Bogotá

Decisión sobre revocatoria de Peñalosa, retrasada por recusaciones

Flor Hernández, del comité a favor de la revocatoria, también presentó una tutela contra el CNE.

Enrique Peñalosa

Varios recursos retrasan la toma de una decisión por parte del Consejo Nacional Electoral.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

14 de diciembre 2017 , 11:51 p.m.

Flor María Hernández Castro es la contadora de uno de los comités que buscan la revocatoria del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y también es la que recusó esta semana a dos magistrados, de quienes dice no ofrecen garantías de un voto imparcial. Ella también presentó una tutela contra el CNE por la supuesta falsedad del informe contable que enterraría la revocatoria. Y son esos recursos los que justamente retrasan la toma de una decisión por parte del Consejo Nacional Electoral.

Los magistrados del CNE, por su parte, dicen que, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá les ordenó definir el pedido de revocatoria en un plazo de 10 días, solo hasta dentro de dos semanas podrán decidir sobre una recusación que hace falta, ya que actualmente no están todos los magistrados completos.

Los cambios que tendrá la política de fotomultas

La reglamentación de las fotomultas, que se expedirá el próximo 14 de enero de 2018, establece cinco importantes cambios para que la imposición de esos comparendos deje de ser un negocio y ayude a disminuir los índices de accidentalidad en las vías del país.

El primer cambio tiene que ver con la señalización, que debe estar 500 metros antes de donde están las cámaras, para que la posibilidad de fotomulta tenga un efecto como reductor de velocidad, ya sea por el miedo a la multa o por el miedo a sufrir un accidente. Un segundo cambio señala que la rentabilidad del contratista no podrá ser mayor al 10 %, ya que en algunos municipios del país el contratista se queda con el 60 o el 70 por ciento del recaudo de las multas, y por eso las impone masivamente.

En la resolución que expedirá el Gobierno se contempla una nueva calibración de las cámaras instaladas, ya que en muchos casos están adulteradas y esto genera que el conductor, así vaya a menos de 60 kilómetros por hora, se le ponga el comparendo. Para instalar una cámara habrá que pedir permiso al Ministerio de Transporte. Estas deberán estar solo en zonas con alto riesgo de siniestros.

También se exigirá que los organismos de tránsito en todos los municipios habiliten canales para que los colombianos puedan hacer el reclamo y defensa por las multas que les impongan, sin tener que desplazarse al lugar donde cometieron la infracción.

Según el Gobierno, en 2010 se impusieron mil fotocomparendos; en 2016, un millón ochocientos mil. Por ese concepto se ha logrado el recaudo de 2 billones de pesos, que en su mayoría se han quedado en manos de los privados que tienen el negocio de las cámaras.

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