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Tutelas, demandas y marchas causan traslado de peaje en Montería

Las autoridades y comunidad hacen llamado al Gobierno nacional para que remuevan el peaje que no pidieron que transladaran y que la ANI lo hizo para suntuosamente generar más ingresos.

Las autoridades y comunidad hacen llamado al Gobierno nacional para que remuevan el peaje que no pidieron que transladaran y que la ANI lo hizo para suntuosamente generar más ingresos.

Foto:Gudilfredo Avendaño Méndez

Por recoger mayor ingresos para proyectos, la ANI afectó a comerciantes y habitantes del sector.

Estaba advertido pero no socializado. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió, de manera unilateral, trasladar un peaje ubicado en la carretera Montería - Planeta Rica, con el fin de recaudar mayores ingresos.
La decisión, aunque no tomó por sorpresa a la comunidad y autoridades locales, provocó la reacción airada. La Alcaldía de Montería instauró una tutela exigiendo la suspensión provisional del cobro, los concejales propusieron un movimiento ciudadano de protesta y la comunidad se prepara para convocar a una consulta popular que defina la suerte del gravamen.
Así mismo, los transportadores amenazan con suspender el servicio público hacia las veredas y corregimiento y los comerciantes anunciaron aumento en los precios de los productos.
La novela del peaje El Purgatorio comenzó el año pasado, cuando la ANI, argumentando la necesidad de recaudar los dineros para la financiación del proyecto Bolívar - Antioquia anunció que trasladaría las casetas de cobro del kilómetro 18 al 13, lo que afectaría a habitantes y comercio de las goteras de Montería.
Después de varios intentos fracasados y peticiones hasta al presidente del República para que reverse la decisión, los afectados empezaron a pagar tarifas que llegan hasta $18.300 desde el pasado martes.
"El traslado se dio de acuerdo a como estaba previsto y luego de una serie de socializaciones con los pobladores del corregimiento El Quince y los municipios de Montería, Tierralta y Valencia, donde se establecieron una serie de compromisos para mejorar la conectividad de esta región".
Eso expresa uno de los apartes del comunicado expedido por la Agencia Nacional de Infraestructura, al referirse a las reacciones airadas de la dirigencia política y comunidades impactadas por la operación del peaje en su nueva ubicación.
En el documento señalan que el Ministerio de Transporte emitió la resolución 1385 del 15 de abril de 2019, donde se establecen las tarifas diferenciales para los municipios de la zona de influencia del peaje y las cuales pueden acceder los residentes del área de influencia, previa inscripción.
Agregó que luego de una serie de mesas de trabajo y ante la no viabilidad de mantener el peaje en su ubicación actual, por el riesgo que generaría para el alcance y la financiación del proyecto vial de iniciativa privada, Antioquia – Bolívar, la ANI definió compromisos con las poblaciones impactadas.

Radicada la tutela

Al no ser escuchado por las directivas de la ANI y ante el inicio de la operación de las nuevas casetas, el alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda García, instauró una tutela ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas.
Con este recurso jurídico, el mandatario local solicita como medida provisional, la suspensión transitoria de las resoluciones que ordenan la reubicación del peaje El Purgatorio y establece tarifas diferenciales para el mismo.
De igual manera, pide que de forma inmediata se suspenda el cobro del peaje argumentando que se vulneraron derechos a las comunidades y hubo abuso de poder.
"Montería no ha firmado acuerdo alguno sobre el traslado del peaje y hoy, por encima de ello, de manera arbitraria, han iniciado el cobro sin que los afectados puedan gozar de los beneficios acordados en las reuniones previas", dijo Pineda.

Movimiento ciudadano

El concejal liberal Aldrin Pinedo Sánchez, aseguró que no hay otra salida que convocar, por vías legales que entrega la constitución colombiana, mecanismos que diriman este polémico caso que enfrenta a un Estado arbitrario con los campesinos de la región impactada.
"No se tuvo en cuenta el daño socioeconómico de la región, el golpe al sector industrial que se pretende proyectar en la zona donde entró en operación el peaje, pasaron por encima de autoridades municipales y comunidades; entonces no queda otra vía que consultar el pueblo en las urnas", expresó Pinedo.
El dirigente político dijo que para ello se necesita del concurso de la Alcaldía para que en uso de sus facultades defina jurídicamente la convocatoria de una Consulta Popular.
"Desde ya convoco pacíficamente a todos los monterianos a reversar esa decisión impositiva, dañina y que amenaza el desarrollo del municipio participando en una eventual Consulta Popular", concluyó Pinedo.

Se unen los congresistas

Congresistas cordobeses, incluso adeptos al gobierno de Iván Duque, rechazaron la decisión de la ANI. Tal es el caso de la senadora del Centro Democrático Ruby Chagüi, quien pidió el desmonte definitivo de las casetas en el nuevo lugar.
"No solo faltó avisar oportunamente, sino coordinar para que se dieran las condiciones para cumplir los compromisos establecidos. Hacemos un llamado al Gobierno, sabemos que fue un problema heredado, pero los cordobeses somos personas pacíficas, pero merecemos respeto", dijo.
En igual sentido se refirió el representante a la Cámara Erasmo Zuleta, a través de su cuenta de twitter.
"Los cordobeses debemos conocer quiénes fueron los mandatarios que permitieron este traslado, esto no es de ahora. Triste y vergonzoso que prevalezca el interés de una concesión foránea. Pdte @IvanDuque, Córdoba está sitiado por las bandas criminales y los peajes, ¿hasta cuándo?", publicó el congresista.
GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ
Para EL TIEMPO 
Montería
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