Cali

Esta es la propuesta de los sistemas de transporte masivos para Duque

Proponen una ley de movilidad y financiamiento para Colombia.

MIO

Los usuarios le apostaron al sistema, pero con el tiempo se muestran desconfiados.

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Archivo ET

26 de julio 2018 , 10:33 a.m.

La declaratoria de la urgencia manifiesta ante la crisis que atraviesa el sector del transporte colectivo y masivo en el país; la expedición una ley de movilidad y financiamiento, pero como política pública de Estado; cambiar todo el modelo financiero de la tarifa; la creación de un gran fondo nacional y que se considere la movilidad como un derecho social, es decir, elevarlo al nivel de los derechos fundamentales, es lo que propone la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (SIMUS), capítulo Colombia.

De esta Asociación hacen parte todos los sistemas de transporte masivos que operan en el país, incluidos los del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta propuesta que será entregada al presidente electo Iván Duque, será presentada el jueves en Cali.

“Pedimos al Gobierno Nacional que declare la urgencia manifiesta, ese llamado de atención porque esto ya es no es un problema aislado, de ciudades o de un sistema, sino un problema integral del país que está afectando la calidad de vida, la competitividad, la seguridad vial, la vida de la gente, la productividad”, dice la secretaria general de SIMUS, Martha Lucía Gutiérrez.

Los niveles de endeudamiento de los operadores asciende a cerca de 4,5 billones de pesos; en las cuentas de la Asociación, el Gobierno ha invertido cerca de 23 billones, de los cuales ha destinado 9,5 billones para financiar el modelo de los masivos, incluida la gestión del metro de Bogotá, y 6,5 para los sistemas estratégicos.

“En esa medida presentamos esta propuesta que gira en torno a la importancia de expedir una ley de movilidad y financiamiento, pero como política pública de Estado; el modelo actual del país está basado en una ley del siglo pasado, de hace 30 años; el modelo tarifario no responde a lo que hoy son las ciudades y sus necesidades, a cómo nos movemos y cómo nos vamos a mover”, señala Echeverri.


“El otro marco complejo es que se desarrolló a través de políticas públicas de los Conpes, políticas de corto plazo de menor jerarquía que nos son vinculantes, ese modelo es débil, obsoleto y lo que necesitamos es que se expida una política de Estado de largo aliento, donde considere a la movilidad como derecho social y esto implica que lo lleve al nivel de los derechos fundamentales como la educación, la salud porque además, tiene conexión directa con otros derechos como el trabajo, la seguridad”, agrega.

Se pide también cambiar en su totalidad el modelo financiero de la tarifa cuyo peso descansa sobre el usuario del sistema de transporte masivo, vía tarifa. Para la Asociación, el modelo de autosostenibilidad resultó un descalabro financiero porque hoy los sistemas no tienen cómo operar.

“Proponemos cambiar el modelo completamente, no vamos a hablar de subsidio al transporte, lo que estamos diciendo es: Hay que crear un fondo nacional de administración de recursos para garantizar esa movilidad urbana, para garantizar es derecho social de movernos a través de sistemas integrados. Hay que identificar cuáles serían las fuentes de financiación directas e indirectas (puede ser a través de los impuestos ya existentes. El Estado debe asumir su responsabilidad”, dice Echeverri.

El modelo propuesto plantea la creación de ese fondo nacional, sería una gran bolsa donde todos ponen: Gobierno Nacional, gobiernos locales, sector privado a través de actividad comercial (plusvalías y mejoras asociadas a la infraestructura de transporte) y el usuario. Los recursos se distribuirían a partir de ciertos cumplimientos: Calidad y satisfacción del usuario, accesibilidad al sistema, seguridad e información.

“El modelo actual no mira si el servicio se presta con calidad, no hay incentivos al servicio. El nuestro premia también a las ciudades por aplicar la política de reducción de contaminantes, de accidentalidad o uso de nuevas tecnologías. La eficiencia será unos de los criterios para distribuir a todas las ciudades, será la ley de premio y castigo”.

Después de esa la declaratoria de urgencia manifiesta, la Asociación espera que se incluya en la agenda pública como una situación prioritaria para atender.

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