Medellín

Homicidios, lo que más preocupa en este 2017 en Medellín

La meta era cerrar con una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero cerró en 23.

Homicidios en Medellín

Este año van 571 muertes violentas, frente a 533 del 2016.

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David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

29 de diciembre 2017 , 10:02 a.m.

A tan solo cuatro días de acabarse el año, Medellín ya no tuvo tiempo de mejorar las cifras de derechos humanos. No obstante, expertos recomiendan a la Alcaldía de Federico Gutiérrez apretar el acelerador para fortalecer rutas de atención y cambiar la estrategia de seguridad.

De no hacerlo, el 2018 sería otro año con aumento en la tasa de homicidios y en las cifras de feminicidios, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, extorsión y reclutamiento de niños por parte de combos.

Precisamente, uno de los retrocesos en seguridad este año fue el aumento de las muertes violentas que hasta la fecha se eleva a 571 casos, frente a 533 del mismo periodo anterior, lo que representa un aumento del 7,1 por ciento, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc).

La tasa está en 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la meta era cerrar el año con 15. A eso se le suma, explicó Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, que la Alcaldía no solo falló al incumplir esa meta sino que no mantuvo la tasa de la Administración anterior que cerró en el 2015 con 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. “La Alcaldía argumenta que el alza se debe a la presión de las autoridades contra el crimen organizado, lo que no tiene justificación”, reiteró.

En lo que coincidió Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, al explicar que la política de seguridad de la actual Alcaldía, que se basa en capturar a delincuentes, no está funcionando. “La política debe enfocarse en la protección de la vida de la gente porque se gastan muchos recursos para capturar a jefes que fácilmente son reemplazados”, advirtió.

La política debe enfocarse en la protección de la vida de la gente porque se gastan muchos recursos para capturar a jefes que fácilmente son reemplazados

Datos de la secretaría de Seguridad revelan que este año se capturaron y judicializaron a más de 40 cabecillas y 1.030 integrantes de estructuras criminales. Sin embargo, el 55 por ciento de los crímenes registrados este año (318) se atribuyen a bandas, cifra que aumentó con respecto al año pasado, cuando esos grupos pusieron 283 muertos.

El coordinador del IPC agregó que un ejemplo de la ineficiencia de la política de seguridad es que en los territorios priorizados como La Candelaria, Robledo, Altavista y San Cristóbal, hay un aumento de asesinatos. Por ello, recomendó a la Alcaldía retomar la estrategia de la seguridad integral, garantizando los derechos humanos, sin dejar de lado la inversión social ni las rutas de atención, a las que según él, se les disminuyó presupuesto.

El decano de Eafit también aseguró que se invierte poco en proteger la vida de las personas, cuando hay un Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia que georreferencia el crimen, sabe cuáles son las zonas con mayor riesgo, las horas y días con más asesinatos, pero para el experto aun así, la política pública y la estrategia operativa se deben replantear porque se tiene mucha información, pero se hace poco para evitar muertes violentas. 

Este 2017 también fue preocupante para las mujeres. A la fecha se han registrado 51 homicidios contra ellas, frente a 37 del 2016. Hubo un aumento del 55 por ciento. A lo que se suma que se han denunciado 5.531 casos de violencia de género dentro del hogar.

Los menores son utilizados por grupos delincuenciales para el cobro de extorsiones, transporte de armas y drogas. La invitación es a que haya más rutas de atención y prevención

El analista del IPC aseguró que administraciones anteriores invirtieron en la Secretaría de las Mujeres e hicieron énfasis en las rutas de atención a las víctimas de maltrato, pero que este año disminuyeron las inversiones a estos programas de prevención, lo que deja resultados negativos.

Y como si fuera poco, aumentaron las muertes violentas contra niños y adolescentes. La Personería reporta 42 casos este año, frente a 30 del año pasado. “Tiene que ver con que los menores son utilizados por grupos delincuenciales para el cobro de extorsiones, transporte de armas y drogas. La invitación es a que haya más rutas de atención y prevención”, advirtió el personero Durán.

EL TIEMPO se comunicó varias veces con la Secretaría de Seguridad para conocer cuál es la opinión sobre estas críticas y cuáles serán las estrategias para disminuir estos delitos en el 2018, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Inconformidad por atención a desplazados 

Enfrentamientos entre grupos armados, reclutamiento de menores de edad por parte de bandas y extorsiones son las principales causas de desplazamientos forzados en las periferias de Medellín.

El personero de la ciudad contó que si bien este año hubo 2.340 éxodos, 700 casos menos con respecto al 2016, esta sigue siendo una las estrategias utilizadas por los grupos armados para intimidar a la población.

El personero reconoce que no significa que el fenómeno haya disminuido, ahora hay más subregistro y más miedo de denunciar. “Preocupa que dentro de la misma ciudad se desplacen tantas personas. Por más cabecillas y delincuentes que las autoridades capturen, el negocio ilícito queda allí y se convierte en un círculo vicioso. Hay que formular estrategias que ataquen el problema de raíz”, agregó Durán.

Un estudio de la Corporación Región muestra que desde hace 10 años, Medellín ha sido pionera en la construcción e implementación de una política de atención, prevención, protección y restablecimiento de derechos para las víctimas de desplazamiento. Sin embargo, este año, esa estrategia no se implementó.

Según el análisis, esa política en el pasado, permitió atender y evitar que éxodos masivos como el de 2013, cuando se desplazaron 255 personas de La Loma (San Cristóbal) se repitieran y creó las condiciones para el retorno.

A la Corporación Región le preocupa la respuesta, o más bien la falta de ella en la actual Alcaldía. Por eso, se pregunta ¿Dónde quedó la capacidad institucional de la ciudad para responder a esta problemática?, ¿qué pasó con los aprendizajes adquiridos durante cerca de 10 años en los que fuimos pioneros en los procesos de atención y prevención? y ¿qué recursos tiene la Alcaldía para atender a esta población?

“Estamos frente a lo que se configura como una situación de emergencia humanitaria para las víctimas y para toda la ciudadanía que también se ve afectada y que no puede seguir indolente ante la gravedad de lo que esta situación representa. Es una alarma más de la crisis que atraviesa Medellín y para la cual requerimos respuestas del gobierno y sus instituciones que deben proteger a los ciudadanos como se espera en un Estado Social de Derecho”, concluye el informe de la Corporación.

DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
@Johapareja

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