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Lío por tierras ancestrales podría desplazar campesinos del Catatumbo

Corte Constitucional defiende el reclamo de indígenas del Pueblo Barí de restituir su territorio.

Conflicto Barí

Indígenas del Pueblo Barí irrumpió en este caserío en zona rural del municipio de Convención y expulsó a los habitantes. Al parecer, algunas casas fueron marcadas para ser derrumbadas.

Foto:

Cortesía de Ascamcat

19 de febrero 2018 , 12:34 p.m.

El desalojo  del Pueblo indígena Barí a setenta familias del corregimiento Saphadana, en zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander) la semana pasada, se podría repetir en 260 veredas de cuatro municipios de la región del Catatumbo, si en los próximos meses no se concerta con campesinos y nativos la definición del nuevo lindero que amplía los territorios de esta comunidad ancestral, a la luz de la sentencia T-052 de la Corte Constitucional.

En el fallo emitido en febrero de 2017, el alto tribunal otorgó un año para que tanto entidades del orden nacional y regional, como el Ministerio del Interior y la Gobernación de Norte de Santander, conformaran un plan de ordenamiento territorial con miras a restituir unas extensiones de tierra, que abarcan sectores apartados de municipios como Teorama, Convención, Tibú y El Carmen, en plena margen izquierda del río Catatumbo.

Sin embargo, el pasado 12 de febrero se venció el plazo y el proceso de concertación aun no se ha materializado. A este hecho se sumó el asalto armado del Eln a una canoa del Pueblo Barí, que a principios de este año dejó un cacique herido y provocó la molestia  de la comunidad indígena.

Es una situación muy compleja que deberá resolverse en los próximos meses con la formulación de un plan donde converjan los intereses de todas estas poblaciones

Esta cadena de acontecimientos terminó la semana pasada con el abrupto desalojo de cerca de 70 familias de labriegos en el municipio de Convención, según denunció la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Por ser un sector de difícil acceso, las autoridades no han podido establecer el censo real de la población afectada.

“Es una situación muy compleja que deberá resolverse en los próximos meses con la formulación de un plan donde converjan los intereses de todas estas poblaciones. Entendemos los argumentos de los indígenas, pero también debemos velar por estos campesinos ya que si no se hace algo, muchas personas podrían resultar afectadas”, precisó Edgar Pallares, secretario de Gobierno de Norte de Santander.

Entendemos los argumentos de los indígenas, pero también debemos velar por estos campesinos ya que si no se hace algo, muchas personas podrían resultar afectadas

La irrupción de estos indígenas, que desnudos y armados con lanzas y flechas llegaron a marcar las viviendas de este caserío con el ánimo de derrumbarlas, despertó el miedo de varias comunidades campesinas a orillas del río Catatumbo, quienes estarían en medio de este lío de tierras. Según Ascamcat, si se resiste a encontrar un punto de concertación, la disputa podría gestar nuevas formas de violencia en los miles de labriegos que estarían obligados a perder sus propiedades.

“Pedimos al Gobierno Nacional que haga presencia en esta conflicto y que se entreguen las garantías para establecer la línea de los nuevos territorio. Es la oportunidad para declarar la Zona de Reversa Campesina que tanto necesita el Catatumbo”, puntualizó Wilmer Téllez Carrascal, vocero de esta asociación campesina y asistente en la mesa de interlocución que se instaló para dialogar con las autoridades ancestrales del Pueblo Barí.

Aunque una comisión de la administración departamental, con miembros de la ONU y el Ministerio del Interior, hizo presencia en el territorio en disputa, se espera que estos intentos de diálogo logren en los primeros días del mes de marzo dirimir este conflicto y establecer las coordenadas del nuevo territorio barí, sin que se desencadene grandes diásporas por esta región anclada en plena frontera con Venezuela.

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