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Consejera de Onic habla de las exigencias para levantar o no la minga

Aída Quilcué, consejera de derechos humanos de la Onic.

Aída Quilcué, consejera de derechos humanos de la Onic.

Foto:Andrea Moreno / EL TIEMPO

Según Aída Quilcué, "los pueblos indígenas hemos estado en permanente riesgo de desaparecer". 

Andrea Morante
La consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Aída Quilcué, señala que las comunidades indígenas en el Cauca seguirán en la minga. 
Esto, principalmente, por el incumplimiento del Gobierno con lo pactado hace 18 años en el decreto 982 de 1999, que tienen que ver con derechos y compromisos en educación, salud, recuperación de tierras, la reparación a la masacre de indígenas en la Hacienda El Nilo, en 1991, derechos humanos, víctimas y, sobre todo, por un abandono de parte de la Nación.
¿Cuáles son los acuerdos de los que se hablan?
Hay un incumplimiento desde 1999 del acuerdo 982, que en ese momento aprobó el Gobierno en una comisión mixta (era mixta porque participaron delegados del Gobierno y las comunidades indígenas). En ese 1999, los indígenas declaramos la emergencia social, económica y cultural de los pueblos del Cauca, y el Estado se comprometió a actuar. Luego, la comisión mixta fue retomada en el año 2012 concertando y encontrando soluciones a las problemáticas, pero sin avances.
¿Por qué declarar la emergencia?
Los pueblos indígenas hemos estado en permanente riesgo de desaparecer. La emergencia ha sido reconocida por la Corte. El Cric lo resalta y lo dice con la sentencia T025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucionales por desplazamiento forzado. En el marco del cumplimiento de esta sentencia, en el año 2009 la Corte profirió el auto 004 que declara a los pueblos indígenas en riesgo de exterminio y ordena el diseño e implementación de manera participativa de un programa de garantías para pueblos indígenas y 34 planes de salvaguarda en el país.
Se han presentado disputas por territorios y algunas han terminado con indígenas muertos
Se han hecho movilizaciones. En el 2005, ante las jornadas de liberación de la Madre Tierra, el Gobierno se comprometió con entrega de tierras para varias comunidades, pero pasados 12 años aún no se cumple ese compromiso. Además, los acuerdos que reclamamos son en el marco del decreto 982, que también incluyó el compromiso del Gobierno de compra de tierras.
¿Qué otros hechos de reparación esperan?
Esclarecer las amenazas y atentados como en el caso reciente de los asesinatos del gobernador de Kite Kiwe y el gobernador del resguardo de Chinas y el atentado contra el gobernador de Belalcázar, y el de la comunera comunicadora de la emisora de Coconuco, Efigenia Vásquez Astudillo, el 8 de octubre. Pero también exigimos respeto al derecho a la protesta social. No judicialización de las mismas y no criminalización.
¿Cuál es la inconformidad en materia de salud?
Reclamamos el funcionamiento en los territorios indígenas de sistemas de salud, y como el Gobierno no ha cumplido reclamamos la implementación de un programa piloto del Sistema Indígena de Salud propio Intercultural (Sispi) en el Cauca.
Ustedes se refieren, además, al proceso de paz
Los territorios indígenas son territorios de paz para todos los efectos. En el plan marco para la implementación del acuerdo de paz se deben incluir objetivos, metas, indicadores y presupuestos para los pueblos étnicos. Pero lo más importante es que esos acuerdos tengan una consulta con las comunidades indígenas del país y del Cauca.
¿Qué exigen en cuanto a la sustitución de cultivos?
Sustitución de cultivos de uso ilícito de manera gradual y concertada, acorde con la propuesta presentada por el Cric ante la Dirección Nacional de Sustitución.
¿Qué esperan de la Justicia Especial para la Paz?
Coordinación entre la Justicia Especial para la Paz y la jurisdicción indígena, en el marco del respeto a las decisiones del derecho propio.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
EL TIEMPO
Andrea Morante
icono el tiempo

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