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Labriegos de Las Pavas denuncian amenazas

La asociación campesina Asocap la comforman 123 familias de labriegos que dejaron esas tierras por amenazas de paramilitares.

La asociación campesina Asocap la comforman 123 familias de labriegos que dejaron esas tierras por amenazas de paramilitares.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

En sus casas y en los postes aparecieron copias del proceso de Incoder que les regresó sus tierras.

Copias del proceso en el cual la Corte Constitucional ordenó al Incoder devolver los predios de la hacienda Las Pavas a sus originales dueños aparecieron esta semana pegadas en casas y postes de energía de la vereda Buenos Aires, en El Peñón, sur de Bolívar.
El hecho causó alarma entre los labriegos de la asociación Asocap, que hoy ocupan esos predios, porque en esos folios, que son reserva del sumario, aparecen las declaraciones con nombres propios de campesinos que han sido perseguidos por más de una década por grupos paramilitares.
“La comunidad está preocupada, pues son reserva del sumario y son confidenciales, y solo podrían ser conocidos por los sujetos procesales”, aseguró Jorge Niño, uno de los abogados de la asociación campesina.
“La gente manifestó su desconfianza, pues aparecen nombres y declaraciones de cada uno, y esto es tomado por la gente como amenazas contra Asocap”, agregó Eliud Albera, líder de la comunidad.
En el fallo de tutela emitido el 6 de mayo del 2011, la Corte Constitucional había ordenado al Incoder devolver predios de la hacienda Las Palmas a esta comunidad campesina conformada por 123 familias desplazadas. El alto tribunal también había tumbado una orden de desalojo emitida por un inspector de policía en febrero del 2009, luego de que dos empresas palmicultoras alegaron haber adquirido legalmente estas tierras en el 2006 a un hombre llamado Jesús Emilio Escobar Fernández.
Luego, Jorge Eliécer Pérez, alias Rapidito, fue capturado en Aguachica, Cesar, por el CTI y el Ejército, señalado de dirigir el desplazamiento de los campesinos de la finca ubicada entre los municipios de El Peñón y San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, desde el año 2003.
“Ojalá la Fiscalía aclare esto, pues no queremos y no tenemos que aparecer ahí. Ya le dejamos un mensaje a la Unidad Nacional de Protección, porque es muy peligroso este mensaje que quieren dar los violentos”, señaló Etny Torres, campesino de la asociación. Torres insistió en que las declaraciones de los campesinos no podían ser publicadas de esa forma.
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