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FIN DE UN PARO

En principio, la culminación pacífica de cualquier conflicto solo puede producir satisfacción. Sin embargo, cuando se trata de controversias laborales asociadas con la búsqueda de entendimiento entre dos partes obligadas solidariamente con la sociedad, los parámetros de evaluación del acuerdo desbordan sus intereses particulares.

28 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Dentro de ese contexto, el avenimiento entre los representantes de Fecode y el Gobierno Nacional al comienzo de la semana deja un sabor agridulce en la opinión. Pareciera que la defensa de los intereses económicos del gremio, por una parte, y la defensa de los intereses políticos del Gobierno, por la otra, hubiesen conducido a que se perdiera de vista el interés superior de los estudiantes.

En efecto, la discusión de fondo que planteaba este conflicto giraba en torno de la calidad de la educación que se está impartiendo en Colombia y de los mecanismos que se pueden aplicar para mejorarla. Con ese loable objetivo, el Ministerio de Educación tuvo el acierto de diseñar un interesante y novedoso sistema de incentivos para los maestros.

En su momento, convencidos de sus bondades, lo resaltamos como una importantísima contribución para solucionar uno de los problemas de fondo del sistema educativo colombiano, así como expresamos nuestra voz de apoyo a la determinación de anticipar las vacaciones, en el momento mismo en que ella se adoptó.

Sin embargo, durante la evolución del conflicto, el Gobierno fue abandonando la defensa de su propuesta y terminó desdibujando su más importante creación, la cual acabó reducida a un exiguo porcentaje del fondo de recursos en discusión. Tampoco se justificó, analizada en el conjunto de lo sucedido, la determinación de anticipar las vacaciones escolares.

Aun cuando en elemental justicia se debe reconocer que ha quedado abierto un camino que puede tener alentadoras proyecciones en el futuro, con la introducción del componente de incentivos en la relación entre los educadores del Estado, el costo resultó muy alto.

No quiere esto decir que nos oponemos a que los educadores de Colombia disfruten de justas condiciones de remuneración. No. Hemos propugnado siempre por que su labor se valore en todos los frentes con la trascendencia que tiene. Sin embargo, insistimos, el interés que debe orientar estas discusiones es el de la población estudiantil, que se ha convertido en víctima inocente de ese deterioro progresivo de la calidad de la educación impartida en los planteles oficiales, sin desconocer importantes y honrosas excepciones.

Sorprende además que para el Gobierno hubiesen resultado aceptables incrementos que exceden en alto porcentaje el 18 por ciento, cuando ha sido el mismo Gobierno el que se ha opuesto con vehemencia a que los planteles privados incrementen por encima de ese límite sus matrículas y pensiones. Si son inflacionarios los aumentos originados en los colegios privados, no lo son también aquellos originados en este acuerdo? Muy peligroso precedente para las futuras negociaciones y mal mensaje para la ciudadanía, que se ha esforzado para lograr el cumplimiento de la meta del Pacto Social.

Finalmente, no se entendió con mucha claridad la función cumplida por la comisión mediadora, integrada por el Senado de la República. Quedó la impresión de que no logró cumplir con sus objetivos en defensa del bienestar colectivo y, en cambio, se constituyó en un factor adicional de perturbación, con uno de sus integrantes alineado de antemano.