Bogotá

La Uaesp, la entidad que se volvió en el karma de las administraciones

Sus directores han terminado en la mira de los entes de control o han renunciado.

Fernando Carrillo

El procurador Fernando Carrillo (c) en la rueda de prensa en la que anunció la suspensión de la directora de la entidad.

Foto:

Felipe Ariza / PGN

23 de febrero 2018 , 12:47 a.m.

En los últimos diez años, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), responsable del aseo en la ciudad, se ha convertido en el karma de los alcaldes y de quienes han asumido las riendas de la entidad: terminan renunciando o sancionados por los organismos de control.

La más reciente víctima de una saga que incluye más de una docena de exdirectores es Beatriz Elena Cárdenas, que fue suspendida por tres meses en medio de una investigación que inició la Procuraduría por la crisis de las basuras que se desató a partir del 31 de enero, cuando los sindicatos de Aguas de Bogotá paralizaron el servicio y pusieron en jaque la recolección de residuos.

“Respeto y acato la decisión del Procurador de suspender a Beatriz Elena Cárdenas, pero considero que ha hecho una excelente gestión con la transparente y exitosa licitación de recolección de basuras, que reducirá las tarifas y mejorará la limpieza de la ciudad”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa en Twitter.

La Uaesp ha sido blanco de polémica desde su creación, fruto de otra crisis de basuras que debió afrontar el alcalde Jaime Castro –en diciembre de 1993– tras la liquidación de la Edis, empresa pública de aseo recordada por ser un foco de corrupción, ineficiencia y clientelismo político.

A partir de entonces, el servicio se entregó gradualmente a empresas privadas, hasta que en el 2003 se adjudicó una licitación y se normalizó el servicio por áreas exclusivas. Los contratos se vencieron en el 2007, pero rencillas políticas y poderosos intereses económicos alrededor de un multimillonario negocio hicieron imposible que durante diez años se adjudicara una nueva licitación, lo cual dio paso a un calvario que ha dejado en el camino a muchos directores por múltiples motivos.

La saga de ‘caídos’ que encarna la Uaesp la encabeza Victoria Eugenia Virviescas Calvete, quien a finales del 2009, en el gobierno de Samuel Moreno, tuvo que renunciar tras un escándalo que involucró a su asesora jurídica Catalina Franco, señalada de participar en un supuesto plan para excluir a una firma de la licitación que se tramitaba en esa época para contratar la administración del relleno sanitario Doña Juana.

Virviescas no pudo avanzar con la licitación de aseo y tampoco su sucesora, Myriam Margoth Martínez Díaz, quien terminó destituida e inhabilitada por 10 años por la adjudicación de la concesión del relleno.

En el gobierno Petro, cinco directores terminaron renunciando por diversos motivos. El primero fue Guillermo Asprilla (fallecido), quien dejó el cargo para asumir la Secretaría de Gobierno. Después llegó Carlos Arturo Arboleda, como subdirector legal, y terminó encargado durante tres meses de la dirección y veinte días como titular.

Se fue tras el anuncio de Petro de que un operador público se haría cargo del servicio en competencia con los privados. Con Petro también estuvieron Nelly Mogollón, Lucía del Pilar Bohórquez e Ilva Nubia Herrera, todas renunciaron a los pocos meses de asumir el cargo por confrontaciones con el alcalde.

Ahora le tocó dejar el cargo a la mujer que después de diez años y en medio de presiones de toda índole logró sacar adelante la licitación. Semejante logro, sin embargo, se vio opacado luego de que, a 12 días de la entrada en operación de los nuevos concesionarios, enfrentó el sabotaje de los sindicatos de Aguas de Bogotá, la empresa estatal creada por Petro y que tenía en sus manos la recolección de la basura en el 52 por ciento de los barrios de la capital.

En medio de las protestas ciudadanas y acciones vandálicas en algunos sectores, el nuevo esquema arrancó. Sin embargo, el rezago en la recolección de desperdicios propiciado por la extinta empresa estatal, la falta de experiencia de algunos de los nuevos operadores, la poca información a la ciudadanía sobre cambio de horarios y demás, amén de la falta de claridad sobre qué va a pasar con la recolección de escombros –el dolor de cabeza hoy– dejaron en evidencia que la crisis estaba lejos de superarse en zonas claves de la capital. Todo esto llevó a los organismos de control a tomar cartas en el asunto.

La Procuraduría dice que al parecer se desconoció el principio de planeación en la contratación y no se tomaron las medidas para conjurar la emergencia y señala que en las calles hay al menos 4.000 toneladas de residuos mixtos: orgánicos con desechos de construcción.

El procurador, Fernando Carrillo, dijo que “no se atendió ni oportuna ni adecuadamente los requerimientos de información” que se solicitaron, lo que les llevó a pensar “que se faltaba a la verdad en la información que se entregó por parte de la directora de la Uaesp”.

Cárdenas, por su parte, aseguró que no se les mintió a los bogotanos porque las empresas que operan el aseo sí tenían un plan de contingencia para superar la emergencia.

¿Qué pasa con los escombros?

La Procuraduría también dijo que se incurrió en vías de hecho en temas como la recolección de escombros. Asegura que legalmente no hay quién recoja los residuos mixtos, mezcla de basura ordinaria con los desechos de construcción y que es parte de lo que se ve en las calles. Aunque los operadores la están levantando, no están en la obligación de llevarlos porque para eso la Uaesp recibió de los concesionarios 174.000 millones de pesos para que contrate ese servicio, así como para la recolección de llantas y limpieza de grafitis ilegales.

La responsabilidad de los ciudadanos es que cuando hagan una obra en su casa, llamen al operador y programen la recogida, pero los están arrojando a la calle. Entre tanto, anoche, la Alcaldía resolvió iniciar proceso sancionatorio en contra de Promo Ambiental, firma responsable de atender el oriente de la ciudad por la presunta ejecución inadecuada de recolección, barrido y limpieza. La multa podría llegar a los 390 millones de pesos.

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