Medellín

No habrá cárcel para alcalde de Envigado, pero suspenden sus funciones

Mientras sigue el proceso, Raúl Cardona González no podrá tener contacto con personal de la alcaldía

Alcalde de Envigado

Raúl Cardona González, alcalde del municipio de Envigado.

Foto:

Cortesía Facebook alcaldía de Envigado

Por: Medellín
03 de diciembre 2018 , 06:19 p.m.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra del alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, capturado el pasado 22 de noviembre con otros funcionarios de su gabinete, el juez 31 penal de control de garantías decidió otorgarle la medida no privativa de la libertad en la acusación del delito concusión. Es decir, no irá a la cárcel ni intramural ni domiciliaria.

La decisión fue sobre los presuntos dineros que estaría cobrando cargos de libre nombramiento y remoción.

Sin embargo, pese a estar en libertad, el juez decidió suspenderle sus funciones como alcalde municipal y no podrá tener contacto con la administración pública ni con funcionarios de la alcaldía.

Durante la audiencia, a Cardona lo acusaron de despedir a una abogada, funcionaria de la alcaldía, por solicitud de un concejal. “No puede jugar como si los funcionarios fueran fichas de ajedrez”, dijo el juez.

No puede jugar como si los funcionarios fueran fichas de ajedrez

Esa fue una de las cuatro conductas punibles que el juez dividió para tomar la decisión, en la que están inmiscuidos otros funcionarios del gabinete de Cardona, como su secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa; Diego Fernando Echavarría, secretario de Educación y el contralor municipal, José Conrado Restrepo.

En ese mismo delito, el exconcejal Lindon Johnson sí fue cobijado con medida privativa de libertad en residencia, pues el juez le indicó al exconcejal que todavía tiene gente en la administración que le debe favores.

De otro lado, el contratista Esteban Rodríguez tampoco tendrá medida de aseguramiento, pero de igual forma no podrá estar en contacto con personal de la administración.

Las otras conductas punibles consideradas por el juez son: la presunta compra irregular de un lote de 50 millones que la alcaldía compró en 1.300 millones; las tabletas digitales cuyo costo de mantenimiento era superior al precio de compra, y tráfico de influencias por inmiscuirse en el cierre de un local durante Ley Seca.

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