Archivo

CONGELADA LA NÓMINA OFICIAL

Si usted es uno de los centenares de aspirantes a un cargo en el sector público y todavía no ha realizado el examen de admisión, lo más seguro es que su nombramiento se demore varios meses más. Mejor dicho, no se haga ilusiones y empiece a buscar una oportunidad en el sector privado. Mediante el decreto 2505, el Gobierno decidió congelar la nómina de las entidades del orden nacional, mientras se realiza el estudio de plantas de personal, el cual será complementado con el trabajo de reestructuración, fusión o supresión de entidades, para el cual el Congreso facultó al presidente Andrés Pastrana.

18 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

La medida se aplicará para aquellos cargos vacantes en los que aún no se haya iniciado el proceso de selección, es decir, que no hayan sido objeto de concurso.

En la actualidad, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública avanzan en la identificación de los cargos que se encuentran vacantes, con el fin de determinar si éstos deben ser suprimidos o por el contrario, pueden ser llenados en los próximos días.

La congelación de la nómina oficial tiene como objetivo evitar que los jefes de organismos públicos se dediquen a nombrar personal en momentos en que el Gobierno está decidido a reducir el tamaño del Estado.

Al sector privado El apretón burocrático busca contribuir a la reducción del gasto en funcionamiento durante 1999 y disminuir el déficit fiscal. El pasado lunes, el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar anunció un recorte del gastos para el próximo año, equivalente a 1,7 billones de pesos.

El gobierno aspira a que buena parte de los funcionarios que salgan de las instituciones oficiales como consecuencia de la reestructuración, sean absorbidos por el sector privado, mediante el programa de incentivo a la generación de empleo, contemplado en la Reforma Tributaria aprobada el martes pasado.

Aunque el gobierno conformó recientemente la comisión que se encargará de hacer el estudio sobre fusión y supresión de entidades públicas, desde hace varios meses, inclusive en el pasado gobierno, se plantó la liquidación de entidades como el Inpa, los fondos de cofinanciación (DRI y FIU), el Inurbe, e inclusive los ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior. Así mismo, se ha planteado la fusión del ICA con Corpoica y de la superintendencia de Sociedades con la de Valores, entre otros organismos.

De acuerdo con un documento que maneja el propio gobierno, las instituciones del Estado están descuadernadas. Lo que tenemos es un régimen de desorganización administrativa, sin orientación y sin principios, y que todo se lo gasta .

COSTOS MILLONARIOS Nadie a ciencia cierta sabe cuántas entidades del orden nacional, departamental y municipal existen en el país. Ni la Función Pública ni el Ministerio del Interior lo conocen exactamente.

Lo cierto es que pese a que en todos los gobiernos se han hecho planes de racionalización del gasto público, basados en la supresión de entidades, la burocracia sigue en ascenso.

Existen nóminas paralelas y asesorías que en la mayoría de ocasiones resultan más costosas que los empleados de planta.

Un informe oficial indica que la nómina de los 16 ministerios existentes, con sus respectivas unidades, cuesta al mes 110.929 millones de pesos. Los cargos actualmente suman 642.888.

En 1992, un año después de aprobado el artículo 20 transitorio de la Constitución, que autorizó a la administración Gaviria para fusionar, reestructurar y liquidar empresas del Estado, la nómina oficial era de 442.389 personas. Y el costo 33.079 millones de pesos.

El informe, que es confidencial del Ministerio del Interior, indica que en el sector público hay multiplicidad de funciones. En salud, educación y transporte se cumple el mismo paso hasta cinco veces porque hay que pasar por el orden nacional, departamental, municipal y distrital.

Eso hace, por ejemplo, que cerca del 60 por ciento del Presupuesto Nacional corresponda a funcionamiento.