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COMUNIDADES DE PAZ

Por tercera vez consecutiva, Colombia ha sido galardonada con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa, que se otorga todos los años, por iniciativa de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, a ONG que hayan demostrado una especial y efectiva preocupación por la aplicación de estos derechos en zonas o países donde se viven situaciones delicadas que tienden a conculcarlos y anularlos.

26 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Podría parecer paradójico que a un país como el nuestro, señalado por la comunidad internacional como zona roja de los derechos humanos, se le otorguen estas distinciones. Ello revela, sin embargo, una situación bien clara y que conviene resaltar: por un lado, grupos minúsculos antagónicos empeñados en la violación de tales derechos y en el atropello constante a la población civil indefensa; y por otro, un país que anhela la paz, que defiende los derechos humanos y las libertades civiles y que está dispuesto a no dejarse derrotar por esos grupos armados que, mediante crueles acciones masacres, amenazas, secuestros, intentan amedrentarlo. Es a este país pacifista y respetuoso de los derechos humanos al que se le han otorgado los galardones mencionados, que le entregó el primer ministro francés, Lionel Jospin, a la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, de Pavarandó, en ceremonia efectuada en París el pasado 10 de diciembre, y repetida en la embajada de Francia en Colombia el 17, con presencia del delegado de la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, Ernesto Ramírez Flórez, quien explicó a los asistentes a la rueda de prensa el trabajo que realizan las comunidades de paz en el propósito de aliviar la situación de los desplazados y de conseguirles el retorno a sus sitios de origen. Se quejó con razón de que el reconocimiento a esta labor hubiese provenido de afuera, del extranjero, y no de Colombia, donde las entidades gubernamentales han permanecido casi indiferentes a los esfuerzos de las comunidades de paz. No obstante, el señor embajador de Francia destacó como una señal positiva la voluntad del Gobierno de obrar en favor de los derechos humanos, expresada por el señor vicepresidente Bell, quien dio a conocer la semana pasada los lineamientos de esa política .

Sin duda, el gobierno colombiano deberá realizar esfuerzos ingentes para obtener que los derechos humanos tengan plena vigencia en cada centímetro del territorio nacional, y quizá nada sería tan efectivo al respecto como prestarles a las comunidades todo el apoyo posible, de modo que la voluntad gubernamental expresada por el Vicepresidente de la República se traduzca en hechos prácticos.

Como lo revelaron con relatos conmovedores el delegado de la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, de Pavarandó, y otros participantes en la rueda de prensa en la embajada francesa, el drama de los desplazados es inmenso, es una tragedia colectiva de cuya magnitud no se tiene ni mediana idea en los centros urbanos, excepto por las oleadas de campesinos que llegan a ellos huyendo de las amenazas y de la persecución de los paramilitares o de los grupos subversivos. Los desplazados en Colombia, que pasan del millón de personas, son familias que lo han perdido todo. Sus parcelas, sus casas, sus enseres, su hábitat. Para tanta desdicha no hay otra solución que la de facilitarles el retorno a lo que era suyo, y legalmente sigue siéndolo. En ejercicio del Derecho Internacional Humanitario, el gobierno colombiano debe imponer el respeto a la neutralidad de la población civil en las zonas de conflicto mediante tratados por los cuales los grupos subversivos y antisubversivos se comprometan a no emplear la fuerza para obtener la cooperación de los civiles.

En esta labor de garantizar la neutralidad de la población civil, las comunidades de paz son un factor decisivo.