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EL DEBATE DE LA SALUD

Es bien difícil entender el debate que inició el ex ministro de Salud, Juan Luis Londoño. Pero vale la pena meterle muela al asunto, pues lo que está en juego es la salud de los colombianos. Señor lector, sé que lo que aquí sigue puede parecerle jerigonza, pero si lee y relee esta columna unas cinco veces, estoy seguro, le va a quedar más claro el debate planteado.

30 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Para tratar de hacer claridad al respecto, hay que mirar en dónde estaba la salud pública, para dónde la quería enrumbar el gobierno pasado a través de la Ley 100 y la ley 60 y para dónde la lleva el actual ministro de Salud, Alonso Gómez Duque.

El pasado. Antes de la administración Gaviria la salud funcionaba de la siguiente manera: Unos millones de colombianos aportaban al Instituto de Seguros Sociales (ISS) para el cubrimiento de salud, lo que les daba acceso a ésta a través de los hospitales propios del Seguro o de las distintas entidades privadas de salud en el país con las que tiene contratos. Los pobres y las personas que no aportaban recibían asistencia de caridad en los hospitales. Estos últimos, por su parte, eran financiados con contratos del ISS, con dineros de las secretarías de Salud de la ciudad o del departamento y con dineros del presupuesto nacional, es decir del ministerio de Salud.

El sistema produjo un ISS burocratizado, politizado y tremendamente ineficiente (tiene 35.000 trabajadores y 12 sindicatos), lo que obligó a las personas de mejores recursos, clase media, media-alta y alta, a contratar seguros privados, es decir, pagar dos veces. Además, produjo unos hospitales quebrados porque la plata que se les distribuía no pagaba los costos por falta de control, falta de administración y por física falta de dinero para cubrir a una inmensa población no aportante.

El futuro. Con la ley 100 y la Ley 60 se aumentó el pago para el cubrimiento de salud al 12 por ciento (pues se vio que el dinero recibido no alcanzaba y había que subsidiar a los más desprotegidos), se crearon las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como competencia al ISS y las Instituciones Proveedoras de Salud (IPS) en su mayoría hospitales.

Este nuevo sistema pretende que las secretarías de salud de cada municipio carneticen a su población más pobre la que necesita subsidio para que ésta se afilie a la EPS que desee para recibir un Plan Obligatorio de Salud (POS). Las EPS reciben anualmente una Unidad de Pago por Captación (Upc) por cada afiliado, es decir de hasta 132.000 pesos.

Con la ley 100 la salud pública entraba en un régimen de competencia, lo que obliga a las EPS y a los hospitales a un control de costos, pero también de calidad, pues el usuario se puede cambiar cada dos meses. Asimismo, subsidia la demanda, pues el dinero de aquellas personas que pagan más de 132.000 pesos al año en salud, va a un fondo de solidaridad que financia la afiliación a una EPS de quienes no contribuyen a ese régimen o contribuyen menos de lo que vale una UPC.

Es decir, que luego de la ley 100 Colombia quedó con un seguro nacional de salud que cubre un plan básico, supuestamente muy completo.

El presente. El actual ministro le ha dado un viraje al sistema y lo ha hecho similar al que opera en los Estados Unidos. A través del decreto 2491 estableció un régimen de transición que, según Fedesarrollo, atenta contra los pilares del régimen subsidiado de salud, como son el control de costos, la ampliación de recursos para el régimen subsidiado y el esquema de aseguramiento para toda la población.

El decreto propone, en esencia, financiar a los hospitales con base en la facturación de servicios prestados; utilizar los recursos destinados al régimen subsidiado para subsanar los faltantes del viejo régimen y carnetizar a la población pobre para establecer de esta forma el derecho de acceso a los servicios .

Al cambiar la filosofía de la ley y pasar de un régimen de seguro nacional a uno de pago por servicios prestados, elimina completamente el control de costos que es lo que tiene quebrado el sistema en Estados Unidos y por ello pretenden reformarlo.

Además, el no reglamentar el régimen de control y calidad del POS les ha permitido a las EPS s montar un plan básico tan malo que las lleva a meterle a la gente el cubrimiento adicional regresa el pago doble con la disculpa de que ese plan (el POS) no sirve para nada .

La actual política del ministerio no es tan mala como el sistema anterior, pero sí beneficia claramente a un grupo: los médicos, los dueños de clínicas, de unidades privadas de cuidado intensivo y de equipos médicos. Estos, con el nuevo sistema, le van a cobrar todo al papá Estado y, como aquí no hay control, dentro de poco regresaremos a una salud en quiebra.

Qué hacer. En un momento tan crítico para la salud se necesitan técnicos y no médicos o políticos, caso ISS, que manejen los destinos de la salud nacional. La politiquería acabó con la salud y, si se quiere dar un verdadero salto social en ese frente, es hora de regresar por el sendero que se inició en el Gobierno pasado. La salud requiere estadístas y no pequeños intereses que la han sumido en la debacle en que se encuentra hoy.