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Presunto detrimento por 3 millones de botellas de licor no vendidas 

Contraloría, en informe preliminar de visita fiscal, se refiere a distribución y finanzas de ILV.   

La Contraloría señaló que le preocupa las finanzas, las transferencias a la salud y las mismas ventas en la ILV.

La Contraloría señaló que le preocupa las finanzas, las transferencias a la salud y las mismas ventas en la ILV.

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Archivo EL TIEMPO

02 de febrero 2018 , 09:41 a.m.

La Industria de Licores del Valle (ILV) “presenta incumplimiento en las ventas de 2017, en concordancia con el plan de compras definido dentro de la conciliación pactada ante un Tribunal de Arbitramento”, debido a que no se lograron las metas fijadas el año pasado.

Según información suministrada y verificada por la Contraloría departamental, se dejaron de vender 3’984.832 unidades de botellas del Aguardiente Blanco del Valle de las 8’500.000 pactadas para el año pasado.

Una conciliación de la Licorera había sido suscrita el 31 de marzo de 2017 con el Consorcio Suprema, que desde el 2012 fue el distribuidor exclusivo hasta esta semana, tras la decisión de la Licorera de finalizar el contrato en acuerdo con el mismo consorcio.

El gerente de la ILV, Mario Andrés Rivera, dijo que “la terminación de forma anticipada del contrato se da ante el incumplimiento por parte del comercializador de las metas en el 2017, lo que le significa a la ILV que ya no existe una exclusividad para un solo distribuidor y la posibilidad de que la misma industria pueda atender, de manera temporal, la venta directa de sus productos, mientras se define un nuevo proceso licitatorio”.

En un informe preliminar de una visita fiscal que hicieron funcionarios de la Contraloría se explica los compromisos asumidos por Suprema, reporte que señala el comportamiento de la facturación de las unidades de licor por parte de la ILV frente al plan de compras del Consorcio Suprema.

El mismo informe de la Contraloría indica que por esas 3’984.832 botellas que no se vendieron el año pasado se habría presentado un presunto un detrimento fiscal por 25.825’696.192 pesos. Esta es una observación administrativa con incidencia fiscal, de acuerdo con la Contraloría. “(...) se evidenció incumplimiento en la obligación de distribuir y comercializar por parte del Consorcio Suprema, de acuerdo con lo pactado, lo que afectó la imagen de la Industria y el posicionamiento de la marca en el departamento del Valle del Cauca”. La Contraloría recuerda que en el contrato con la ILV, que iba hasta el 2019, la claúsula tercera sobre las cantidades del producto para distribuir y comercializar.

“Máxime cuando la alta gerencia de la Industria de Licores había llevado a cabo varias acciones de control y seguimiento al cumplimiento del acuerdo, como se evidencia através de oficios de la Industria de Licores dirigidos al Consorcio Suprema, sobre faltantes mensuales de compras de botellas, de recordación de la capacidad de entrega del producto, de producción y de bodegaje, al igual que oficios dirigidos al distribuidor donde se evidencia el desabastecimiento del producto en los canales de comercialización”. También indica que esta situación para alcanzar las metas de compras también se refleja, a través de las actas de junta directiva. La Contraloría anota que se refleja “iliquidez y ausencia de capital de trabajo del Consorcio”.

En cuanto a las transferencias al departamento por los impuestos generados por la venta de licor, la Contraloría indica que en los últimos ocho años se ha presentado un decrecimiento y que el 2015 fue el más crítico por el presunto incumplimiento de las ventas.

Así mismo, la Contraloría informa que “actualmente, la entidad (la Licorera) se encuentra en proceso de ajustes y consolidación de sus estados financieros de acuerdo con los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación; no obstante y de acuerdo con los estados financieros proyectados a la junta directiva, el pasado 20 de diciembre de 2017 con corte a noviembre 30 de 2017, se evidencia un déficit acumulado de 8.690 millones de pesos. Esto demostraría la grave lesión de las finanzas de la Industria, teniendo en cuenta que la entidad está dejando de percibir recursos por más de 25 mil millones de pesos en la vigencia 2017 representados en las utilidades no generadas y también cartera pendiente de pago por parte del Consorcio Suprema por más de 5 mil millones de pesos.

Dicho panorama, anota el ente de control fiscal, podría llevar a concluir que se haya presentado un mayor déficit una vez se consoliden los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017.

La Contraloría dice que el 13 de diciembre de 2017 se suscribe memorando de entendimiento entre la ILV y el Consorcio Suprema, en razón de que esta empresa, "no había comercializado las metas pactadas para el 2017, para efectos de garantizar los ingresos de la ILV y las rentas del Departamento del Valle acuerdan estructurar una operación de fiducia mercantil de garantía, administración y fuente de pagos.

Entre las observaciones administrativas hay dos con incidencia fiscal que deben ser ajustadas y una de tipo disciplinario.

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