General de la Nación ya lleva más de una hora en plena actividad, y las próximas dos las pasará encabezando un ejercicio en el que la Fiscalía mide estadísticamente, semana a semana, los avances o retrocesos de la lucha contra los delitos de alto impacto. De lo que se dice en ese salón sale el censo delictivo semanal, un informe abierto a la ciudadanía y que permite priorizar estrategias frente a los problemas de seguridad que día a día golpean a los colombianos.
Datos y entrega de resultados. Son dos mantras que han tenido que aprenderse los fiscales y que son los sellos más visibles de la fiscalía de Martínez. Mientras los ojos del país están puestos sobre los escándalos de corrupción, la nueva gerencia del ente investigador produce resultados en varios campos.
El más notorio, aunque aún insuficiente, representa un enorme avance frente al pasado: en el último año se logró identificar e imputar cargos a uno de cada cuatro responsables de homicidio en Colombia.
Históricamente, la Fiscalía solo lograba llevar ante los jueces a uno de cada diez homicidas. Es decir, la impunidad en el crimen más grave ha bajado del 90 al 75 por ciento. La Fiscalía priorizó los casos de 370 delincuentes reincidentes, especialmente atracadores, y condujo a la captura de 207. A diferencia de lo que venía pasando, se logró que el 70 por ciento de ellos fueran enviados por los jueces a una cárcel.
Indicadores como esos y los inéditos alcances de las investigaciones por corrupción, en especial en los casos de la Corte Suprema y Odebrecht, llevaron a EL TIEMPO a elegir como personaje del 2017 al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Polémico por muchas de sus posiciones y criticado desde varios sectores políticos, Martínez llegó al cargo hace 16 meses con el propósito de que la lucha contra la corrupción, “que socava los cimientos de nuestra institucionalidad”, iba a ser uno de los arietes de su fiscalía.
Y ese anuncio, que podría haber entrado a formar parte de la larga lista de promesas similares que los colombianos han escuchado las últimas décadas, se ha visto reflejado en hechos.
Un año después, por primera vez en la historia, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia –el poderoso y cuestionado Francisco Javier Ricaurte– fue enviado a prisión por cargos de corrupción. Otros dos expresidentes de ese tribunal –Leonidas Bustos y Camilo Tarquino– están procesados bajo los mismos cargos gracias a pruebas recabadas por la Fiscalía.
En la misma vía, las investigaciones por el escándalo de Odebrecht y el pago de sobornos siguen adelante, a tal punto que se descubrió que los 11,5 millones de dólares sobre los cuales alertó hace un año la justicia de Estados Unidos fueron apenas la cuarta parte de las coimas entregadas en Colombia por el gigante brasileño de la infraestructura.
El Fiscal Néstor Humberto Martínez se mostró satisfecho por el curso de la investigación relacionadas con corrupción en la Fiscalía y en la Corte.

El Fiscal Néstor Humberto Martínez se mostró satisfecho por el curso de la investigación relacionadas con corrupción en la Fiscalía y en la Corte.

Foto:Cortesía Fiscalía

Martínez asegura que puede mostrar resultados de lo que él llama “el deber de ingratitud del funcionario público”. En otras palabras, que sus investigaciones por los megaescándalos del año no han tenido miramientos.
En su posesión, por ejemplo, el Fiscal aseguró que tenía “una deuda de gratitud imprescriptible” con la Corte Suprema, que lo eligió. Sin embargo, las investigaciones derivadas del caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno sacudieron como nunca en sus casi dos siglos de historia al alto tribunal.
Actualmente, Martínez admite que haber nombrado a Moreno ha sido su “mayor frustración” y se mantiene en su posición de no revelar quién lo recomendó para el cargo de jefe anticorrupción.
Moreno terminó capturado por vender decisiones judiciales y su ‘ventilador’ es el que tiene preso a Ricaurte y temblando a Bustos, los dos hombres más poderosos de la justicia colombiana en los últimos 15 años.  Ambos, incluso por fuera de la Corte, eran apoyos claves para cualquiera que pretendiera alcanzar el cargo de Fiscal General.
“Hubiéramos podido dejar esto así y simplemente decirle al funcionario que se retirara porque se había perdido la confianza. Pero como esto tenía unos profundos vínculos con la política y con la Judicatura, la Fiscalía convirtió una circunstancia desafortunada en una virtuosa en sus resultados”, sostiene Martínez.

La Fiscalía convirtió una circunstancia desafortunada en una virtuosa en sus resultados”

Los tres expresidentes de la Corte procesados, un magistrado de la Sala Penal (Gustavo Malo) ad portas de ser imputado por la Comisión de Acusación de la Cámara y otras 22 personas –entre ellas poderosos caciques del Congreso, como Musa Besaile– terminaron arrastrados por el escándalo.
Algo similar pasa en el caso Odebrecht. Los servicios jurídicos que el bufete de Martínez le prestó hasta el 2015 a Corficolombiana, socio de los brasileños en la Ruta del Sol, le han valido recusaciones y duros dardos, especialmente del senador Jorge Robledo. Pero fueron sus fiscales los que pidieron y lograron la captura de José Elías Melo, expresidente de esa firma, bajo cargos de que conoció y avaló el pago de los sobornos.
La Fiscalía descubrió que plata de la multinacional entró a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y en el 2014, año en el que también la campaña de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, fue apoyada por Odebrecht. Martínez fue ministro de la presidencia de Santos, quien además lo postuló para Fiscal.
Las investigaciones sobre los tentáculos de esa empresa tienen a Roberto Prieto (exgerente de la campaña Santos Presidente) dando explicaciones a la Fiscalía, así como a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Esta semana, de hecho, un juez envió a casa por cárcel a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y el hombre en quien el Gobierno delegó durante seis años la responsabilidad de manejar las megalicitaciones del país. Y antes de que termine este año, aseguran fuentes que conocen los procesos, se expedirán nuevas órdenes de captura por los dos escándalos.
Frente a las críticas por su cercanía con Cambio Radical, el Fiscal General asegura que la orden que tienen los 5.500 fiscales del país es actuar cuando existen las pruebas, sin miramientos políticos. “Una semana después de haber llegado al despacho, se ordenó la captura del exalcalde y el alcalde de Girardot, el principal bastión electoral en Cundinamarca”, dice.
Los dos políticos eran de Cambio Radical, como también lo era la polémica Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira.
Martínez también asegura que no se dejará tentar por los cantos de sirena de la política, que deslumbraron a algunos de sus antecesores. De hecho, cuando se le pregunta dónde se ve en tres años, cuando termine su periodo, contesta: “De abuelo y ejerciendo la profesión” de abogado.
En llave con el procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya, el fiscal Martínez ha logrado que la corrupción sea un asunto ineludible en la agenda del país. “El solo hecho de darle prioridad a ese tema tan grave es un acierto de la Fiscalía”, comenta César Rodríguez, director de la ONG Dejusticia.
Rodríguez anota que algunos de sus “cuestionamientos y conceptos sobre los acuerdos de paz llevaron a que se dilatara el debate de importantes proyectos y que a la larga no salieran como debían algunas de las iniciativas de la implementación de la paz”.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, resalta también el hecho de que las investigaciones por corrupción hubieran tocado poderosos intereses que, como los de los altos magistrados, hasta ahora no habían sido afectados, a pesar de que desde hace años los rondaban los escándalos. Pero, destaca, de la misma manera han sido acertados los ajustes que Martínez ha hecho de las puertas de la Fiscalía para adentro.
La actual administración enterró elefantes blancos creados en la pasada administración, como los de la Universidad de la Fiscalía y sus ‘embajadores’ en las principales capitales del mundo. También ordenó la reducción a la mitad del esquema de seguridad del Fiscal General, que en tiempos de sus antecesores incluyó vigilancia militar en su residencia.
Martínez les dio orden a todos sus funcionarios de extremar la rigurosidad en los reportes de viáticos y gasto de combustibles. Uno de sus últimos proyectos es terminar la adecuación de la nueva sede de la Fiscalía, que quedará en Paloquemao, para que este ente deje de pagar centenares de millones de pesos cada mes por arriendos.

Una vida en el centro del poder

Néstor Humberto Martínez, fiscal general.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general.

Foto:Claudia Rubio / EL TIEMPO

Cualquiera que repase su hoja de vida tendrá que llegar a la conclusión de que Néstor Humberto Martínez es un hombre con vocación de servicio público, pero ante todo, un político.
No cabe duda de que la primera piedra en ese camino la puso su padre, Humberto Martínez Salcedo, un mordaz crítico del poder, que influyó por décadas en la vida nacional.
Tampoco en vano el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde aprendió las primeras letras, está empotrado en el centro del poder. Apenas a 10 pasos de sus aulas está el Capitolio Nacional; a menos de una cuadra, la Casa de Nariño; a una cuadra, las altas cortes; a otra, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y a tres saltos, el Palacio Arzobispal.
Y es ahí, en ese centro del poder, donde el hoy Fiscal General ha pasado buena parte de su vida. Pero no ha llegado a los más altos cargos por dádivas de los mandatarios de turno, sino porque se los ha ganado.
Con Virgilio Barco, un presidente que entendía más los méritos que las intrigas, fue superintendente bancario. El presidente César Gaviria lo llevó a la primera junta directiva del Banco de la República, en 1991.
Ernesto Samper lo hizo su ministro de Justicia, y desde allí lideró, entre otros, la penalización del lavado de activos para combatir el narcotráfico.
Tras fracasar en su lucha por la Alcaldía de Bogotá, ayudó a fundar el movimiento Alianza para el Cambio, lo que le preparó el camino para llegar al gobierno del conservador Andrés Pastrana, como ministro del Interior.
Pocos entienden que haya podido tener la confianza de dos presidentes que se odian (Samper y Pastrana), y menos que quien le organizó la moción de censura que lo sacó del Ministerio del Interior, en el gobierno Pastrana, haya sido Germán Vargas, ahora su mejor amigo personal y político.
Aunque su conocimiento y habilidad en el derecho y en el litigio son reconocidos, inclusive por sus contradictores, Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía por una fuerte amistad con el exvicepresidente Vargas y el presidente Juan Manuel Santos, pero también por su papel político.
JUSTICIA
Diana Ravelo
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