Bogotá

¿Deben mudarse las bases militares y cárceles fuera de lo urbano?

Expertos opinan frente a la pertinencia o no de mantener estas infraestructuras dentro de la ciudad.

Cárcel La Modelo en Bogotá

En el distrito hay cuatro centros penales.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

11 de marzo 2018 , 09:47 p.m.

En los meses venideros Bogotá tendrá que discutir su Plan de Ordenamiento Territorial para que el Concejo lo apruebe. Entre los temas que han de abordarse aparecen dos claves: el futuro de las unidades militares en el territorio urbano y lo que pasará con las cárceles.

Frente al primer debate, que tiene relación directa con la finalización del conflicto armado con las Farc, las posiciones son variadas. Por un lado se plantan quienes consideran que el país ya no sufre una confrontación armada que precise disponibilidad inmediata de fuerzas militares, en tanto por el otro está la posición que no ve molestia en la presencia de los uniformados entre barrios y localidades.

Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia, argumenta desde la línea más radical: “De esa presencia subversiva de siete u ocho frentes de las Farc a principios de siglo, en torno a Bogotá, no quedó nada, y el Eln no puede sostener un enfrentamiento directo con el Ejército”.

En esa medida, Acero sostiene que la mayor parte de las ocho bases o instalaciones armadas del Ejército entre avenidas y parques ahora resultan innecesarias. La pregunta resultante es qué hacer con estas infraestructuras, cómo reordenarlas.

“Se debe pensar como región metropolitana y Cundinamarca”, advierte el analista. “Deberían desplazarse hacia otras zonas cercanas para cuidar los equipamientos estratégicos como los embalses, puntos de ingreso y salida de la ciudad-región, vías para el movimiento de suministros, torres de telecomunicaciones , entre otros, que son los que le permiten a la ciudad funcionar las 24 horas del día”.

El urbanista Fernando Viviescas sostiene que cuando las ciudades tienen bases militares al interior aparecen problemas, “como que se convierten en objetivo militar y se genera un impacto grande, cuando en realidad la ciudad debería estar protegida. En un escenario de confrontación el objetivo militar no se circunscribe solo al bastión donde están los militares sino al entorno”, lo que incluye instalaciones de servicios públicos y población civil.

Los lotes que fueran liberados, coinciden los observadores, podrían destinarse para la construcción de parques metropolitanos, bibliotecas públicas e incluso ampliación de vías.

Podrían destinarse para la construcción de parques metropolitanos, bibliotecas públicas e incluso ampliación de vías

Sin embargo, otras posiciones defienden la permanencia de los bastiones. Es el caso de Andrés Nieto, investigador de seguridad, para quien las bases ni quitan ni ponen en la dinámica de la urbe. Plantea que es innecesario que se muden.

“El Plan de Ordenamiento Territorial no debería buscar la salida de las unidades militares. La discusión es más hacia un tema ciudadano, porque la gente se siente más segura con un militar a un lado, aunque este –por legislación y orden constitucional– no puede intervenir en casos de seguridad, como un atraco”, expone Nieto.

“Es un tema de percepción, no de acción efectiva de estos uniformados. Si se legislara para que los soldados sirvieran como organismo de seguridad urbana, sería paulatino, poco a poco. Pero eso sería el fracaso de la política criminal, pues indicaría que a más delincuentes la única solución es más fuerza”.

Eso sería el fracaso de la política criminal, pues indicaría que a más delincuentes la única solución es más fuerza

Aunque el Ejército no se refirió de manera oficial a esta discusión, una fuente de esa institución adscrita a la Décima Tercera Brigada, cuya jurisdicción es la capital, le explicó a EL TIEMPO que aunque la misión de los uniformados es la defensa nacional, dentro de las filas se vive un proceso de transformación.

“Las unidades más grandes del Ejército en Bogotá apoyan en terceros niveles de anillos de seguridad cuando se requieren, ejercen labores de inteligencia y respaldan operativos de la Fiscalía”, resaltó la voz consultada. “No todas las unidades están enfocadas de manera directa en la defensa, sino que también se dedican a la formación militar y académica”.

Cárceles

Al conjugar las percepciones de los analistas queda claro que los centros penales ubicados en el Distrito sufren hacinamiento y malas condiciones físicas. Las cárceles Modelo, La Picota y el Buen Pastor son centros penitenciarios, reciben personas que cometen todo tipo de delitos; su administración es del orden nacional y llegan internos de múltiples regiones. Mientras tanto, la Cárcel Distrital es centro carcelario y acoge a quienes cometieron delitos menores, cumplen la parte final de su condena o esperan por un juicio.

Es difícil conseguir terrenos en otros municipios para trasladar las cárceles que hay en Bogotá. Si eso se hace se generan protestas y oposición de las poblaciones”, reseña Hugo Acero, quien apunta que en la zona rural de Sumapaz no se podría construir una infraestructura de esa índole, pues es un santuario natural.

“Hay que reconstruirlas, pues son viejas y están hacinadas. Tendría que tomarse como ejemplo a seguir la Distrital. La Modelo, por ejemplo, cuenta con lotes aledaños en los que se podría ampliar. Y junto a La Picota hay una unidad militar que podría ceder un terreno”.

La solución no es ampliar ni construir más sino mejorar las políticas. Los modelos de reintegración social de quienes están entrando en las cárceles no están funcionando

Más allá de las estructuras físicas, Andrés Nieto aduce que el tema es de políticas criminal, penitenciaria y de justicia. “La solución no es ampliar ni construir más sino mejorar las políticas. Los modelos de reintegración social de quienes están entrando en las cárceles no están funcionando”, finalizó el investigador.

FELIPE MOTOA FRANCO
EL TIEMPO
En Twitter: @felipemotoa

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