Bogotá

Declaran ilegal paro que causó crisis por basuras en la capital

Quienes no permitieron la operación podrían haber incurrido en un presunto delito ambiental.

Protesta de empleados de Aguas de Bogotá

El 31 de enero, algunos trabajadores de Aguas de Bogotá se declararon en cese de actividades. Esa noche protestaron en sus instalaciones.

Foto:

Néstor Gómez / EL TIEMPO

28 de febrero 2018 , 10:20 p.m.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró este miércoles la ilegalidad del cese de actividades de los trabajadores de Aguas de Bogotá (AB), situación que obligó a declarar la emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad entre el 1.º y el 12 de febrero.

Para ese momento, la empresa pública AB, con 3.200 trabajadores, era la responsable de la recolección de residuos domiciliarios y barrido del 52 por ciento de la ciudad, hecho que propició la crisis.

El paro se inició el 31 de enero en la tarde y se prolongó hasta la media noche del 11 de febrero. Para entonces entraban en operación los cinco nuevos operadores con un esquema 100 por ciento privado, lo que implicaba que comenzaran a trabajar con un rezago en la recolección de los residuos en por lo menos 13 localidades.

Según pudo establecer EL TIEMPO, la magistrada ponente de la sala laboral consideró que las acciones de los sindicatos que desde esa noche no habían permitido la operación del servicio eran las presuntas responsables de impedir la recolección de los residuos de los usuarios, un asunto que podría terminar calificado de delito ambiental. En la sesión que se realizó este miércoles, la ponente dijo que la actividad de recolección de las basuras es un servicio público esencial.

Esta decisión podría afectar a los líderes y miembros de los sindicatos Asodetrapul, Sintraguas, Sintraemsdes y Sintraasdecol, que participaron en el paro. Esa noche del 31 de enero, operarios bloquearon la salida de los camiones recolectores desde la base de operaciones ubicada en la calle 13 n.º 68-21.

Una vez enterado de la situación, el gerente de Aguas, Juan Manuel García, fue a la base de operaciones para tomar el control de la situación, pero no le permitieron la entrada.

Así, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue enviado a la zona para persuadir a los trabajadores que se habían apostado en la entrada. Ante la negativa de retirarse, se les dio la orden a los uniformados de ingresar a las instalaciones y retomar el control.

En medio de los choques, varios trabajadores pincharon las llantas de los camiones recolectores, rompieron vidrios, espejos y cortaron las mangueras de varios compactadores, lo que sumó al retraso de la operación de la recolección de residuos. La Fiscalía investiga estos hechos.

El impacto no se hizo esperar. Varias localidades comenzaron a ver los residuos en las calles de las localidades del oriente de la ciudad, desde Usaquén hasta Usme, así como en Engativá, Barrios Unidos, Fontibón, entre otras.

Para atender la emergencia, el Distrito llamó a los nuevos operadores para que apoyaran en la recolección.

Sin embargo, el martes de 6 febrero, en Engativá, al parecer saboteadores organizados por cuadras ordenaron poner la basura acumulada a lo largo de las calles e impedir el ingreso de camiones recolectores, lo que terminó por afectar aún más el occidente de la ciudad. Esa misma noche, un bus del SITP que estaba varado fue incendiado por sujetos ajenos a la comunidad, según declaraciones de vecinos.

Cinco días antes de entrar el nuevo esquema de aseo, el Distrito recibió el apoyo de camiones recolectores de los vecinos municipios de Cundinamarca. Desde la ciudad de Ibagué se enviaron al menos ocho compactadores para tratar de superar la emergencia.

Así que la puesta en marcha de la operación del nuevo esquema, una licitación de 4,8 billones de pesos, se vio afectada a tal punto que las empresas no lograron normalizar la situación. Diez días después del inicio de la operación, la Procuraduría General decidió suspender a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas Casas, por considerar que al parecer se desconoció el principio de planeación en la contratación y no se tomaron las medidas para conjurar la emergencia.

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