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BURRO, SAXO Y CORTE

Mientras los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se vieron a gatas para resolver los más de 1.600 recursos de casación que les llegaron durante este año y las cerca de 2.500 tutelas que en segunda instancia les correspondieron, hubo una tarea que también les exigió tiempo.

21 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Se trata de la facultad que tiene la Sala Plena de la Corte Suprema para dirimir los conflictos de competencia de la jurisdicción ordinaria que no le correspondan a otra de sus salas o a otra autoridad judicial. Es decir, los magistrados deben ocuparse de definir cuál es la instancia que debe decidir un pleito. Un ejemplo: La Fiscalía o un juzgado? Se trata de una labor titánica . Sólo en 1998, la plenaria del máximo tribunal de justicia ordinaria tuvo que atender 452 casos. De ellos, los juristas evacuaron 421.

Todos los magistrados de la corporación tuvieron que dejar a un lado procesos penales a punto de prescribir, investigaciones contra congresistas, peticiones de libertad y hasta el expediente contra los jueces del ex presidente Ernesto Samper.

El motivo: acatar su deber, la ley y la Constitución. Sin embargo, según magistrados consultados por EL TIEMPO, la Corte Suprema de Justicia no aguanta más y está literalmente asfixiada de trabajo.

Lo peor es que la mayoría de las colisiones de competencias plantean episodios que, aunque son importantes, podrían ser analizados por otras instancias judiciales como los tribunales.

Para la muestra dos casos. Los 23 magistrados tuvieron que dedicar más de tres horas a dirimir dos pleitos. El primero, el de una pareja que decidió llevar a los estrados un problema de celos que derivó en el robo de un saxofón. El otro, un litigio por la tenencia de un burro.

Pelea de pareja por un saxofón de $2 800.000 En la primera semana de diciembre, una pelea de pareja tuvo reunidos a los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El debate duró más de una hora.

Aunque el asunto a resolver no tenía nada que ver con los vericuetos propios de las relaciones afectivas, sí resultó bastante complicado.

La Sala Plena tenía que encontrarle solución al problema generado por María del Pilar Mosquera Caraballi, quien en un ataque de celos le arrebató a su compañero permanente un saxofón, cuyo valor exacto quedó estipulado en el proceso en 2 800.000 pesos.

Con base en el precio del instrumento musical, los magistrados debían resolver una colisión de competencias y dirimir cuál era la instancia encargada de resolver en Puerto Tejada (Cauca) el litigio de María del Pilar y el dueño del saxofón Graciliano Montaño Díaz.

El Juzgado Penal Municipal o la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito?, esta era la pregunta de fondo.

El proceso se inició porque el propietario del saxofón denunció penalmente por hurto a su compañera. María del Pilar aseguró que su intención no era la de robarle nada a su pareja sino darle una lección porque éste había negado a unos amigos que los dos vivían juntos.

La denuncia se elevó ante el Cuerpo Técnico de la Fiscalía de Puerto Tejada. Sin embargo, la Fiscalía dijo que no tenía competencia para tramitarla y la remitió al Juez Promiscuo Municipal de la localidad. El Juez tampoco quiso recibirla.

El argumento: el costo del saxofón, es decir los 2 800.00 pesos, superaba la cantidad máxima que, según la ley 228 de 1995, podía investigar esa instancia judicial.

Entonces el expediente del saxofón pasó nuevamente a la Fiscalía. Repartió el pleito de la pareja y le correspondió a la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Puerto Tejada. Tampoco lo aceptó y alegó falta de competencia, Así las cosas, el juez dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia la colisión de competencias con la Fiscalía. La decisión? La plenaria del máximo tribunal de justicia ordinaria del país decidió dejarle el pleito a la Fiscalía para que avance en la investigación.

23 magistrados definen colisión por un asno Por un burro los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron que reunirse en Sala Plena para establecer qué instancia judicial debía hacerse cargo del problema generado entre sus dos dueños.

La historia comenzó cuando Lucas Barreto se dio cuenta de que Francisco Oliveiro incumplió con un negocio que habían pactado y por el cual ya le había entregado como pago adelantado el animal.

De inmediato acudió a donde se encontraba el burro, que en ese momento estaba a punto de transportar un bulto de alambre de púas.

Sin mediar palabra, Lucas Barreto descargó el alambre, le cambió el cabestro (la silla de montar) por la que llevaba consigo y se llevó el asno para su casa. Todo esto, en presencia del propio Oliveiro y de otras personas que estaban en el lugar.

El indignado segundo dueño procedió a denunciar a Barreto ante la inspección Municipal de Policía de Gama (Cundinamarca).

Una vez que esa inspección remitió las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal, éste consideró que se trataba de un hurto calificado y con esa calificación envió el proceso a la Fiscalía de esa localidad para que le diera el trámite correspondiente.

Sin embargo, para el fiscal local no se trataba de un hurto calificado sino de una contravención especial denominada de ejercicio arbitrario de las propias razones.

Esta figura se da cuando una persona ejerce un derecho sin acudir a la autoridad. Esto, en su criterio, estaba demostrado en el hecho de que Barreto entendió que el derecho de propiedad sobre el asno era aún suyo ya que Oliveiro incumplió con la respectiva negociación.

Fue así como el fiscal remitió por competencia el proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de Gama, el cual se excusó diciendo que si se trataba de esa contravención, su conocimiento debía ser remitido a la Inspección Municipal de Policía.

La razón: al juzgado están atribuidas las contravenciones que tienen como sanción la pena de arresto y no las que tengan establecida una multa.

Por lo anterior, ordenó remitir el proceso al Juzgado Penal del Circuito de Gachetá que tampoco quiso asumirlo, al argumentar su incompetencia para hacerlo.

Por eso, la colisión quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía o el juzgado? Los 23 magistrados determinaron que el pleito debe tramitarlo el Juzgado Promiscuo Municipal de Gama. En su criterio, la conducta de Barreto encajaba en la contravención especial de ejercicio arbitrario de las propias razones.