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ANUNCIAN AYUDA PARA SORATAMA

Las ocho viviendas que fueron demolidas en el barrio Soratama debido al riesgo en el que se encontraban por el deslizamiento de tierra de las canteras, serán pagadas por la Oficina de Prevención de Emergencias (Opes) la semana próxima. Para la reubicación de estas familias la Caja de Vivienda Popular ofreció soluciones de viviendas al sur de la ciudad y el Inurbe dijo que otorgaría subsidios.

31 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Con respecto a la explotación de las canteras, el Ministerio del Medio Ambiente dará a conocer en dos semanas las sanciones para aquellos que no cumplan con el plan de recuperación y evaluará la situación de explotación de las mismas.

A estas conclusiones llegaron ayer el alcalde mayor, Antanas Mockus; la ministra del Medio Ambiente, Cecilia López Montaño y otras autoridades distritales y nacionales en la primera parte de un debate al que citó el representante a la Cámara Collin Crawford en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para estudiar la situación de riesgo de las familias que viven en la zona de Soratama, aledaña a las canteras de Usaquén.

En este sector los problemas empezaron el pasado Jueves Santo cuando un deslizamiento de tierra, procedente de una de las canteras, derribó una casa y le quitó la vida a tres personas. Una semana después otra persona murió por otro deslizamiento.

El alcalde Mayor dijo que lo importante es trabajar más en la prevención para evitar que ocurran nuevas tragedias y que lo ideal sería no tener que acudir al uso de la fuerza para salvar vidas, como ocurrió con las recientes demoliciones.

La ministra del Medio Ambiente, dijo que para prevenir deslizamientos se evaluará la situación de las canteras y se procederá a imponer sanciones en los lugares que no hayan presentado el plan de recuperación. Sin embargo, aclaró que la explotación de las canteras es necesaria en algunos lugares para los trabajos de construcción.

Por su parte, el director de la Opes, Bernardo Grau, dijo que las ocho familias cuyas casas fueron demolidas recibirán el valor de sus construcciones las semana próxima.

La gerente de la Caja de Vivienda Popular, Vianey Roldán, dijo que tenía soluciones de vivienda al sur de la ciudad por un valor de ocho millones de pesos y el gerente del Inurbe, Samuel Salazar Echeverri, dijo que para estos casos se estudiaría la posibilidad de ofrecer un subsidio de 2 500.000 pesos a las familias.

Por su parte, los habitantes de Soratama dijeron que no se querían ir a vivir al sur de la ciudad. Además expusieron sus quejas acerca de la forma en que la Policía actuó en el barrio durante las demoliciones de las viviendas y para hacer las denuncias se reunieron en la tarde con el general Gilibert.

El próximo 8 de junio continuará el debate en la Comisión Séptima de la Cámara.