Medellín

Combos extorsionan por trasteos, conflictos y hasta por homicidios

En el 80 % de los 308 barrios y veredas de Medellín hay extorsiones de parte de estos grupos. 

combos cobran extorsiones

Pocos barrios de Medellín se libran de las extorsiones que los combos imponen para ejercer control social, mediar y regular conflictos en el barrio y hasta dentro de los hogares.

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AFP

26 de febrero 2018 , 02:36 p.m.

Cada vez que una familia nueva llega a habitar una casa de la comuna Robledo, en el noroccidente de Medellín, antes de descargar el camión con el trasteo, los combos ya están encima cobrando extorsiones. Si no pagan, no podrán quedarse en el barrio.

Y como si fuera poco, los grupos delincuenciales les exigen a las madres de la ciudad una cuota semanal para evitar que sus hijos sean reclutados o consuman drogas; también imponen una ‘multa’ a quienes tienen problemas con vecinos o familiares y si alguien comete un homicidio no ‘autorizado’, deberá pagarles hasta 5’000.000 de pesos.

Así lo reveló una investigación del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia y del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), que advierte sobre el control territorial de las estructuras criminales, específicamente en las comunas estudiadas: Santa Cruz, Castilla, Guayabal y Belén.

Lina Zuluaga, investigadora del observatorio, explicó que la extorsión va más allá de la tipificación que le da el Código Penal, del delito contra el patrimonio, porque afecta la vida social, hay control territorial, amenazas, homicidios y desplazamientos forzados.

“Proponemos un cambio en la legislación para que este flagelo no se mire como una afectación al patrimonio sino a las libertades, incluso a la vida misma, son tantas afectaciones que el marco jurídico se queda muy corto, no hay justicia”, explicó.

Zuluaga recalcó que este flagelo desde hace mucho tiempo dejó de ser económico y se mudó a aspectos como el control territorial de estructuras criminales que, incluso, modifican el orden social al regular conflictos de las comunidades, dominan los sectores de influencia e imparten su propia justicia, reemplazando la labor del Estado.

Proponemos un cambio en la legislación para que este flagelo no se mire como una afectación al patrimonio sino a las libertades, incluso a la vida misma

El análisis identificó cómo funcionan esas cuotas ilegales, cuáles son las principales modalidades de los combos y la forma como reaccionan los ciudadanos frente a este fenómeno, que lleva décadas en la ciudad.

La experta dijo que el equipo de investigadores hizo un trabajo de campo muy juicioso de las personas que viven la inseguridad, observaron y conocieron de primera mano los abusos de los criminales en las periferias.

El trabajo mostró que la manera más recurrente para la extorsión en la ciudad es el contacto directo, a partir de allí se establece un vínculo entre el delincuente y la víctima, pero en un contexto de control y sometimiento.

El análisis reveló que cuando la Fuerza Pública tiene presencia constante en algunos sectores, la manera de recaudar las ‘vacunas’ a familias, transportadores y comerciantes es a través de rifas ficticias que los integrantes de grupos entregan sitio por sitio y cuyas boletas son de compra obligatoria, que tienen el valor de la cuota extorsiva de esa semana.

La investigadora contó que tanto habitantes de viviendas como de urbanizaciones, tienen que pagar una cuota para la ‘vigilancia’ de la cuadra. “Cuando el cobro es obligatorio, los están cuidando del daño que ellos mismos hacen, en realidad no les prestan ningún servicio de seguridad”, añadió.

A lo que se le suma que en algunos barrios periféricos, los combos construyeron acueducto y alcantarillado y les exigen a las familias conectarse a estos y cobran semanal o mensual por el servicio; también las obligan, sobre todo a las de estrato socioeconómico bajo, a comprar paquetes de mercados, por lo regular con productos lácteos, carnes frías y arepas.

Casi nadie se libra de las extorsiones, les cobran hasta a los habitantes de calle 700 pesos diarios por dormir en el espacio público. Quienes se niegan a pagar son maltratados y amenazados con ser quemados. También, exigen porcentajes a las víctimas del conflicto armado por la reparación económica que les da el Gobierno.

A las fechorías de estos grupos ilegales, se le añade que en las laderas cobran extorsiones a las personas que tienen un empleo estable y devengan un buen salario, si no pagan, se tendrán que ir, sin importar si llevan allí toda su vida.

“Es todo un esquema organizativo de cuestiones económicas, legales y hasta de convivencia; si en una casa el esposo le paga a su pareja, le pueden cobrar una multa de hasta 200.000 pesos. La gente les paga a los combos para que le recuperen la moto robada o la deuda que no les han pagado”, aseguró la investigadora.

Daniel Yepes, director del Sistema de Seguridad y Convivencia, dijo que en la ciudad se reciben unas 400 denuncias por extorsión al año, por lo que el subregistro es muy grande. “Es claro que en sectores donde hay injerencia criminal hay cobro de ‘vacunas’.

El Sisc advirtió que los combos cobran extorsiones en 247 barrios y veredas de Medellín, lo que representa el 80 por ciento de las 308 zonas del mapa de la ciudad.
El sociólogo y experto en violencia urbana, Max Yuri Gil, dijo que la ‘vacuna’ es utilizada desde la época de Pablo Escobar, cuando el cartel de Medellín les cobraba a los criminales por el paso de la droga y que desde entonces ha evolucionado.

Ahora es aplicada por la bandas a cualquier tipo de personas, trabajen tanto en lo legal como en lo ilegal; prácticamente toda Medellín está extorsionada, porque se volvió una de las principales herramientas de ingreso para el crimen organizado”, concluyó.

DEICY JOHANA PAREJA M. 
Redactora de EL TIEMPO
En Twitter: @Johapareja

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