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Los 'Siete mitos de la legalización': Procuraduría

"Aislar a los adictos del medio delincuencial en el que viven (...). (Que sean) internados en centros de tratamiento o llevados fuera de las ciudades en las que pueden acceder fácilmente a las drogas."

Esa es una de las polémicas propuestas contenidas en un libro que está a punto
de lanzar la Procuraduría General de la Nación y que busca romper los "siete
mitos de la legalización de las drogas".
En 155 páginas, editadas por el Instituto de Estudios del Ministerio Público,
el organismo, encabezado por Alejandro Ordóñez, defiende la tesis del
aislamiento y señala que no violaría los derechos humanos ni atentaría contra
la autonomía de los consumidores, "que de todas formas han perdido por su
adicción".
"El aislamiento del individuo es necesario, bien sea para suministrarle un
sustituto que ayude a la desintoxicación o para evitar las conductas
relacionadas con el consumo que tienen alta probabilidad de causar daño a
otros", añade.
En el libro, cuya portada está ilustrada con una imagen del Apocalipsis, la
Procuraduría rebate los argumentos de quienes promueven la legalización y
asegura que la sentencia de la Corte Constitucional que en 1994 despenalizó la
dosis mínima disparó el consumo en el país. "Lejos de plantear la legalización
de las drogas ilícitas, el debate en Colombia y ante la comunidad
internacional debe centrarse en cuáles son las mejores y más eficaces formas
de controlar la producción, tráfico y distribución de drogas", dice.
También cuestiona a las autoridades por lo que llama "permisividad en zonas
tomadas por el microtráfico", en donde, dice, la venta de droga se combina con
la prostitución y la pederastia. Por cuenta de esa falta de acción, señala el
libro, en Colombia hay lugares "reconocidos nacional e internacionalmente como
paraísos del turismo sicodélico y sexual", y menciona a Taganga (Magdalena),
La Candelaria (centro de Bogotá) y Cartagena.
"Lo malo de las drogas no es su prohibición; deben seguir prohibidas porque
son malas. La despenalización, lejos de neutralizar los efectos nocivos, los
incrementa", señala el libro. Y agrega que "defender la dignidad del ser
humano no puede llegar al extremo de garantizarle los medios para perder toda
su dignidad y libertad por la adicción a las drogas".
'La guerra no está perdida'
En este capítulo, la Procuraduría señala que aceptar que la guerra contra las
drogas ha fracasado es admitir que otros delitos, como el hurto, han
"derrotado los sistemas judiciales del mundo, porque, a pesar de los
esfuerzos, hoy siguen existiendo ladrones". Y presenta como un avance el que
hayan bajado el consumo mundial de drogas y la pureza de algunas de ellas.
Agrega que los consumidores están pagando cinco veces más por la cocaína que
compraban en el pasado.
'Las cárceles no están
llenas de inocentes'
La legalización no ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario y, según el
libro, tampoco es cierto que las cárceles se estén llenando de "inocentes
consumidores". "Son miembros de estructuras criminales que asesinan, sobornan,
lavan activos y especulan con el valor de la droga", dice el libro. Cifras del
Inpec citadas señalan que en los penales colombianos hay muchos más detenidos
por delitos contra la vida y la propiedad que por hechos vinculados al círculo
de la droga.
Crítica a la política antidrogas del país
En el libro, la Procuraduría afirma que, a pesar de que la experiencia dice
que hay que atacar el tráfico (en esa etapa se queda el 71 por ciento de la
utilidad del negocio ilegal), en Colombia la estrategia "curiosamente se ha
centrado en la etapa de producción, que es la que menos valor agregado
genera". Añade que "hay que enfocar la lucha contra el narcotráfico en la
interdicción". Igualmente, cuestiona el hecho de que el Estado nunca haya
logrado un nivel de coordinación para que todas las entidades trabajen al
tiempo contra la cadena del narcotráfico.
El procurador Alejandro Ordóñez ha sido opositor permanente de la
legalización. Héctor Fabio Zamora
EMIMEN
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