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CIERRAN INVESTIGACIÓN A RITO ALEJO

El proceso disciplinario que contra los generales del Ejército Nacional, Rito Alejo del Río y Fernando Tapias Stahelin, seguía la Procuraduría General de la Nación por la masacre de Mapiripán (Meta), fue archivado por considerar que se basaba en pruebas inexistentes.

16 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

El procurador Jaime Bernal Cuéllar consideró que las quejas anónimas mediante las cuales se les atribuía un comportamiento irregular a los generales, son muy vagas e imprecisas por lo cual no aportan elementos que permitan iniciar una investigación preliminar.

Según un desconocido denunciante, los asesinatos múltiples de campesinos, y trabajadores de Urabá, La Orqueta (Cundinamarca), La Cooperativa, Mapiripán y Puerto Alvira (Meta) y de defensores de derechos humanos fueron cometidos por militares en servicio activo y por grupos paramilitares dirigidos por oficiales y suboficiales del Ejército al mando del general Rito Alejo del Río y avalados por el entonces segundo comandante del Ejército, general Fernando Tapias Stahelin.

Además, agrega la denuncia, Del Río era llamado el Pacificador de Urabá durante los años 1988 y 1989 porque no perseguía a los paramilitares y permitía que desarrollaran libremente sus actividades.

Sobre este punto, la Procuraduría dijo que para iniciar una acción disciplinaria debe haber hechos concretos y no ser el resultado de un pensamiento estrictamente subjetivo, de sospechas o rumores .

El Procurador además de encontrar sin fundamento alguno las imputaciones, realzó la existencia de documentos que, según él, dejan ver que las actuaciones de los generales han sido transparentes.

Estos documentos, que fueron enviados al presidente Andrés Pastrana el 14 de septiembre de 1998, están respaldados por la firma con cédula de más de 450 personas identificadas como habitantes de la zona de Urabá, que realzan las bondades que, según ellos, caracterizan al general Del Río, en cumplimiento de sus funciones.

Por todo lo anterior, el jefe del Ministerio Público ordenó el archivo de las diligencias que se habían realizado hasta el momento sin perjuicio de que si en el futuro se allegaran al expediente pruebas que comprometieran a los altos oficiales en dichas masacres, éste se abriera nuevamente para imponer las sanciones correspondientes.