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Fallo ordenó devolver seguridad a líder de víctimas en Quindío

Un juzgado le ordenó a la Unidad de Protección aumentar el esquema de seguridad de Pastora Montilla.

Laura Sepulveda
Tras un fallo de primera instancia del juzgado cuarto penal del circuito de Armenia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá restablecer, en 48 horas siguientes a la notificación, el esquema de seguridad que tenía la líder social Pastora Montilla Chicaiza.
Pese a que Montilla es una reconocida activista por los derechos de las víctimas en el Quindío y tenía un esquema de protección desde el 2014 tras seis relaciones de riesgo, hace unos meses (bajo la resolución 4063 del 30 de junio del 2017) le había sido reducido. Inicialmente incluía un vehículo convencional, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco antibalas que buscaban garantizar su seguridad.
Montilla es la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Calarcá, suplente en la Mesa Nacional de Víctimas, defensora de derechos humanos, integrante de la fundación Nuevo Amanecer y hasta hace unos meses fue la coordinadora de la Mesa departamental de Víctimas del Quindío.
La mujer explicó que funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Quindío se dieron cuenta de que se le había retirado un hombre de protección y el vehículo “y empezaron una lucha jurídica mediante una acción de tutela y hoy, gracias a la jueza, se ordena que me restablezcan el esquema”.
Agregó que entregó las pruebas necesarias y la juez es consciente de que “nosotros, como defensores de derechos humanos, estamos en evidente riesgo; no necesitamos autoamenazarnos ni necesitamos que nos amenacen todos los días para demostrar que estamos en peligro. Solamente con nuestras funciones nos convertimos en objetivo criminal para que atenten contra nuestras vidas”.
Pastora llegó hace varios años al Quindío después de perder a tres miembros de su familia en medio de una masacre de las Farc en Nariño en 2006, ser víctima de un atentado que no iba dirigido contra ella y luego ser desplazada de su hogar.  
Ella fue una de las seis víctimas del Eje Cafetero que fue invitada a Cartagena para presenciar la firma del acuerdo de paz entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’. De hecho, tras esta firma fue amenazada junto a otros tres miembros más de la Mesa de Víctimas del Quindío.
El mensaje decía ser de las “AUC gaitanistas de Colombia y los Urabeños”. En él los declaraban “objetivo militar”, los señalaban de ser supuestos “guerrilleros camuflados de defensores de derechos humanos” y les daban “un par de horas para que abandonen el Quindío”.
El fallo le ordena a la UNP “restablecer el esquema hasta tanto no se realicen los estudios técnicos reales y objetivos que reflejen la actual situación de vulnerabilidad de la mencionada”.
Y agrega que la entidad “solo podrá ajustar, modificar o suprimir el esquema de seguridad de la señora Pastora Montilla, mediante actos administrativos motivados en los que se expongan detalladamente los estudios técnicos que justifican dicha actuación”.
Tras conocer el fallo, según el cual ella todavía recibe amenazas, Montilla contó que ha pasado “días de tensión y preocupación; había llegado a pensar para dónde me iba a ir, había pensado incluso en irme del país”.
El restablecimiento de su seguridad se da en medio del debate por los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Precisamente este miércoles, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer, a través de un comunicado, que este año se han registrado 105 homicidios de defensores de derechos humanos; entre ellos 73 líderes, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante movilizaciones sociales.
“La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional”, enfatizó.
ARMENIA
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