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LA SALUD HARÁ PARTE DEL JUICIO SOBRE EMERGENCIA

Como consecuencia de la emergencia económica, 85.000 millones de pesos destinados para la salud terminarán en las arcas del Gobierno para afrontar la crisis de las entidades financieras.

01 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Cada vez que los recursos del sector cambien de mano, un porcentaje del dos por mil de esos dineros tendrá que ser cancelado por departamentos, EPS y hospitales por concepto de impuesto a las transacciones bancarias.

Estos argumentos llevaron al ministro de Salud, Virgilio Galvis, a pedirle al ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, exonerar al Fondo de Solidaridad y Garantía del llamado impuesto bancario. Este documento hará parte desde hoy del conjunto de pruebas que serán estudiados por la Corte Constitucional en su análisis de la emergencia económica.

La Corte expidió ayer un auto en el que le pide a los dos Ministros informarle en un plazo de un día, sobre el contenido de su cruce de cartas así como de todos los cuadros y estudios que llevan al Ministerio de Salud a oponerse a que el sector sea afectado por las medidas decretadas con base en el estado de excepción.

La decisión fue adoptada por el magistrado José Gregorio Hernández, uno de los ponentes del tema en el alto tribunal. La respuesta del Gobierno será de importancia para determinar si el impuesto del dos por mil es ajustado a la Constitución.

En especial, la Corte tendrá que estudiar si es válido de acuerdo con la carta política que los recursos de la salud se destinen por esa vía a garantizar la solidez del sector financiero.

Las pruebas solicitadas ayer por la Corte se suman a otras que buscan establecer si la emergencia cumple con todas las exigencias legales para ser decretada y sobre lo cual la corporación ya está en espera de las respuestas del Gobierno.

Los principales argumentos con base en los cuales el Gobierno defenderá la declaratoria serán las cifras de cuarenta y dos entidades financieras intervenidas, deudas vencidas que alcanzan los cinco billones de pesos y la necesidad de proteger a cerca de 15 millones de ahorradores colombianos.

El ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien ha defendido a capa y espada la emergencia, tendrá que demostrar ante el alto tribunal si de verdad el país estaba a las puertas de una crisis financiera de proporciones mayores o similares a la registrada en 1982.

La semana pasada la Corte destapó le enviarle un cuestionario al Gobierno cuyas preguntas van encaminadas a indagar sobre la columna vertebral de la emergencia: si hay un verdadero riesgo de quiebra del sector financiero o si las entidades afectadas son solo unas pocas; si están en peligro los dineros de los ahorradores o si de lo que se trataba era aliviar las pérdidas de la banca.

La complejidad de estos asuntos llevó ayer a la Corte a ampliar por cinco días más el plazo para que el Gobierno conteste las preguntas y adjunte los documentos solicitados por ella.

Sin embargo, se prevé que las respuestas oficiales contengan argumentos similares a los que el Ministro de Hacienda ha expuesto públicamente y en su informe ante el Congreso.

Entre otros puntos, el equipo económico del Gobierno presentará balances que muestran que la cartera vencida de las entidades financieras alcanza los cinco billones de pesos y los bienes entregados en dación en pago llegan a 1,6 billones.

Además, que ocho de un total de 33 bancos reportaron índices de cartera vencida superiores al 10 por ciento y de estos, cinco mostraban índices entre el 15 y 29 por ciento. En el caso de las corporaciones de ahorro y vivienda el índice de cartera vencida pasó en un año del 7,0 al 12 por ciento.

El Fogafin ha tenido que destinar cerca de un billón de pesos para respaldar a las entidades en dificultades.