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DESPEJE EN FF.AA. Y CONTRALORÍA

FF.AA. y justicia: más resultados, menos personal Desde la década de los 70, la nómina de las Fuerzas Militares no ha sido recortada. En ese entonces, la administración del presidente Alfonso López Michelsen redujo de 50.000 a 40.000 el número de efectivos del Ejército. Al final de su mandato sube el número a 60.000.

05 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Con Virgilio Barco empieza el nuevo crecimiento. Se crean divisiones en Santa Marta, Bucaramanga y Cali por facilidad de movilización a las áreas de desarrollo y por la presencia guerrillera en esos sitios. El Ejército pasa de 60.000 hombres a 70.000 y sube hasta 114.000. En el gobierno Gaviria pasa de 114.000 a 121.000, crece en 28 batallones, especialmente de logística y de contraguerrilla.

Hoy en día, 150.000 hombres, incluidos civiles, hacen parte de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. Ahora, sin embargo, se abre de nuevo la posibilidad de disminuir el tamaño del sector Defensa.

El Ministerio de Defensa no ha definido la manera de hacer un recorte de personal a propósito del proyecto de reestructuración de la administración pública. Su actual estructura está conformada por cinco divisiones, 25 brigadas, 43 batallones de infantería, nueve batallones de caballería, ocho batallones de artillería, 12 batallones de ingenieros, 19 de servicios y 50 batallones de contraguerrilla, además, de tres brigadas móviles.

La perspectiva de ajuste, no obstante, pone al ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, frente a un dilema: disminuir el tamaño de las FF.AA. y hacerlas más efectivas. Precisamente, se trata de una de las inquietudes planteadas por el Departamento Nacional de Planeación en el Plan de Desarrollo.

La razón: sólo en 1997 el Ejército pedía 20.000 hombres más, pero no utilizaba racionalmente su pie de fuerza. En la realidad, los episodios de Las Delicias, Patascoy, La Carpa, Puerres, El Billar y Pavarandó, que dejaron un centenar de muertos y más de 200 militares secuestrados, pusieron en evidencia las falencias de la efectividad de las Fuerzas Armadas.

Aunque tiene el mismo dilema de las FF.AA., el panorama en la justicia es diferente. La planta de personal de la Rama Judicial, que hoy en día alcanza los 42.196 cargos, entre magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios auxiliares, se ha incrementado en más de 15.000 nuevos servidores desde la expedición de la Constitución de 1991. Esto equivale a un aumento de un 55 por ciento en el número de funcionarios.

Lo anterior se debe a las nuevas instituciones creadas por la Carta: la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura.

En leyes posteriores se ha previsto además la creación de jueces especializados, como el caso de los jueces administrativos, que todavía no han podido entrar en funcionamiento, precisamente por falta de recursos a pesar de que la ley fijó un plazo perentorio para su entrada en operación.

Hoy en día, 150.000 hombres, incluidos civiles, hacen parte de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.

Paralelamente, el anunciado recorte que pretende llevar a cabo el Gobierno se convertirá en un obstáculo no sólo para los objetivos de efectividad de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la guerrilla sino que restringirá las perspectivas de mejorar el funcionamiento de la justicia colombiana.

Según voceros del Ministerio de Defensa, si, por ejemplo, hay un recorte superior a los 50.000 millones de pesos, las tropas tendrían problemas para realizar las operaciones en zonas donde el orden público esté alterado.

El ajuste afectaría todo lo relacionado con compra de equipos, combustible para aviones, carros y buques, dotaciones, llantas y repuestos, así como municiones y uniformes.

En las próximas semanas el Gobierno expedirá los primeros decretos que le permiten suprimir, fusionar y reestructurar entidades oficiales. El primero de esos decretos ordenará la congelación indefinida de las vacantes que existen en distintas dependencias oficiales.

Aunque no se conocen el número de empleados oficiales que saldrían de sus actuales cargos, el sindicalismo habla de 100 mil.

EL TIEMPO presenta hoy dos casos que ilustran el por qué y el cómo se haría la reestructuración administrativa en la Contraloría General de la República y los efectos que tendría en una institución como la de las Fuerzas Armadas.

En la Contraloría, según las primeras versiones, de una planta de 5.608 funcionarios que existen, saldrían, inicialmente, 1.300: 400 corresponden a vacantes que no serán cubiertas; 600 son empleados provisionales para quienes no se abriría concurso y otros 300 saldrían porque están a punto de jubilarse. Para todos habría indemnización por parte del Estado.

El Ministerio de Defensa no ha definido la manera de hacer un recorte de personal. Su actual estructura está conformada por cinco divisiones, 25 brigadas, 43 batallones de infantería, nueve batallones de caballería, ocho batallones de artillería, 12 batallones de ingenieros, 19 de servicios y 50 batallones de contraguerrilla, además, de tres brigadas móviles.

LO QUE HAY Según el Departamento Nacional de Planeación, en 1997 el Ejército pedía 20.000 hombres más, pero no utilizaba racionalmente su pie de fuerza. La relación entre el personal en zonas de combate y en oficinas presentaba un desnivel de 1 a 8, respectivamente.

El Ejército tiene bases dispersas en el territorio nacional que lo obliga, también, a la dispersión de tropas.

En cuanto a la Policía, aunque ha sido efectiva para combatir a los carteles de la droga, no ha podido con la criminalidad en las ciudades. Es el caso de Bogotá.

En 1997, la Fuerza Pública tuvo el presupuesto más grande de su historia: 4,6 billones de pesos. No obstante, Planeación Nacional encontró que la mayor cantidad de recursos económicos para operaciones de orden público e inversión en infraestructura no se tradujo en mejor capacidad y efectividad para prestar seguridad.

LA CONTRALORIA Si se aplicara el recorte anunciado por el Gobierno, de los 5.068 funcionarios que hoy tiene la Contraloría General de la República saldrían, inicialmente, 1.300 empleados así: Actualmente existen 400 vacantes que no se van a llenar. Esas vacantes vienen desde la administración anterior a la de Carlos Ossa. A ellas, se suman 600 nombramientos que hoy existen provisionalmente y para los cuales no se abrirá concurso.

Con los decretos que está a punto de expedir el Gobierno, habrá un plan de retiro para otros 300 funcionarios próximos a jubilarse. Estos 1.300 cargos le permitirían al Estado ahorrarse, en promedio, 16.000 millones de pesos al año, recursos que, según el Contralor General, servirían para mejorar la escala salarial de los que se quedan e indemnizar a los que se suprimen.

CAMBIAR LA CULTURA DEL PUESTO POR LA DEL TRABAJO La estructura jerárquica y rígida con que opera la Contraloría General de la República ha llevado a que el edificio donde funcionan sus oficinas centrales en Bogotá sea conocido como la Torre de Babel o el Triángulo de las Bermudas . Esto, en razón a que la mayoría de las investigaciones que producen las seccionales de la entidad desaparecen, se archivan en las gavetas o se chantajea políticamente con ellas.

Lo anterior trae consecuencias. En los últimos cuatro años, por ejemplo, la Contraloría denunció pérdidas anuales por 2,5 billones de pesos, pero la Dirección de Investigaciones Fiscales sólo abrió juicios de responsabilidad por 16 mil millones, de los cuales la Unidad de Jurisdicción Coactiva, oficina encargada de recuperar esos recursos para el Estado, apenas consiguió ese objetivo en 2.000 millones de pesos. Del resto de los dineros no se sabe nada.

Esto es más preocupante si se tiene en cuenta que en sólo seis meses la Contraloría Distrital ha recuperado 3.000 millones de pesos en acciones legales.

Lo anterior, a juicio del contralor general, Carlos Ossa, obedece a la ineficacia e inoperancia en el ejercicio del control fiscal , que se traduce en excesiva centralización de las decisiones, carencia de personal capacitado, escasa comunicación entre dependencias y demasiados mandos medios que obstaculizan el trabajo.

Por ejemplo, cada una de las siete direcciones operativas que tiene la Contraloría cuenta, a su vez, con cuatro unidades más que hacen parte de todo un engranaje dedicado al control fiscal. Esas unidades tienen sus propios equipos de trabajo en las áreas económica, de infraestructura, social, minas y energía, agricultura, etc. El proceso se repite, casi exacto, en las 32 seccionales de la Contraloría en todo el país.

Son 5.068 funcionarios de planta, de los cuales el 30 por ciento pertenecen al nivel operativo y administrativo; el 60 por ciento al nivel profesional, el 7 por ciento al nivel ejecutivo y el 0.95 por ciento son asesores.

Por todo esto, la Contraloría es una de las entidades que el Gobierno entrará a reestructurar en las próximas semanas, y esto incluye la supresión de oficinas, la fusión de otras y la eliminación de más de 1.300 cargos de aquí a junio de 1999. Me angustia la falta de cultura del servicio orientada a la productividad , dice Ossa.

Con el actual sistema, a juicio del Contralor, lo que se ha venido conformando son una especie de repúblicas independientes que no permiten que la información fluya.

El otro problema es la carrera administrativa. La ley estableció un número de profesionales, personal operativo y una planta global de funcionarios que, sin embargo, no consulta en los concursos el tipo de perfil que se requiere en cada cargo. Se da el caso de que en algunas dependencias hay más abogados de los que se necesitan, mientras que en otras, donde se requiere personal calificado, hay lingistas, sociólogos, trabajadoras sociales, etc.

La planta de las seccionales se designa sin ningún criterio o con criterio político. Ha imperado más la cantidad que la calidad de los funcionarios , añadió Ossa.

A todo esto hay que añadirle la baja remuneración que perciben los empleados de la Controlaría. Incluso, es inferior a la de otras dependencias de control como la Fiscalía o la Procuraduría General de la Nación.

En síntesis, lo que se pretende hacer con la Contraloría, según su titular, es cambiar la cultura del puesto por la cultura del trabajo .