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El Estado pide perdón por las víctimas de El Limón

A través del Ministro de Justicia. Enrique Gil Botero, pidió perdón por masacre y el desplazamiento.

MinJusticia pide perdón

El Ministro señaló ser consciente de que las palabras no pueden borrar la tristeza, ni el dolor que aun embarga a las familias de las víctimas.

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Eliana Mejía/EL TIEMPO

Por: RIOHACHA
20 de julio 2018 , 12:09 p.m.

El Estado colombiano a través del Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, pidió perdón por la masacre y el desplazamiento de que fue objeto la comunidad indígena wiwa de la vereda El Limón, en zona rural del distrito de Riohacha, tras una incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ocurrida hace 16 años.

Pido disculpas como lo ordena la sentencia a ustedes, a las víctimas, a sus familiares, por los daños que sufrieron, así como por el dolor y las afectaciones sobre sus proyectos de vida que experimentaron como consecuencia de estos hechos, y para expresarles que hoy los acompaño y hago mío el dolor que sintieron y que sienten por estos sucesos”, sostuvo Gil.

El Ministro señaló ser consciente de que las palabras no pueden borrar la tristeza, ni el dolor que aun embarga a las familias de las víctimas, por lo que reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir, “debe ser incesante e ineludible en el deber de proteger a todos los habitantes de Colombia sin importar en donde se encuentren”.

La comunidad asistió al evento vestidas de blanco, velones y con fotografías de sus seres queridos y con los sentimientos encontrados, lo único que piden es justicia, identificar a los responsables, conocer la verdad y recuperar sus cuerpos.

Este acto se dio conforme a lo ordenado en la sentencia del 14 de diciembre de 2015 y la sentencia del 29 de marzo de 2016, proferidas por el Tribunal Administrativo de La Guajira, Sala Primera de Decisión, dentro del medio de control de reparación.

En el que el Estado debe hacer reconocimiento de responsabilidad administrativa y petición de disculpas por la muerte de Rosa María Loperena, su hijo Jaime Elías Mendoza Loperena y su nieto Luis Antonio Mendoza Montaño, quienes fueron asesinados por el Bloque Norte de las AUC, el 31 de agosto de 2002 en la finca El Comején, vereda El Limón, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En otro hecho, registrado el 1 de septiembre de ese mismo año, los menores Jáminzon Javier y Édgar Rafael Radillo Redondo, fueron asesinados. Tres días después sus familiares encontraron sus cuerpos decapitados.

Además, por el desplazamiento forzado de los señores Octavio Mendoza Mendoza y María de los Santos Choles Peralta.

El Ministro, quien llevó la vocería en nombre de la nación, estuvo acompañado del Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales de la cartera de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, y el Brigadier General Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, comandante de la Primera División del Ejército Nacional.

Se estima que unas 12 personas fueron masacradas entre ellos ancianos y niños, en dos incursiones paramilitares. Aún hay varios desaparecidos y restos desmembrados sin aparecer.

Unas 150 personas fueron obligadas a desplazarse dejando abandonadas todas sus pertenencias, luego de los saqueos e incendios de algunas viviendas, puesto de salud, centros educativos y tiendas comunitarias, de acuerdo a un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica.

La confrontación entre el frente 59 de las Farc y paramilitares, también afectó seriamente a la población indígena, al ser blancos de señalamientos por parte de estos grupos. De acuerdo a un informe del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la masacre pudo haber ocurrido por retaliación a estos enfrentamientos.

De acuerdo a la investigación también se produjo la muerte de los hermanos José Ángel y Adalberto Sarmiento, cuyos cuerpos nunca han aparecido. El exparamilitar Jaiber Rodríguez, alias ‘Tribilin’, reconoció la responsabilidad por estos crímenes en el marco de los procesos de Justicia y Paz.

De acuerdo a lo señalado por la abogada Soraya Gutiérrez, Presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, “lo avances en la investigación y en La lucha contra la impunidad han sido muy precarios, porque se habla de más de 200 paramilitares que incursionaron en la zona y apenas tenemos dos personas condenadas”.

Sarmiento, señala además que “aún falta por investigar la actuación del Batallón Cartagena, que en ese momento ejercía operaciones en la zona donde ocurrió la masacre y donde la Fiscalía no ha avanzado en establecer esas responsabilidades teniendo en cuenta que existen pruebas muy serias que demuestran que esta masacre se perpetró en alianza y complicidad con miembros del batallón”.

ELIANA MEJÍA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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