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Los ocho departamentos en la mira por amenazas a líderes sociales

Foto:Archivo particular

A través de panfletos y mensajes al celular grupos al margen de la ley intimidan a las comunidades.

En lo que va del 2019, 14 amenazas han sido registradas por autoridades. Panfletos, llamadas y mensajes han sido denunciadas por colectivos y comunidades.
“Está jodiendo mucho, cierre esa jeta si no quiere morirse”, pasan y les dicen a líderes de derechos humanos, de tierras, ambientales y comunales en el Meta.
No son los únicos. En lo que va corrido del 2019, el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 14 amenazas contra líderes sociales, además del asesinato de 18 personas, en ocho departamentos que realizaban trabajos desde diferentes frentes por su comunidad.
Alrededor de siete departamentos han sido afectados por las constantes amenazas a líderes sociales. Las zonas más afectadas son Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Meta , Nariño y Valle del Cauca, la modalidad por al cual se presentan las amenazas son a través de panfletos, mensajes de texto, vía WhatsApp y correo electrónico.
“Los presuntos autores de las amenazas constantes a los líderes sociales son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Águilas Negras, y en otros no se han determinado los autores”, señala Cristián Raúl Delgado Bolaños, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica.
La presidenta del Comité Cívico de Derechos Humanos en Meta, Islena Rey, asegura que estas amenazas vienen, en la mayoría de las ocasiones, a través de llamadas telefónicas. En el caso de esa organización, hay cuatro personas amenazadas y otro número importante de líderes a quienes los intimidan personalmente o por llamadas donde se identifican como miembros de grupos paramilitares.
El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) del municipio de La Macarena, Delio Franco, expresó que la mañana de este miércoles recibió una información de San Juan de Losada, en límites de ese municipio con San Vicente del Caguán, Caquetá, en el que le informan que amenazaron a tres líderes sin que le entregaran mayores detalles.
Y el vicepresidente de Asojuntas en el municipio de Puerto Concordia, José Alexander García, señala que hace cinco meses llamaron a cerca de 15 líderes comunales, incluido él y los amenazaron si no llevaban medicamentos y plata a un determinado lugar en esa zona ubicada en límites con el departamento de Guaviare.
Cabe recordar que según Leonardo Gonzáles, coordinador de proyectos de Indepaz, “las causas por las cuales se sigue presentando el asesinato y amenazas a líderes sociales, está vinculado a la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos y minería ilegal”.
En Risaralda, por ejemplo, según el defensor de Derechos Humanos, Eisenhower Zapata, hay 418 líderes sociales amenazados. De esos, 18 tienen esquemas de protección.
La primera amenaza del 2019, se registró en Antioquia el pasado 2 de enero a Jesús Alean Quintero, debido a que era declarado objetivo militar del ‘clan del Golfo’ y tenía que abandonar el territorio en un plazo de 24 horas por intervenir en el proceso de paz de la región del Bajo Cauca.
La última amenaza registrada a un líder fue el pasado sábado 26 de enero en Alcalá, Valle del Cauca, en contra de Rubén Darío Vélez, Gobernador del cabildo embera Chamí La Esperanza, por parte de personas que se identificaron como miembros de las Águilas Negras.

¿Quién está detrás?

El pasado 31 de enero, varios miembros de la Confederación Nacional de Acción Comunal recibieron, por vía WhatsApp y otros a través de panfletos, una amenaza por parte de las AGC, en el que se manifiesta que cuentan con 72 horas para renunciar a sus cargos y desalojar sus territorios.
“Al momento en que recibí el mensaje por WhatsApp notifiqué inmediatamente al presidente de la Confederación Nacional y me había dicho que a él también le había llegado el mensaje y otros 5 compañeros que son líderes que trabajamos en distintas partes del país”, afirmó Jaime Gutiérrez Ospina, vicepresidente de la Confederación Nacional y promotor de Derechos Humanos.
Siete miembros de la junta de la acción comunal han sido amenazados, entre los que se encuentran: el presidente de la Confederación Nacional, Ceferino Mosquera Murillo, que también forma parte de la Acción Comunal del Valle y reside en Buenaventura; Rose Mary Betancourt, presidenta de la Federación de Acción Comunal del Caquetá, quien ha sido víctima del conflicto armado ya que sus padres fueron asesinados por ser miembros de la Unión Patriótica y vive en Paujil, Caquetá.
También, el presidente de la comuna 10 de Dosquebradas, Risaralda, Diego Alberto Buitrago, fue amenazado por parte de las AGC junto a Martha Maldonado y Niria Brito Rodríguez.
“Tenemos que reconocer que tanto la Policía como la Fiscalía han estado realizando todas las medidas de protección ante el conocimiento de este hecho, pero aun así no nos sentimos seguros ya que este año va a ser muy crítico para nosotros no solo por la parte de estos grupos disidentes armados, sino también porque es un año de elecciones de alcaldes y gobernadores”, expresó Ospina.

No nos sentimos seguros ya que este año va a ser muy crítico para nosotros

De acuerdo con los miembros de la Confederación Nacional, las razones por las cuales han sido amenazados son por las denuncias realizadas.
“Algunos de nuestros líderes no tienen otra manera de sobrevivir que cultivando coca y también somos objetivos por parte del Gobierno por seguir teniendo esta manera económica de subsistir, Además, nosotros todavía seguimos implorando que se mantengan los diálogos con el Eln, ya que algunos territorios son controlados por este grupo armado dejándonos sin posibilidades”, contó Ospina.
De acuerdo con Indepaz, durante el 2018 se registraron alrededor de 260 amenazas contra líderes sociales.
El coordinador de la mesa de víctimas en el Atlántico y Barranquilla, Misael Delgado, aseguró que las autoridades siempre anuncian que abren investigación pero nunca revelan los nombres de las personas que están detrás de esas amenazas, "quisiéramos saber de dónde salen (las amenazas), quienes son los responsables, pero no dicen nada", sostuvo.
El pasado 27 de enero, sujetos armados asesinaron a un hombre de 47 años en San Juan de Urabá, dejándole un escrito en el que indicaron que irían “por los marihuaneros, violadores y sapos”. Este tipo de panfletos despertó las alertas en las autoridades ante los homicidios continuados en el Urabá antioqueño.
En el pasado consejo de seguridad departamental, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que están analizando si el aumento en homicidios en esta subregión obedece a un traslado desde el Bajo Cauca, donde hay más presencia institucional gracias a la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles.
“Parece ser que en el sur del departamento de Córdoba, los bandidos se están moviendo hacia Urabá. Es un tema muy complicado porque ellos se van corriendo de territorio cuando hay presencia del Estado en un lugar”, dijo el gobernador.
Y es que en el Bajo Cauca, desde finales del 2018 y comienzos de este año, también comenzaron a circular panfletos amenazantes, especialmente en Cáceres y El Bagre, por parte de estructuras criminales como los ‘Caparrapos’.
En Cáceres, alias Tomata declaró como objetivo militar a varias personas del municipio y les dio hasta el 20 de enero para que se fueran.
Días antes, en El Bagre, alias Cristian, de los ‘Caparrapos’, envió un panfleto a los colaboradores del ‘Clan del Golfo’ indicándoles que están en la mira. Incluso, se adjudicó el ataque con granada que dejó más de 20 heridos el pasado 23 de diciembre en una discoteca local.
Más de 10 jóvenes entre los 15 y los 20 años han sido asesinados en el Urabá antioqueño durante el mes de enero por cuenta de las llamadas “limpiezas sociales” en esta región. Estos crímenes han sido atribuidos a miembros de Águilas Negras.
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