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Medellín

‘Hay que cambiar el asistencialismo por las oportunidades’

El secretario de Inclusión, Luis Bernardo Vélez, lleva dos años en su cargo.

El secretario de Inclusión, Luis Bernardo Vélez, lleva dos años en su cargo.

Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La secretaría de Inclusión le apuesta al acceso a programas para romper las barreras de exclusión.

Promover el respeto por la diferencia y la cero discriminación, así como el acceso a oportunidades para consolidar proyectos de vida son dos de las grandes apuestas de la secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, que cierra este 2017 con logros significativos en la atención a poblaciones vulnerables y empieza 2018 con un presupuesto aprobado de 275.000 millones de pesos.
Sobre los logros, y los desafíos que persisten para el próximo año, habló Luis Bernardo Vélez, secretario de la dependencia.

¿Cuál es la premisa que rigió este año el plan de acción de la secretaría?

Nosotros nos hemos propuesto ir cambiando el modelo que tenía históricamente esta secretaría, de asistencialismo y de atención inicial, a un modelo de oportunidades, de inclusión laboral, social, familiar y comunitaria.
Ese ha sido el mayor reto que tenemos porque en muchas poblaciones hay que mantener el modelo asistencial, pero en otras lo podemos ir modificando. Con víctimas del conflicto, afrodescendientes, indígenas, habitantes de calle, población con discapacidad y personas mayores hemos hecho esfuerzos para que cambie y de ahí surgen proyectos grandes que permiten romper las barreras y la exclusión.

Ese acceso debe contar también con apoyo de la sociedad, ¿cómo ha sido el proceso?

También hemos hecho esfuerzos para evitar la discriminación, la xenofobia, el racismo frente a los afrodescendientes, las personas en ejercicio de prostitución, la población Lgbti, los habitantes de calle.
Es también hacerle un llamado a la sociedad, los comerciantes, los empresarios a que hagamos gestos reales de inclusión, y eso pasa por abolir la discriminación por la orientación sexual, el color de la piel, la edad, la situación de discapacidad, la condición socioeconómica.

¿Cómo cerró el año en el trabajo con habitantes de calle?

Tenemos tres retos. El primero es desarrollar la política pública de habitantes de calle, modelo en el país, pues Medellín es la única ciudad de Colombia que la tiene. El segundo es ajustar y fortalecer el sistema de habitantes de calle, que tiene diferentes componentes: comienza con personal nuestro en las calles a tempranas horas, identificándolos, haciéndoles diagnóstico y caracterización.
Y el tercero es que hemos fortalecido las granjas productivas Somos Gente, como una apuesta de resocialización, rehabilitación cuando hay adicción a las drogas, y sobre todo, trabajar por las oportunidades para ellos.

¿Cuál es el balance de esas tres granjas productivas?

Buscamos que a través de la capacitación agropecuaria haya una posibilidad laboral para los habitantes de calle. En este momento hay alrededor de 250 personas en las tres granjas. Allí reciben educación, capacitación y acompañamiento psicosocial por un grupo de profesionales.
El salto que queremos es demostrar como sociedad y Estado que un hombre que ha estado en situación de calle es posible que avance, que tenga un proyecto de vida, y eso lo hemos logrado con inclusión, con oficios como jardinería, barrido de las calles, reforestación, muchos ya están en granjas privadas y otros en empresas privadas.
Es una apuesta que hicimos, pese a que sabemos que es un grupo complejo, que no es fácil, y creo que la evaluación es muy buena. Una granja comenzó en abril de 2016, otra en marzo de este año y la última hace unos tres meses, que es para personas en una situación de mayor deterioro físico y de salud mental y consumo de drogas.

Garantizar los derechos de la población Lgbti también implica muchos desafíos...

En población Lgbti, Medellín es de las ciudades modelo en el país porque tenemos una política pública, un centro de diversidad y hay voluntad de que haya recursos para desarrollar la política pública. Además, hay una movilización de activistas, de líderes que han hecho que toda esta política avance y están en actividad continua con muchas secretarías como Salud, Cultura, Inclusión, Seguridad y el Inder.
No es lo que uno quisiera o lo que necesitamos, pero hemos avanzado mucho. Estamos haciendo énfasis en un trabajo desde las instituciones educativas públicas y privadas para que no haya discriminación, hacemos trabajo con los chicos y los educadores para romper los ciclos de violencia contra las personas Lgbti y mucho más con la población ‘trans’ que es doblemente victimizada y violentada.
También hay articulación con la Universidad de Antioquia, a través del Parque de la Vida, y con otras instituciones académicas estamos trabajando muchas campañas de cambios de imaginarios y culturales y fortaleciendo las mesas Lgbti que hay en los diferentes barrios de la ciudad.

En materia social muchas veces no se hace seguimiento, medición del impacto de los programas y por eso se desaprovechan recursos económicos

¿Y cómo avanzaron en atención a afrodescendientes e indígenas?

El énfasis es desarrollar la política pública de ambos grupos poblacionales, rescatar el trabajo articulado con el consejo afrodescendiente, reconociendo los nuevos liderazgos y la participación.
Para nosotros es fundamental fortalecer sus culturas, que no desaparezcan porque están en la ciudad, tenemos 260.000 personas afro en Medellín, que han reclamado que sean visibilizadas y se les garantice su cultura.
El otro tema clave que hay que fortalecer más el próximo año es la etnoeducación, capacitar a los docentes. Y también hay que hacer un trabajo para avanzar en cambios de imaginarios culturales. Si la gente sigue discriminando a los habitantes de calle, las víctimas, los afro, los indígenas,las personas con discapacidad, no vamos a avanzar.

Hablemos justamente de la población en situación de discapacidad...

Coincidimos con muchos líderes y organización de personas con discapacidad porque manejamos un mismo eslogan: ‘De la caridad a las oportunidades’. No estamos haciendo esfuerzo para seguir manteniéndolos en calidad de asistencialismo, sino que son un grupo prioritario en la Escuela para la Inclusión, donde capacitamos a muchas personas con discapacidad física y cognitiva.
El reto ha sido la articulación con empresarios, comerciantes, entidades del gobierno para que les den oportunidades. Si tienen oportunidades significa que salen de sus casas, que no siguen siendo excluidos, pueden volver a las universidades, eso es un logro para ellos como personas, para la familia y para el Estado, porque es un subsidio menos.
Yo creo que esta es la población vulnerable más organizada, han podido movilizarse para reclamar sus derechos. Medellín no es la ciudad ideal, nos falta mucho, pero hemos avanzado en corregir barreras de acceso para ellos.
La secretaría busca capacitarlos en habilidades para que rescaten su proyecto de vida, crean más en ellos y puedan trabajar. Tenemos, por ejemplo, una compañía española de lavandería, donde el 80 por ciento de sus empleados va a ser personas con discapacidad.
En la granja se cultivan principalmente lechugas, cebollas y flores. Algunos productos son comercializados en Mercados Campesinos.

En la granja se cultivan principalmente lechugas, cebollas y flores. Algunos productos son comercializados en Mercados Campesinos.

Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Cómo estamos respecto a las personas mayores?

Hay que entender como sociedad cómo valoramos y respetamos a las personas mayores. El énfasis es fortalecer la prevención del abandono, el envejecimiento digno. Tenemos 28 centros vida en todos los corregimientos y comunas, independiente de si son estratos pobres o altos, estamos logrando que la persona tenga una vejez diga y que se prevenga la institucionalización.
La población está envejeciendo, la pirámide poblacional está cambiando, no podemos estar condenados a institucionalizarlos, sino también a tener herramientas como clubes de vida, centros vida, recreación y formación a los cuidadores.

¿Y qué decir de los niños y adolescentes?

En la Unidad de niñez se han hecho varios esfuerzos. El primero es revisar los programas de prevención y promoción. Este año trabajamos en 65 barrios que han sido identificados como los de más violencia, abuso sexual, deserción escolar, reclutamiento y utilización de niños por bandas criminales, drogadicción.
Para ello, hemos fortalecido la prevención, los consejos de infancia y adolescencia para que sean partícipes de su desarrollo, trabajo articulado con familia y escuela para identificar alertas tempranas.
En materia de niñez también hemos trabajado para fortalecer las redes de apoyo y los vínculos de los niños, sobre todo los que tenemos institucionalizados por violencia, abandono, drogadicción, explotación sexual. Al inicio de este gobierno nos dolió mucho ver cómo había niños en el hospital mental con diagnóstico dual, que llevaban varios años sin seguimiento, evaluación, sin vinculación con la familia y eso lo hemos tratado de cambiar.
Tenemos alrededor de 800 niños institucionalizados en los diferentes componentes y este año han sido rescatados cerca de 200 que estaban en explotación sexual o riesgo.

¿En realidad ha habido apoyo del sector privado en todos los proyectos?

Hemos avanzado mucho en la articulación con la empresa privada, el salto es cómo entienden que en una sociedad como la nuestra, con los niveles de inequidad, pobreza, exclusión, discriminación, los sectores empresariales, sociales, académicos tenemos que conversar.
El Estado es insuficiente para solucionar todas las problemáticas, todas las situaciones que tenemos no las podemos resolver. Por eso, necesitamos aliados, articulación, cooperación, pero que sea horizontal, no necesitamos que un empresario le dé un empleo a estas poblaciones porque son ‘pobrecitos’, sino porque son competentes. Por ello, la Escuela para la Inclusión ha capacitado a alrededor de 250 personas en cuatro meses y 40 ya tienen empleo.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
Medellín
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