Barranquilla

El miedo sigue en pueblos del Caribe colombiano

Luis Trejos revela, a través de una investigación, el riesgo electoral por los grupos armados.

Tierralta

En el municipio de Tierralta (Córdoba) es una de las zonas donde los grupos armados ilegales mantienen presencia.

Foto:

Archivo Oscar Berrocarl / ADN

05 de marzo 2018 , 09:52 a.m.

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de la guerrilla de las Farc, que han permitido la disminución de las confrontaciones armadas desde el 2012 en el Caribe colombiano, no son hechos suficientes para garantizar que en las elecciones del próximo 11 de marzo, cuando se elegirá nuevo Congreso de la República, muchos de los electorales salgan a votar. El miedo aún persiste.

Y si bien el ministro del Interior, Guillermo Rivera, insistió esta semana en Barranquilla en la seguridad y transparencia que habrá en los comicios, pese a los ataques por parte del Eln fue capaz de asegurar que desde ya “se realizan los ajustes” y dio el aval para que los “costeños acudan a las urnas en total tranquilidad”.

Luis Trejo

El profesor e investigador Luis Trejo realizó la investigación con la Universidad del Norte.

Foto:

Archivo particular

Lo cierto es que en varias zonas del norte del país aún se mantienen expresiones armadas que ejercen cierto control territorial en veredas de municipios ubicados en el sur de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Cesar.

Son 25 municipios los que componen esta zona en donde la presencia de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y el Eln, que viven de las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, colocan en riesgo los próximos comicios, en especial en los territorios rurales, que han ido ocupando.


“Representan una seria amenaza para la libre participación de los habitantes de estas zonas rurales y abren la puerta para que este capital electoral sea capturado por actores armados ilegales o sus aliados”. Así lo explica el profesor Luis Trejos, investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, en su trabajo titulado Riesgo electoral asociado a la presencia de actores armados y rentas ilegales en el Caribe colombiano, que dio a conocer la reciente semana.

Abren la puerta para que este capital electoral sea capturado por actores armados ilegales o sus aliados

Trejos, doctor en estudios americanos con mención en estudios internacionales, afirma que en los casos de los municipios del sur de Córdoba y Bolívar, “se evidencia que los espacios dejados por los Bloques Martín Caballero de las Farc y Norte de las Auc no fueron copados por el Estado y su institucionalidad, sino por los Grupos Armados Organizados (GAO) y el Eln y sus redes de ilegalidad, compuestas por actores legales e i legales”.

En el estudio enfatiza que la desmovilización del Bloque Norte de las Auc no dio por terminado el fenómeno paramilitar con todas sus redes de ilegalidad en la región Caribe colombiana. “Por el contrario, dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras y grupos armados que no participaron en el proceso de desmovilización, otros que se rearmaron y otros que emergieron”.

La presencia armada

En el sur de los departamentos de Bolívar (13 municipios), Cesar (7 municipios) y Córdoba (5 municipios) es donde, según el estudio de Trejos, se concentra el riesgo electoral en el Caribe colombiano.

En las dos primeras, el actor hegemónico es el Eln. Adicionalmente, en el sur de Bolívar, hay presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal. En el caso de Córdoba, los mayores riesgos se presentan en Valencia, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, no solo por el control territorial del Clan del Golfo, sino también porque en estos municipios se siembra coca y se procesa y produce clorhidrato de cocaína. A diferencia del Eln, cuyo control se limita a zonas rurales, el Clan del Golfo influye en las cabeceras municipales”, precisa Trejos.

La poca presencia de Estado, sumado a los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas de la población, son el caldo de cultivo para que las actuaciones ilegales tenga una cierta legitimidad, “ya que genera empleo y mantiene un orden social básico que permite el cumplimiento de los contratos y regula la convivencia diaria, todo esto sustentado en la fuerza o la amenaza creíble de su uso”, agrega Trejos.

En estos 25 municipios al problema es la seguridad de sus habitantes por la presencia de actores armados ilegales, toca sumarle, como bien lo describe la investigación del profesor Trejo, la forma como se limita los derechos políticos de estas comunidades ya que en algunos casos prohíbe el ejercicio del voto, y en otros limita la oferta de candidatos mediante la promoción de algunas candidaturas y el veto a otras, de acuerdo a los intereses particulares de los ilegales. Por eso el miedo no se ha ido de estas zonas.

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