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FE PÚBLICA Y BUENA FE

Dispone el artículo 83 de nuestra carta política que: las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

11 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Hemos creído conveniente analizar este principio constitucional al amparo de nuestra condición que, como Contadores, nos faculta para obtener fe Pública. En efecto, tanto a nivel de la carta magna como a nivel legal, nuestras actividades como Contadores y/o Revisores Fiscales se encuentran investidos de una doble presunción susceptible de atacarse para demostrar su ilegalidad. No obstante lo anterior, quizás por la evidente inversión de valores que aqueja a nuestra sociedad, ni las autoridades, ni los particulares, estamos dando cabal aplicación a este principio fundamental que en el evento de ser aprehendido y aplicado de manera rigurosa, posiblemente facilitaría el desenvolvimiento de las relaciones personales y comerciales de una forma más expedita y quizás certera.

Consideramos que la problemática sugerida debe enfocarse cuando menos desde dos frentes básicos. El primero de ellos y tal vez el de menor trascendencia es el legal, el cual nos permite insistir en la necesidad de reivindicar nuestra actuación profesional sin que la misma sea cuestionada salvo prueba en contrario Qué significa lo anterior?. Pues sencillamente que particulares y especialmente autoridades, están en la obligación de respetar y avalar positivamente los actos, informes, estados financieros, certificaciones y demás, como se avalan especialmente los actos de notarios y jueces, los que por fortuna no son materia cotidiana como sí los rubricados por Contadores Públicos.

La otra perspectiva que advertimos del problema, trasciende lo jurídico y nos ubica en lo ético; para plantearlo, nada más oportuno que cuestionarnos de manera franca y sin tapujos, sobre las razones por las cuales, se duda o se cuestiona mas la veracidad de los actos avalados por los Contadores Públicos que por los notarios, ambos guardianes por excelencia de la fe pública. El interrogante tal y como se encuentra sugerido, no está desvirtuando de tajo que muchos actos proferidos por notarios no sean controvertidos e incluso declarados ilegales porque casos se han visto; lo que se plantea es que pareciera que gracias al formalismo que nos caracteriza, el papel notarial y los sellos en el impuesto, tuviesen la fuerza suficiente para brindar la confianza pública, propia de la condición de fedatarios.

Aceptar esta tesis, sería dar la razón y de paso evidenciar una clara contradicción frente al tema de las formalidades que a diario sacrifican el derecho sustancial. Nos inclinamos por pensar que el problema radica fundamentalmente en una pérdida de credibilidad generalizada, gracias al inmenso daño que a la profesión contable le hacen unos pocos colegas que se prestan para vender su firma al mejor postor, sin entrar en consideraciones distintas que el beneficio estrictamente personal.

Mientras en Colombia pueden existir 500 Notarios, vigilados de manera especial por una superintendencia fuerte y a los cuales se les garantiza una infraestructura y recursos suficientes para el ejercicio de la tarea encomendada por el Estado, actualmente estamos cerca a los 75.000 Contadores Públicos con idéntico e incluso mayor poder, pero enfrentados a una guerra generada por la competencia muchas veces desleales, que facilita en mayor grado, la comisión de faltas que terminan minando la imagen y credibilidad que lleva implícita nuestra rúbrica. Por éstas razones, entre otras, a la Junta Central de Contadores, tribunal ético, se le debe reforzar su estructura jurídica, operativa y administrativa para que cumpla con mayor eficiencia su función de inspección y vigilancia.

Así las cosas, considero que la disciplina que cultivamos requiere, además de normas legales e incluso constitucionales que nos protejan, un cambio radical y profundo de actividad, un control severo ejercido por nuestro tribunal y colegas, tendiente a evitar que se cometan desafueros por las manzanas podridas que termina por afectar la imagen y confianza que busca difundir la gran mayoría de los Contadores Públicos que ejercemos digna y decorosamente la profesión. Es urgente depurar desde la universidad, pasando por su ejercicio, la actividad de la contaduría; no podemos prestarnos al juego de la doble contabilidad, del patrocinio a la evasión, hacernos los de la vista gorda frente al pago de comisiones o la elaboración de Estados Financieros maquillados, todo ello por unas monedas que jamás compensarán el daño irreparable a toda una comunidad que como la contable espera vivir de su ejercicio y del servicio idóneo a la sociedad.

La buena fe se presume y la fe Pública se nos confía, pero una y otra, requieren ser ejercidas con seriedad, respeto, profesionalismo y un gran sentido de la ética para evitar que en un país dominado por la juridicidad, siempre exista alguien que nos recuerde tener la prueba en contrario que controvierta nuestra honorabilidad.

No basta la presunción; la misma no pasa de ser un principio que en antaño garantizó la realización de negocios de palabra entre nuestros padres y abuelos. Hoy, son necesarios hechos concretos, reales, cotidianos, que afiancen la credibilidad y seguridad que estamos llamados a promover en el seno de una comunidad que como la colombiana, se esta cansando por desgracia, de creer en la palabra de sus hombres, quizás algún día, con nuestro decidido ejemplo y concurso, principios como el de la buena fe recuperados por el constituyente de 1991, pueda tener efectiva aplicación. El día que lo logremos, la historia nos reconocerá ese momento glorioso y los hombres lo agradecerán eternamente.