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Capturados de Cardique, en Cartagena, podrían quedar en libertad

Un conflicto de competencias entre jueces impedía el inició de audiencias. A la medianoche  vencen  los términos de las capturas de Puello y otros funcionarios

Un conflicto de competencias entre jueces impedía el inició de audiencias. A la medianoche vencen los términos de las capturas de Puello y otros funcionarios

Foto:Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Conflicto de competencias entre jueces impide inicio de audiencias. A medianoche se vencen términos.

John Montaño
Horas de tensión se viven en los despachos judiciales de Cartagena por cuenta de un conflicto de competencias entre los jueces, tercera penal y sexto penal municipal con función de garantías, que impide el inicio de la audiencia de medida de aseguramiento contra un grupo de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, capturados el pasado martes por el CTI de la Fiscalía:
Se trata de Olaf Puello Castillo, director de Cardique; Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán, funcionaria de la corporación y supervisora de los contratos de misma entidad; Dalis Esther Herrera Vargas, funcionaria de la corporación y supervisora de los contratos; Bernabé Maldonado Maldonado, contador , y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.
Los funcionarios habían sido capturados el pasado martes en Cartagena por presuntas irregularidades en la celebración de 220 contratos en el año 2016, que habrían representado un detrimento de 27.900'000.000 de pesos, según la Fiscalía.
Pero hoy, cuando la juez tercera penal municipal con función de Garantías, Yuri Ponce, se preparaba para llevar a cabo las audiencias de legalización de captura a los investigados uno de los abogados defensores declaro que la funcionaria estaba impedida.
David Sandoval Meléndez, apoderado de Katherin Martelo, una de las funcionarias capturadas, solicitó a la juez declararse impedida porque, según el abogado, él también representa a un ciudadano llamado Edgardo Rafael Deulofeu, contraparte en un proceso disciplinario contra la juez Ponce.
La togada obedeció la petición del abogado defensor y solicitó la presencia de otro juez que adelantara la diligencia.
Sin embargo, pasadas las 3 de la tarde cuando nuevamente inició la audiencia, esta vez con el juez sexto penal municipal, este se negó a seguir adelante y sostuvo que era improcedente la solicitud de inhabilidad del abogado pues el caso de su colega, la juez tercera, era entre el estado y ella como funcionaria pública, sin mediación de terceros.
Los fiscales del caso, que llegaron desde Bogotá para presidir las audiencias, inmediatamente radicaron nuevamente las capturas de los funcionarios de Cardique para evitar que se cumplan las 36 horas de la captura y así los investigados queden en libertad.
La Fiscalía tiene pruebas documentales que demostrarían un acuerdo de los funcionarios de Cardique para direccionar la contratación de los procesos de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños, y reservorios en las zonas en la que tiene jurisdicción la Corporación, particularmente en el canal del dique, contratos que no se realizaron.
El ente investigador cuenta con documentos falsos, como pruebas, entre ellos: facturas, planos topográficos y registros fotográficos, los cuales fueron usados para certificar la presunta ejecución de los contratos.
Según la Fiscalía no existieron estudios técnicos que respaldaran dichos contratos.
“Por el contrario, lo habrían justificado con un documento del año 2010, elaborado por una universidad de Costa Rica, que no tiene relación alguna con las funciones y ni el objetivo de Cardique. Además, hay estudios que presentan unas coordenadas inéditas, y absurdas, que observándolas a fondo dan como ubicación la Casa de Nariño en Bogotá”, sostuvo el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez.
JOHN MONTAÑO
Redactor de EL TIEMPO
Cartagena
En Twitter: @PilotodeCometas
John Montaño
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