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Bogotá

Con demandas, oposición busca frenar obras claves

El próximo 27 de marzo se sabrá el nombre de los consorcios definitivos para pujar por el metro.

El próximo 27 de marzo se sabrá el nombre de los consorcios definitivos para pujar por el metro.

Foto:Cortesía: Metro de Bogotá

El metro y la troncal de la 7.ª, en la mira del Polo y una concejal de Alianza Verde. 

Felipe Motoa
En los últimos días la oposición al gobierno distrital se ha dejado sentir con fuerza. Y ha encontrado en los proyectos de infraestructura claves para la ciudad la mejor estrategia para golpear al alcalde Enrique Peñalosa y en el marco del inicio de la campaña electoral.
La demanda que interpondrá hoy el Polo Democrático contra el metro, y la acción popular de una concejal de la Alianza Verde para frenar la troncal de la 7.ª, son muestra de ello. Ambas han sido, a lo largo de estos tres años de gobierno, blanco de las bancadas de oposición, que han interpuesto recursos legales y promovido debates para expresar reparos a las dos iniciativas.
En este caso en particular, se trata de dos acciones que pretenden medidas cautelares que pongan en aprietos el metro y la troncal. Esas acciones se dan justo en momentos en que ambas están ad portas de ser adjudicadas después de varios años de estructuración y diseño y de haber superado toda suerte de obstáculos. El metro, por ejemplo, ya cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, con el apoyo de la banca multilateral y con siete de las empresas más importantes del mundo que, la semana pasada, presentaron sus propuestas para pujar por el megaproyecto.
La troncal, por su parte, tiene previsto que esta misma semana quede cerrada la licitación para su posterior adjudicación, en mayo. Se trata de un proyecto de 2,4 billones de pesos y, según la Alcaldía, beneficia a por lo menos 3 millones de bogotanos, al tiempo que reduce en dos horas los desplazamientos de la gente.
La pregunta que muchos se hacen es por qué fuerzas de izquierda –que gobernaron la ciudad durante 12 años– deciden atravesárseles a obras que ya habían contado incluso con el aval del propio Concejo.
El precandidato a la alcaldía Celio Nieves y otros miembros del Polo radicarán hoy ante el Consejo de Estado la acción contra el metro. Según ha trascendido, una de las razones es el trazado de la obra, pues, según el actual Plan de Ordenamiento Territorial, se trataba de una primera línea más extensa y con más estaciones. La que propone la Alcaldía es de 24 km, entre Bosa y la calle 72 con Caracas. También se alega que en el Concejo, durante la aprobación de vigencias futuras, hubo irregularidades, como haber obtenido dicho aval tras un concepto del Ministerio de Hacienda, que no es competente para este tipo de iniciativas.

La que propone la Alcaldía es de 24 km, entre Bosa y la calle 72 con Caracas

La también concejal de la Alianza Verde y exdirectora del IDU María Fernanda Rojas le dijo a EL TIEMPO que la acción popular que busca paralizar la troncal de la 7.ª tiene que ver con el derecho a la protección de los bienes de interés cultural y el medioambiente. “Yo justamente tuve que liquidar el contrato por la 7.ª porque no se podía ejecutar y porque esos proyectos los terminan haciendo sin el análisis de alternativas”, señaló tras agregar que “hay que actuar con responsabilidad”.
En la Alcaldía, aunque hay confianza en la solidez de los procesos, se activaron todas las alarmas por lo que pueda suceder. Para el equipo de gobierno es claro que en un año electoral este tipo de estrategias tienen un cariz político; sin embargo, Dalila Hernández, secretaria jurídica, advirtió que en caso de que una de estas acciones llegue a prosperar, “sería un impacto muy grande, hay muchísimos recursos públicos de por medio, compromisos con la banca multilateral y toda una expectativa de un megaproyecto no solo de la ciudad, sino de la nación”, dijo en alusión al metro para Bogotá.
Como se sabe, el Gobierno Nacional asume el 70 por ciento de la obra y el restante, la ciudad. “Esto dejaría muy mal parada a la nación, generaría una inseguridad jurídica para los posibles proponentes y daría indicios de un país inestable desde el punto de vista jurídico”, agregó.
Por su parte, Yanet Mantilla, directora del IDU, dijo que, aunque respeta las acciones interpuestas por las bancadas de oposición, pide que no se desconozcan los beneficios de las obras “ni mucho menos se permita que la discusión se plantee desde los intereses políticos y electorales de unos pocos, sin pensar en las necesidades de los ciudadanos”. Y añadió que su entidad confía en el criterio de los jueces.
Los principales gremios económicos hicieron un llamado para que los proyectos estratégicos en que se encuentra la ciudad no se politicen, máxime cuando en el caso particular del metro han pasado alrededor de 70 años y nunca antes se había estado tan cerca del inicio de la obra. “Pensar en retroceder, después de que los bogotanos podemos ver por fin como una realidad la más importante solución a las necesidades de movilidad, es un daño que no se le puede hacer a la ciudad”, dijo Martha Moreno, presidenta del Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca (CIBC).
Desde que comenzaron el diseño y la estructuración tanto del metro como de la troncal, se han interpuesto siete demandas contra el primero, de las cuales cinco se han fallado a favor, hay pendiente una sentencia en segunda instancia y otra que ordena dar respuesta a una demandante. Contra la segunda, ha habido tres acciones, todas falladas a favor de la ciudad.
Redacción Bogotá
En Twitter: @BogotaET
EL TIEMPO
Felipe Motoa
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