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UN POLICÍA DEBERÁ PAGAR POR SU ERROR

En la madrugada del 22 de enero de 1994, un comando de la Policía, integrado por un mayor, un cabo segundo y tres agentes, irrumpió en la casa de Edgar Armando Chamorro Rojas, un agricultor de 33 años residente en el municipio de Sandoná (Nariño).

23 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

En presencia de sus dos hijos, de 10 y 6 años, Chamorro perdió la vida como resultado de varios impactos de arma de fuego, al igual que otras tres personas. En medio de la oscuridad, los uniformados salieron del lugar en un campero amarillo.

Según el testimonio de una mujer, avalado en el proceso: El hijo de Armando me contó que su papá le decía en ese momento Mi mayor, no me vaya a matar . Otro relató: Luego vimos cuando lo entraron a Armando a la sala y le disparó el mayor de la Policía un tiro y lo mató... .

Aunque la justicia penal militar finalmente absolvió por el delito de homicidio al entonces mayor Siervo Antonio Buitrago Téllez en esa época comandante de la Estación de Policía de Sandoná y que dirigió la operación, el episodio sirvió al Consejo de Estado para fijar una doctrina sin antecedentes.

Al aceptar una acción presentada por los familiares de Chamorro, los consejeros condenaron a la Policía a pagar a los deudos más de 47 millones de pesos (3.500 gramos oro) como indemnización por incurrir en una falla del servicio en el crimen del agricultor. Sin embargo, la sentencia va más allá.

Dolo y culpa grave Los consejeros determinaron que el mayor que dirigió el operativo deberá meterse la mano al dril para pagar los más de 47 millones de pesos impuestos al Estado por su error. La razón: el entonces oficial de la Policía ahora desvinculado se extralimitó en su obrar y actuó, cuando estaba en servicio, con dolo y culpa grave.

Es decir, deberá pagar el 100 por ciento de la condena y no el 20 por ciento como lo determinó, en primera instancia, el Tribunal de Nariño.

El Consejo de Estado respaldó la declaración de otro testigo, según la cual: Armando nos había comentado que el mayor de la Policía lo amenazaba que lo iba a matar, que le tenía mucha bronca...Incluso el mayor lo había desafiado públicamente a matarse...Todo por un lío con una mujer .

Según la sentencia, proyectada por el consejero Jesús María Carrillo Ballesteros: la actuación del entonces mayor Buitrago va en contra de la misión de la Policía de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El fallo uno de los primeros de su naturaleza deja en el pasado el hecho, según el cual nunca un militar había tenido que meterse la mano al bolsillo para ayudar al Estado a pagar una condena impuesta por uno de sus errores. Todo corría por cuenta de la Nación, representada en el Ministerio de Defensa.

Así, según el Consejo de Estado entre mayo 4 y el 19 de noviembre de 1998, el Ministerio de Defensa destinó $461 916.320 al pago de indemnizaciones a familiares de víctimas de excesos de miembros de la Fuerzas Pública. En el mismo período, la Policía pagó $1.526 522.746; el Ejército, $328 556.389; la Fuerza Aérea, $165 456.247 y el DAS, $42 471.601. En total, $2.524 923.303.