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TRAMITADOR IMPERATOR

De entrada acepto y me declaro culpable. Si Mockus admitó públicamente haber sobornado a un agente de tránsito en Melgar, no veo por qué yo, un pobre mortal, no pueda comprar los servicios de quien hoy es la más popular figura ante el Estado colombiano: el tramitador.

28 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Sin ese ejército de vampiros que succionan hasta el último centavo no seríamos nada ni nadie. Han llegado a sitiar de tal forma al Estado, que adelantar cualquier trámite ante una oficina pública se hace prácticamente imposible si no es con la indispensable ayuda de esta gente.

Esta semana el noticiero CM& presentó evidencia muy reveladora de la mafia que se ha adueñado de los puntos más neurálgicos en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. O si no que levante la mano el colombiano que no haya usado un tramitador para sacar la licencia de conducir o el revisado del carro. Diligencias aparentemente simples pero que se han convertido en una indescriptible tortura para el ciudadano.

Las imágenes muestran, con descaro y desparpajo, una aterradora realidad. Y es que a cambio de unos pesos de más se le puede sacar a un ciego un permiso para manejar tractomula.

Estos personajes, que los hay desde el cascarero que lo acosa a uno en las narices mismas de la autoridad hasta el sofisticado ejecutivo que visita las oficinas del interesado, en verdad no tienen la culpa. Son producto de la abultada burocracia instalada puertas adentro y que la hace ineficiente y corrompida. Esta faceta, infortunadamente, es uno de los vacíos del trabajo de CM&.

Es esa maraña la que crea toda esta cadena de intermediarios que encarecen y de qué manera una diligencia relativamente barata y sencilla. La burocracia, dicen los que la tienen bien estudiada, vive de crear trabas. Está para inventar requisitos, entorpecer el trámite y complicarle la vida al ciudadano.

Por desgracia el Tránsito no es el único sitio. No hay oficina del Estado a la que le importe la atención al cliente. Los servidores públicos, con poquísimas excepciones, no conocen la amabilidad y creen que quienes acudimos a ellos somos un estorbo. Hay que ver las caras ácidas, la indiferencia ante las kilométricas colas que por lo general hay que hacer para cumplir con cualquier pago al Estado. No los conmueve la desesperación de los usuarios que tienen que aguantarse la limada de uñas o la llamada telefónica a la novia o al amigo del funcionario cuando tienen frente a sí una larga fila de enfurecidos o resignados ciudadanos. La eficiencia y el Estado, está probado, son como el agua y el aceite.

De ahí que la privatización sea casi que una forzosa alternativa. Aunque tarde, la secretaria de tránsito se dio cuenta y le entregó al sector privado parte de sus tareas. Creo, sin embargo, que podría ir mucho más allá; desmontar buena parte de lo que hay y quedarse con un sencillo cascarón de oficina que sea mucho más técnica, más en función de diseñar políticas y menos burocrática.

Para desgracia de quienes le contribuimos al Estado y le pagamos unas costosísimas cuentas, los colombianos no hemos podido gozar todavía de los beneficios de la privatización de empresas que tienen vocación de servicio público como los teléfonos o la electricidad. Todo lo contrario. Pagamos tarifas que podrían bajar considerablemente si hubiera competencia abierta. Y tenemos que aguantarnos la ineficiencia y la displicencia de nuestros funcionarios. Los burócratas le tienen físico pánico a una agresiva competencia por parte de la empresa privada.

Los alcaldes son los verdaderos y únicos responsables de haber convertido la Secretaría de Tránsito en modelo de ineficiencia y clientelismo. Parte importante de por qué no funciona es que históricamente ha sido el lugar predilecto de concejales y políticos de todos los pelambres para devolver favores y colocar a sus clientes electorales. Alcalde Mockus: despolitice esas oficinas; quítele esa teta al Concejo y verá que comienzan a funcionar como un relojito.

El que la burocracia haya sido por demasiado tiempo botín de los políticos explica la total incredulidad del ciudadano frente al Estado.