Medellín

Estando en prisión, 15 personas fallecieron en Antioquia este 2018

Falencias en acceso a la salud en Bellavista, La Paz y Pedregal están entre las principales causas.

Cárceles en Antioquia

El hacinamiento es uno de los principales problemas que viven los centros carcelarios y penitenciarios.

Foto:

Esneyder Gutiérrez

Por: Medellín
26 de diciembre 2018 , 08:23 a.m.

Del primero de enero a la fecha, fallecieron 53 personas privadas de la libertad en las cárceles Bellavista, Pedregal y La Paz de Itagüí, de acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Propiamente al interior de las cárceles perdieron la vida 10 reclusos: 2 en La Paz, 4 en Bellavista y 4 en Pedregal. Asimismo, 5 más murieron tras ser trasladados de estos centros de reclusión a hospitales y clínicas: 3 desde La Paz y 2 desde Pedregal. Los 38 restantes fallecieron bajo medida de detención domiciliaria (32) y vigilancia electrónica (6).

Esta situación, especialmente las muertes intramurales, preocupa a defensores de derechos humanos, quienes indican que las condiciones en las cárceles no garantizan el derecho a la salud. No solo por las falencias en aspectos como dotación de medicamentos y personal médico, sino por otros como la insalubridad, los altos niveles de hacinamiento y la precaria alimentación.

Falta de medicamentos, presencia de enfermeras solo una o dos veces a la semana, un solo médico hasta para 3.000 internos, comida en estado de descomposición, entre otros factores suman a esta crisis.

De acuerdo con el dragoneante Luis Alberto Pinzón, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, la mayoría de estas muertes es causada por diferentes enfermedades que padecen los internos, que se agravan debido a falta de acceso a tratamientos o procedimientos oportunos.

El funcionario indicó que en muchas ocasiones los reclusos son llevados demasiado tarde a los centros hospitalarios y, en otras, ni siquiera los llevan. Incluso, contó Pinzón, muchas veces llegan con los internos a las IPS pero no los atienden por falta de pago de afiliación. Aunque no todos fallecen, en las cárceles hay gran cantidad de personas con patologías de diversa índole.

Expertos en el tema indicaron que en estos centros de reclusión hay personas con enfermedades como cáncer, diabetes, problemas infectocontagiosos de la piel, sida, tuberculosis, entre otras. Todas requieren un especial cuidado, más allá del acetaminofén, que muchas veces no se brinda. El dragoneante también dijo que este año no se presentaron muertes por causa de la violencia en los centros carcelarios, aunque sí ocurrieron riñas y agresiones, pero los heridos fueron atendidos a tiempo.

No entendemos qué pasa. Cada persona privada de la libertad le cuesta al Estado 17 millones de pesos cada año y no se ven buenas condiciones en salud, alimentación o infraestructura

Sin embargo, anotó, bajo la modalidad de arresto domiciliario sí se han presentado fallecimientos por causa de homicidios, en medio de ajustes de cuentas.

Para Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria, esta problemática, que no se vive solo en Medellín, está ligada a que el número de personas privadas de la libertad no corresponde al personal que debería existir para atenderla. Esto lleva a que en las cárceles no haya médicos, no solo para atender enfermos, sino también para desarrollar prácticas de prevención.

Pero, además, según él, hace falta personal de guardia y custodia para trasladar a los internos que requieran asistir a una cita por fuera de los centros carcelarios o deben salir de urgencia, sin contar, que muchas veces no hay los equipos necesarios para atender en el mismo centro penitenciario un problema de salud menor.

“No entendemos qué pasa. Cada persona privada de la libertad le cuesta al Estado 17 millones de pesos cada año y no se ven buenas condiciones en salud, alimentación o infraestructura”, anotó el líder.

Tanto Pinzón como Carmona consideran que los problemas de salud se tornan mucho más graves por el alto índice de hacinamiento de las cárceles, lo que impide que las personas enfermas tengan la comodidad que necesitan o que las enfermedades se propaguen con mayor facilidad, especialmente las infecto-contagiosas.

El drama de una familia

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 6 de diciembre, en la cárcel La Paz, cuando Édgar Eladio Giraldo, exalcalde de San Rafael, falleció en circunstancias extrañas que aún son materia de investigación. Su esposa Patricia Ciro contó que el Instituto Nacional de Medicina Legal todavía no les ha entregado el dictamen con las causas de fallecimiento, aunque escuchó que habría sido por un infarto.

Para ella y su familia el drama es doble. La última vez que vio a su esposo fue el 5 de diciembre, en una audiencia judicial en un proceso en el que Giraldo ya había sido declarado inocente. Ese día, recordó Ciro, él estaba contento porque se estaba haciendo justicia. A las 7 a. m. del día siguiente, la esposa de otro recluso la llamó para darle la mala noticia.

El Inpec ni siquiera me avisó, dicen que él murió a la medianoche. Nosotros estábamos esperando que avanzara el proceso con los falsos testigos que declararon en contra de mi esposo

“El Inpec ni siquiera me avisó, dicen que él murió a la medianoche. Nosotros estábamos esperando que avanzara el proceso con los falsos testigos que declararon en contra de mi esposo, creíamos que en enero o febrero él iba a volver a la casa”, relató la mujer, quien añadió que aunque en esos días Giraldo estaba bien de salud, durante los siete años de estadía en prisión (entre Bellavista y La Paz) tuvo varios problemas por la hipertensión y fuertes dolores en la espalda.

En ese tiempo, la familia tenía que llevar los medicamentos recetados por un médico particular porque en la cárcel nunca se los suministraron, dijo Ciro. Lo que más le duele es que hizo varias solicitudes para que a su esposo lo trasladaran a la cárcel de Yarumito, que recibe servidores públicos detenidos, donde sabía que tendría mejores condiciones, pero nunca fue posible.

“Hay que revisar la política criminal”

En la presentación del último informe de derechos humanos, el personero de Medellín, Guillermo Durán, expresó preocupación por la crisis carcelaria. Indicó que hay mucho hacinamiento y violaciones a los derechos humanos de los internos.

Para él, es necesario revisar la política criminal para determinar cuáles personas de verdad tienen que estar en las cárceles y cuáles no, para que no haya colapso de la justicia, el mismo que tiene las estaciones de Policía llenas, por la gran cantidad de detenidos que se quedan allí vario tiempo, aunque no podrían estar más de 36 horas.

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