Cali

Líderes sociales en el Pacífico están bajo la sombra de grupos armados

Repudian el asesinato de dos integrantes de Marcha Patriótica, en Guapi, el viernes pasado.

El año pasado, unos 4.000 indígenas marcharon hacia Cali, en protesta por el asesinato de aborígenes y de líderes en el Cauca.

El año pasado, unos 4.000 indígenas marcharon hacia Cali, en protesta por el asesinato de aborígenes y de líderes en el Cauca.

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Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

12 de febrero 2018 , 06:49 p.m.

La comunidad de Guapi está de luto y rechaza el asesinato de dos líderes sociales de esta localidad que se suman al listado de medio centenar que ha sido asesinado en el último año, en el Pacífico colombiano. Van cuatro asesinatos este año de líderes en esta región. Tres de estos crímenes ocurrieron en Cauca. El anterior fue el de Nicomedes Payán, el 29 de enero pasado, dos días después del de Temístocles Machado, en Buenaventura.

Se trata de Jesús Orlando Grueso Obregón y Jhónathan Cundumí Anchino, quienes eran integrantes del movimiento Marcha Patriótica

Deivin Hurtado, líder de la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano, dijo que el asesinato ocurrió en la vereda La Soledad, en Guapi, el viernes pasado. 

El asesinato ocurrió en la vereda La Soledad, Guapi, el viernes pasado

Aseguró que Grueso era, además, miembro  de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quien trabajaba con campesinos para lograr la sustitución de cultivos de manera voluntaria. También apoyaba las candidaturas de Aida Abella y de Ancízar Barrios al Congreso. 

Jesús Grueso pertenecía a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM

Jesús Grueso pertenecía a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

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Proclama del Cauca

Jhonatan Centeno, integrante de Marcha Patriotica, en Popayán, dijo que este líder tenía amenazas de muerte y no tenía protección. 

Es una situación similar de amenazas que viven los líderes de Buenaventura, en el Valle del Cauca, Orlando Castillo y William Mina. A estos gestores del paro cívico del puerto, el año pasado, les toca compartir escoltas y carro blindado.

“Cuando yo tengo que viajar, él debe quedarse en casa, y luego cambiamos. Es difícil porque son actividades en zonas distintas. Entendemos el tema económico pero las deficiencias de la Unidad Nacional de Protección son graves”, dice Castillo.

Este líder, a quien le han llegado 37 amenazas, trabaja en Puente Nayero, declarado como espacio humanitario contra los violentos, e insistió en que pese a alertas de la Defensoría, las autoridades no reconocen presencia de nuevos grupos armados.

Sus medidas son más extremas después del asesinato de Temístocles Machado, el pasado 27 de enero. Es la misma preocupación que se ha extendido por Valle y Cauca, donde se reportan 42 homicidios de líderes en el último año. Es la región con más muertes, al lado de Nariño.

El año pasado se desató una polémica cuando el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que en un 35 por ciento los crímenes de líderes serían por asuntos personales, incluidos los pasionales. Luego precisó que no se desconocen estas muertes y se han esclarecido 63 de 133 casos en dos años.

Según la Defensoría del Pueblo, se presentan presiones y violencia bajo pugnas de bandas como las autodefensas gaitanistas, Águilas Negras Nueva Generación, además del clan del Golfo, que se suman al Eln en territorios que antes eran de influencia de las Farc, con cultivos de coca y minería ilegal.

Líder

Temístocles Machado, líder social asesinado en Buenaventura.

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Archivo particular

Organizaciones como Somos Defensores, ¡Pacifista! y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), coinciden en que se trata de una violencia tras el dominio de la tierra.

Los crímenes y amenazas a dirigentes comunitarios del Pacífico, sindicalistas en el Valle y comuneros indígenas en Cauca marcan los miedos en el suroccidente colombiano.

En Buenaventura hay más de una alerta. El asesinato de Temístocles Machado, quien heredó de su padre la lucha por el territorio, no es asociado por autoridades locales a su participación en el paro del año pasado. El homicidio fue rechazado por la Comisión de Derechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por Human Rights Watch.

Autoridades revisan la participación de bandas criminales por intereses de quienes disputan zonas en Isla de la Paz, el barrio donde Machado pasó gran parte de su vida.
El nombre del barrio respondería a una ironía porque, en ese pequeño sector, actores armados han buscado apropiarse de lotes, coincidiendo con la expansión de Buenaventura, luego de que en el 2006 se activó la vía Alterna Interna del puerto.

Entonces, Machado recibió amenazas que ameritaron protección, pues defendía a sus vecinos ante quienes les querían arrebatar su tierra. De inmediato, sacaba sus archivos organizados en 94 carpetas. El año pasado no tenía escoltas y decía que la única defensa era la protección de Dios. Sostenía que el sitio donde se construyó uno de los muelles ocultó un cementerio de víctimas de paramilitares.

El nombre de Machado figura, además, junto a los de otros 24 líderes asesinados en el país, en este 2018, según Indepaz. A ese listado se sumaron los dos líderes de Guapi asesinados el viernes. 

Otro asesinato este año fue el de Nicomedes Payán, en López de Micay, en Cauca, dos días después del crimen de Machado. El cadáver fue llevado por allegados en lancha de una zona apartada hasta la cabecera urbana. Hasta ahora no hay detenidos.

En el Valle del Cauca hubo 10 casos en 2017, entre ellos, el de Emilse Manyoma y su esposo Javier Rodallega, asesinados el 17 de enero de ese año. El crimen fue atribuido al hermano de la líder, quien respondería al alias de Camilo Robledo, señalado por las Farc como un desertor del frente 30.

En el Valle, los sindicatos han sentido la violencia. Mauricio Fernando Vélez López, vicepresidente de la Junta del Sindicato de Trabajadores de Universidaes Públicas Nacionales (Sintraunal), apareció asesinado en una zona rural de Buenos Aires (Cauca), tras ser sacado por hombres armados de una finca familiar, en Timba.

El 2 de julio fue asesinado Alberto Román, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), en Guacarí.

El 22 de octubre el sindicalista y dirigente de la Unión Patriótica Ómar Romero salió ileso de un atentado en Cali. El 14 de noviembre fue atacada la casa de Alfonso Viáfara, presidente de Sintrainagro, Seccional Pradera.

La ministra Griselda Yanet Restrepo y la gobernadora Dilian Francisca Toro apoyan la ruta de atención a casos de vulneración de derechos al sector sindical.
En Cauca

Los indígenas hemos defendido, primero el territorio. Segundo, la autonomía y tercero, nuestras formas de organización que podrían representar un riesgo para una política neoliberal

Según Indepaz, en Cauca fueron asesinados 18 líderes en 2016 y 32 en 2017.
La consejera de de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Aída Quilcué, explica que los asesinatos no son coyunturales porque a lo largo de la historia han sido blanco del exterminio. 

“Los indígenas hemos defendido, primero el territorio. Segundo, la autonomía y tercero, nuestras formas de organización que podrían representar un riesgo para una política neoliberal, no para el Gobierno, y esta viene acompañada de la explotación de oro y petróleo. Pero además de los indígenas, vemos la afectación a campesinos y comunidades afrocolombianas”.

No hay capturas por la mayoría de casos. Uno de esos crímenes fue el de Olmedo Pito García, integrante del Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, el 9 de enero de 2017, en Caloto.

Cuando iban en una moto que desapareció, los indígenas Ángel Yunda y Jairo Andrés Mosquera fueron asesinados el 15 de enero en Suárez.

El 22 de marzo, en una hacienda, Javier Oteca Pilcué, de 44 años, fue asesinado por hombres que vestían prendas de una empresa agroindustrial.

En abril siguiente, el gobernador indígena del cabildo Kite Kiwe, Gerson Acosta, fue asesinado en Timbío, tras una reunión. Él exigía respuestas sobre los autores intelectuales de la masacre del Naya, donde cayeron indígenas y campesinos a manos de paramilitares.

Las comunidades atribuyen a la Policía la muerte de Efigenia Vásquez, comunicadora de la emisora Renacer de Coconuco, municipio de Puracé, el 8 de octubre. Fue cuando cubría un bloqueo de indígenas que luchan por un predio de termales.


El grupo político Marcha Patriótica ha estado en la mira. El 14 de Julio, Héctor William Mina, líder afrodescendiente, de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, fue asesinado en Caloto, en un restaurante del barrio Jorge Eliécer Gaitán, a una cuadra de la estación de Policía.

Mientras que José Alberto Torrijos, líder campesino, murió en un incidente con militares en Corinto, el 21 de septiembre. El Ejército habló de una reacción cuando había disturbios por dos capturas.

Las comunidades también piden clarificar la muerte de una estudiante, el 4 de septiembre de 2017, en el puente norte de Popayán. No creen en la versión de un suicidio, sino de una acción criminal porque la mamá es la representante legal de la Asociación de Víctimas 2 de Octubre e integrante de Unión Patriótica.En medio de esos casos, en el Cauca se han presentado las muertes de tres exguerrilleros de las Farc.

Se mantiene la alerta en Nariño

Aunque en lo que va corrido de este 2018 no se han registrado asesinatos de líderes sociales en Nariño, los organismos de seguridad y de defensa de derechos humanos mantienen las alarmas.

El año pasado se reportó el asesinato de cinco líderes. Fueron Luz Jenny Montaño, de 48 años y madre de cinco hijos, ocurrido el 12 de noviembre pasado, en Tumaco. Su trabajo social lo desempeñó en el Comité Parroquial de Pastoral Social. También fue asesinado Víctor Castillo, de 43 años y quien había intercedido en la entrega de 117 jóvenes milicianos de las Farc; Peter William Cortés, asesinado en Tumaco y quien era de Convergencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas; además de Nidio Dávila y José Jair Cortés Godoy. Recompaz denunció amenazas contra 47 líderes en 2017.

Uno de los crímenes en Cauca fue un feminicidio

La líder Idaly Castillo Narváez fue asesinada el 8 de agosto de 2017, en el municipio Rosas. Unas prendas de vestir con rastros de sangre y trazas de ADN de la mujer hicieron parte del material probatorio recopilado por la Fiscalía que permitió este año la captura del esposo de la víctima y de un cuñado.

Por eso, este crimen fue tipificado como feminicidio sin relación con la actividad de la líder. Según la Fiscalía, se cometió “con violencia excesiva y sexual”. Falta un tercer capturado por este caso.

El año pasado también fue asesinada Josefina Cuetia. Fue el 4 de abril de 2017, en la vereda Solapa, de Jambaló (Cauca) siendo aproximadamente la 1:00 p.m. La señora, quien era comunera indígena, estaba con su esposo, Ricaurte Cuetia, de 57 años. Tuvieron cinco hijos. El esposo fue uno de los heridos por este caso que no se ha esclarecido.

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