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COMCEL PODRÍA PERDER LICENCIA DE CELULAR

Por prestar servicios de larga distancia internacional sin la debida autorización, Comcel podría perder la concesión que tiene para prestar el servicio de telefonía móvil celular.

26 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Así se desprende de las acciones emprendidas ayer por el Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), entidades que anunciaron varias investigaciones en contra esa empresa.

El hecho que desencadenó la investigación se registró el pasado domingo, cuando Comcel anunció un servicio a sus usuarios de llamadas internacionales, a través de Internet, a 770 pesos el minuto a cualquier parte del planeta.

El servicio está basado en la tecnología IP (Internet Protocol), que convierte la voz de una persona en paquetes de datos. Después, la envía fuera del país a través de Internet. Una vez la información llega a su destino, el sistema convierte la información en voz y la entrega al usuario de destino.

Luego de analizar durante tres días el tema, el Gobierno llegó a la conclusión de que las características del servicio que está ofreciendo Comcel corresponden a las de una llamada de larga distancia internacional y no uno de valor agregado, pero antes de tomar una decisión sobre el tema, debe poner fin a las investigaciones.

Pero Comcel no comparte esa opinión. Peter Burrowes, presidente de la empresa, cree que este servicio no es ilegal y que la transmisión de voz a través del Protocolo de Internet, en no tiempo real, está permitido por la ley.

Por su parte, la CRT le dijo a la ministra de Comunicaciones, Claudia de Francisco, que dicha tecnología está basada en la transmisión y conmutación de voz que, en términos reales, no es más que una llamada de larga distancia.

Este concepto se soporta, entre otros, en la definición que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre larga distancia, y acogida por nuestro país.

Es de recordar que para prestar servicios de larga distancia, de acuerdo con la Ley, los operadores deben solicitar una licencia de larga distancia, al igual que las otorgadas a la ETB y Orbitel, y pagar 150 millones de dólares.

Por su parte, los miembros de la CRT y del Gobierno creen que Comcel debe acogerse a lo establecido en la Ley 37 de 1993, conocida como Ley Celular, así como a los contratos firmados con el Estado, en el que se le prohibe prestar el servicio de larga distancia nacional e internacional de cualquier forma.

Igualmente, la licencia de valor agregado advierte que no puede prestar esta clase de servicios.

Frente a la decisión de Comcel, y para evitar que el caos se tome el sector de las telecomunicaciones, el Ministerio determinó el pasado miércoles iniciar una denuncia penal contra Comcel, amparándose en la Ley 422, por prestar ilegalmente un servicio público sin licencia previa.

En caso de comprobarse esta supuesta irregularidad, el Ministerio podría declarar la caducidad de la concesiones de celular y de la licencia de valor agregado.

Por su parte, la CRT y la Superintendencia de Servicios Públicos, decidieron someter bajo su control a Comcel, e iniciar una investigación formal contra la empresa.

Esto significa que, una vez terminada la investigación, en 15 días, la CRT podría determinar que si Comcel quiere seguir prestando el servicio de larga distancia, debe pagar 150 millones de dólares, o también, podría separar al presidente de Comcel y a la junta directiva, y tomar posesión de la empresa, por prestar servicios ilegales de telecomunicaciones.

La junta de Comcel Ayer, por petición de Telecom y la ETB, accionistas de Comcel, se reunió de forma extraordinaria la junta directiva de la empresa.

Después de un duro enfrentamiento, en el que las telefónicas pidieron que se les respetara el derecho como socios a aprobar algunas decisiones de la empresa, como la que tomó de prestar el servicio de larga distancia, no se pudo llegar a un acuerdo entre los socios.

Al final, se decidió votar la continuación o la suspensión del nuevo servicio de llamadas internacionales de la empresa.

Finalmente, Bell Canada Internacional (BCI), accionista mayoritario de Comcel, apoyó la decisión tomada por Burrowes de seguir con las llamadas de larga distancia, pero se acordó que no se hará más publicidad ni comercialización del nuevo producto.