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Así logró Floridablanca desmontar el negocio de las fotomultas

Durante los últimos meses estuvo circulando en Colombia una campaña de malware que engañaba a los usuarios indicándoles que tenían una multa de tránsito pendiente de pago.

Durante los últimos meses estuvo circulando en Colombia una campaña de malware que engañaba a los usuarios indicándoles que tenían una multa de tránsito pendiente de pago.

Foto:Jaime Moreno

La Alcaldía de esa población adelantó proceso que conllevó al concesionario a dejar la operación.

Al mediodía del pasado martes, nueve cámaras de fotomultas instaladas en el municipio de Floridablanca, en Santander, se apagaron. Asimismo, los tres carros de foto detección que recorrían la población 'cazando' a quienes violaban las normas de tránsito, fueron inmovilizados.
La razón: la empresa Infracciones Electrónicas de Floridablanca (IEF), que manejaba este negocio, dio por terminado el contrato de concesión por 15 años, que desde el 2011 mantenía con el Municipio.
El alcalde de la localidad, Héctor Mantilla, se refirió al hecho como una batalla ganada, pues asegura que “se enfrentó a una situación que era una 'guachafita', que en su momento se confeccionó con un blindaje jurídico muy fuerte al que tocaba enfrentarse”.
De acuerdo con el mandatario, el proceso que permitió ponerle punto final al funcionamiento de este polémico sistema de multas electrónicas inició a su llegada, en el año 2016, y se fundamentó en la reglamentación que la Alcaldía, respaldada en el Código Nacional de Tránsito, logró ponerle a la concesión.
“Es decir, empezar a que se volviera menos atractiva, menos rentable en cuanto a la masiva producción que tenían de comparendos producto no de que ellos hicieran las cosas mal, sino que la administración nunca había reglamentado; y a ellos como no les decían ni sí ni no, pues hacían lo que querían, tomaban comparendos como se les daba la gana y no tenían los controles claros,  no tenían la autoridad de Tránsito de frente”, explicó Mantilla.

Empezar a que se volviera menos atractiva, menos rentable en cuanto a la masiva producción que tenían de comparendos producto de que la administración nunca lo había reglamentado

En ese sentido, se produjo la señalización, por medio de 24 avisos informativos, y la expedición de cuatro resoluciones. Con varias de ellas se buscó que se le diera un debido proceso a los ciudadanos para que impugnaran las fotomultas.
De acuerdo con un reporte de la Alcaldía de Floridablanca, en el 2016 se revocaron 21.228 comparendos electrónicos, mientras que en el 2015, la cifra solo fue de 884.
Según el Alcalde, todo esto llevó a que el concesionario internamente el año pasado, al ver que sus índices de producción de fotomultas bajaron, decidiera no operar más.
En diciembre, Infracciones Electrónicas de Floridablanca (IEF) instó ante la Procuraduría a un proceso de conciliación con la Alcaldía para dar por terminado el contrato, alegando un posible desequilibrio financiero, a raíz de decisiones que habían sido adoptadas en los últimos dos años para controlar las multas electrónicas.
Bajo el argumento de perjuicios económicos, la concesión buscó una indemnización por 97 mil millones de pesos más 6.000 mil millones por reconocimiento a la inversión en equipos. Sin embargo, en la conciliación se acordó terminarlo en 12 mil millones, dinero que se pagará por medio de la cartera causada por fotomultas que ya fueron impuestas y que están en proceso de recaudo.
Por el momento, se está a la espera que el Tribunal Administrativo de Santander le haga control de legalidad al acuerdo y en el término de un mes se efectúe la liquidación del contrato.

Las resoluciones: 

- Resolución 040 de 2016, que reglamenta el procedimiento por parte de los agentes de tránsito ante la comisión de una infracción por violación.
- Resolución 647 de 2016 que exige firma de los inspectores después de confirmado el hecho.
- Resolución 259 de marzo de 2016, la cual definió las rutas de los carros de fotomultas con el acompañamiento de agentes de tránsito (en su momento).
- Resolución 738 de 2 de octubre de 2017, que inmovilizó los vehículos de fotomultas luego de meses de estudio jurídico.
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