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NUNCA ME IMAGINÉ QUE CAERÍA

De no ser por Carlos Castresana, tal vez Augusto Pinochet estaría durmiendo a esta hora en su casa de Santiago. Castresana, abogado madrileño de 41 años, trabaja como fiscal de la Fiscalía Anticorrupción española y preside la Unión Progresista de Fiscales que en julio de 1996 acusó al ex dictador ante la Audiencia Nacional por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo cometidos durante el régimen militar chileno. Esa Unión también ha acusado a los ex dictadores argentinos. En esta entrevista, Castresana advierte que si en Colombia se amnistiase a los culpables de crímenes atroces sin haberse esclarecido cuando menos la verdad, la justicia internacional podría ponerse en marcha y perseguirlos.

13 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Cómo nació la idea de denunciar ante la justicia española a los ex dictadores argentinos y a Pinochet? Fue en marzo de 1996. Se conmemoraban los 20 años del golpe en Argentina. Los periódicos hablaban de que Videla vivía en un barrio de alto nivel en Buenos Aires, que Bussi era gobernador en Tucumán, que Emilio Massera formaba un partido político de cara a las elecciones. Tras leer eso, varios compañeros de la Unión Progresista de Fiscales pensamos abrir un cauce jurídico para buscar la tutela de los derechos de las víctimas. Tratábamos de evitar la impunidad generada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en Argentina y por la amnistía en Chile. El 28 de marzo de 1996, durante la reunión en Barcelona del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, yo hice la propuesta. Fue aceptada por unanimidad. La denuncia contra la Junta Militar argentina se presentó en Madrid a los pocos días. La firmé yo como portavoz de la Unión. El 4 de julio interpusimos la denuncia contra la Junta Militar chilena, con la firma del entonces presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Miguel Miravet.

Alguna vez pensó que esas denuncias podrían conducir a la detención de Pinochet? No, nunca. Ni en los cálculos más optimistas pensamos que podríamos obtener tantos resultados concretos. La idea era crear un precedente que creíamos no iba a desarrollarse más allá del ámbito jurídico, quizá concluyendo con al emisión de órdenes internacionales de detención sin consecuencias prácticas Cuáles eran los fundamentos de hecho de las denuncias? Los crímenes en Argentina y Chile estaban bien documentados por las comisiones que en ambos países intentaron establecer la verdad. Por eso avanzaron rápidamente los sumarios. En Chile se acreditaron inicialmente 3.000 desapariciones, dentro de las cuales se contaban las de seis españoles. En Argentina se concluyó en un principio que hubo unos 9.000 desaparecidos, 40 de ellos de nacionalidad española.

Qué opinión le merece la decisión el pasado miércoles del ministro del Interior británico, Jack Straw, de darle luz verde en Londres al proceso de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet? La decisión del ministro Straw me satisface porque es política y porque supone algo fundamental por lo que hemos reclamado hace tiempo: que las consideraciones de orden político, como la protección de las relaciones económicas o diplomáticas, no deben prevalecer sobre las razones de justicia.

Qué otros dictadores o ex dictadores pueden correr la misma suerte de Pinochet? El caso del general Pinochet no tiene por qué ser único. Es sólo el primero y es paradigmático dado el blindaje jurídico que él se había fabricado en Chile.

Muchas personas creen posible iniciar contra Fidel Castro un proceso semejante al de Pinochet.

No creo en esa posibilidad. En España, un juez de la Audiencia Nacional la rechazó hace pocas semanas, aunque supongo que se apelará el fallo. Según el juez, los hechos que se denuncian, que nadie duda constituyen claras violaciones a los derechos humanos, no configuran delitos contra la humanidad juzgables internacionalmente.

Cuba no es ni mucho menos el primer país violador de los derechos humanos de América Latina. Por desgracia, la situación es peor en Colombia o Perú. Según informes de Amnistía Internacional y otros organismos reconocidos, mientras en Cuba hay del orden de 600 presos políticos, en Perú hay 3.000.

La decisión de Straw afecta la transición chilena a la democracia. No le preocupa eso? Sí, pero es inevitable. Además, me da la impresión de que la decisión del ministro Straw afecta mucho a la transición chilena porque es una transición incompleta. Se ha dicho que es modélica, pero los acontecimientos demuestran que no tanto como parecía. No puede establecerse un Estado de Derecho con ciudadanos por encima de la ley que no responden por sus actos aunque constituyan crímenes perseguibles por la comunidad internacional.

Hay sectores de la sociedad en América Latina para los cuales el proceso contra Pinochet es una muestra de colonialismo español y británico. También se preguntan por qué en España no se hizo lo mismo contra Franco.

De colonialismo, nada. Esta no es una reclamación del Estado español ni está apoyada por el Gobierno. Lo que se ha hecho es prestar un servicio ofreciendo los tribunales españoles para que las víctimas de aquellos países obtengan la tutela judicial que no han conseguido. Se ha aplicado el derecho internacional creado hace 50 años, según el cual hay crímenes tan execrables que exceden el ámbito de soberanía de un país porque ofenden a toda la humanidad, de manera que es la humanidad, como sujeto de derechos, la competente para ejercer la acción penal contra los responsables si no han sido perseguidos en sus países. En cuanto a Franco, devuelvo la pregunta: Por qué quienes pudieron haberle prestado un gran servicio a España en los años 50 y 60, exigiendo responsabilidad penal a los culpables de la represión, se abstuvieron de hacerlo? Muchos españoles habrían agradecido una injerencia humanitaria similar a la actual. Y hablo de injerencia humanitaria porque es un término que ha acuñado la doctrina.

Si en Colombia se decretase una amnistía para los responsables de delitos atroces, sean militares, paramilitares o guerrilleros, cabría contra ellos una denuncia en el exterior como la interpuesta contra Pinochet? En principio, los delitos aberrantes no pueden ser perdonados en ningún caso. Pero está claro que un proceso de amnistía, que es legítimo y que en una situación como la colombiana resulta imprescindible, tiene que edificarse sobre la base de la verdad y de la justicia. Quizás el modelo a no seguir sea el de Argentina y el modelo a imitar, el de Suráfrica. En Argentina, hubo borrón y cuenta nueva, lo que excluyó la posibilidad de una reparación a las víctimas porque impidió que se supiera cómo murieron miles de personas. En Suráfrica, todo delincuente atroz que quiere acogerse a una medida de gracia debe confesar su crimen y pedir perdón. Si en Colombia se perdonasen delitos atroces sin aclarar la verdad y reparar a las víctimas, la justicia internacional podría actuar. Hay bienes jurídicos que pertenecen sólo a las víctimas, de los que ningún Gobierno puede disponer. Naturalmente el mundo entero se acogería a una interpretación benigna de las leyes para darle una oportunidad a la paz de Colombia, siempre y cuando se construya sobre la base de una estructura mínima de justicia.

Fotos: Carlos Castresana, al final de la entrevista, en su oficina de Madrid (Foto: Gilberto Villamil) Augusto Pinochet, ex dictador chileno.