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Cali

Ni cemento, ni animales ni explosivos en los Farallones

Manifestantes pidieron derecho a vivienda.

Manifestantes pidieron derecho a vivienda.

Foto:Juan Pablo Rueda

 La minería ilegal y narcotráfico causan sus estragos. Sin aclarar, crimen de líder.

La aplicación de controles al acceso desde animales y materiales de construcción, hasta de sustancias tóxicas y explosivas, desató una controversia entre quienes habitan el Parque Nacional Natural Farallones.
El viernes, con un plantón ante la Defensoría del Pueblo y bloqueos en el centro de Cali, pobladores de ese territorio rural de cuatro municipios del Valle salieron a rechazar la resolución 0193 del 25 de mayo.
El reclamo se presenta cuando autoridades enfrentan estragos de la minería y narcotráfico. El pasado 10 de julio, en el kilómetro 12, fue asesinado Carlos Alberto Ruiz Restrepo, considerado uno de los defensores del agua. El crimen ha pasado bajo el silencio. Las diferencias también se han relacionado con oposición a una caracterización en esa área rural.
El Decreto señala que la Fuerza Pública y Parques Nacionales (PN) adelanten el saneamiento contra actividades relacionadas con la extracción o aprovechamiento recursos naturales en Parques del país.
En septiembre no se permitió un retén en Pichindé. Alonso Guachetá, vocero de la protesta, dijo que “el Decreto significa parques sin gente, sin considerar ancestrales como los indígenas, históricos que son los campesinos y afros. Se les trata como enemigos de la naturaleza y se vulnera el derecho a la vivienda de quienes han usado y cuidado ese territorio. Y se omiten acuerdos que planteaban negociar entre el Ministerio del Ambiente y Parques, otros actores como garantes y residentes”.

Desde la aplicación de controles y materiales de construcción hasta sustancias tóxicas y explosivas, desató una controversia entre quienes habitan el Parque Nacional Natural Farallones

Los manifestantes dicen que la directora de los PN, Julia Miranda, no cumplió acuerdos y no hay apoyo del alcalde Maurice Armitage para concertar. Afirman que no comparten minería legal o ilegal, pero que el Gobierno no crea condiciones de empleo en el país.
En la lista del Decreto figuran sustancias tóxicas, químicas o explosivas; aceites y combustibles; motobombas, motosierras y plantas eléctricas y sus partes. También insumos agrícolas, fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas.
No se permite ingreso de animales como caballos, mulas, vacas, cerdos, chivos, gallinas, pollos o cuyes. Tampoco materiales como cemento, acero, arena, ladrillo, tejas y otros para construcción, adecuación o mejoramiento de infraestructura, incluyendo de casas prefabricadas. A ello se le añaden ventanas, puertas, vidrios, carpas y menaje de cocina.
El Decreto dice que PN se reserva el derecho de nuevos materiales en la medida que exista concepto técnico que justifique su prohibición.
Milton Hidalgo, presidente comunal de vereda La Candelaria en Villacarmelo, dijo que “tras conseguir la partida de 70 millones de pesos, no nos dejan recuperar la casa comunal, hecha hace 29 años, porque está a 10 metros del río y cerca del acueducto de La Buitrera, pero esa sede llegó primero. Es la retaliación al no apoyar la caracterización”.
Édward Quiñónez, del corregimiento Los Andes, dijo que se ignora la Mesa de Uso, Ocupación y Tenencia, y se transa con personas sin representatividad.
Los reclamantes piden intervenir a la Gobernación del Valle porque el Parque comprende Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura. Ellos critican que no se permita construir ni reparar sus bienes. Y que eso les abriría la puerta a otros actores.
En la zona alta hay 24 socavones abiertos en busca de oro.
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