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SE DESVANECE EL PACTO SOCIAL

Cada día se escucha menos hablar del Pacto Social. O mejor, cada día con mayor desgano. Hasta las cuñas de televisión han desaparecido.

15 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Ese desvanecimiento gradual del esquema alcanza ya a buena parte de los firmantes y que periodicamente se reúnen para evaluar los resultados.

El presidente de Asobancaria César Muñoz entregó un documento a los miembros de la Comisión del Pacto, en el que formula algunos reparos al manejo del esquema ideado para el efecto.

Luego de leído el documento, el ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín Bernal, sugirió que el mencionado documento fuera recogido para evitar que se interpretara como una crítica inconveniente surgida del mismo seno de la Comisión.

Pero la verdad es que el documento es solo un elemento del desgano creciente en que ha entrado el pacto social contra la inflación. En el gobierno, cada vez es menos vehemente la defensa del esquema y con menor frecuencia es objeto de análisis. Lo mismo ocurre con el sector privado.

La inflación en los primeros cuatro meses del año ascendió a 10.62 por ciento, más del 50 por ciento de lo que se aspira a tener en diciembre. Y la verdad es que el pacto es un fracaso si la inflación es del 20 o 21 por ciento. Sencillamente, la junta directiva del Banco de la República hubiera logrado lo mismo.

El texto del documento del presidente de la Asobancaria es el siguiente: 1. Las nociones fundamentales del Pacto Social como estrategia política liderada por el gobierno y acogida por las Centrales Obreras y por el Consejo Gremial Nacional, parecen estar yéndose como agua por entre los dedos de esta Comisión Central y de su Comité de Seguimiento. Tienen razón quienes hacen crónica del desvanecimiento del Pacto en pleno escenario público.

2. Los miembros del Consejo Gremial Nacional firmantes del pacto, lo suscribimos con el convencimiento de que no se trataba de una trivialidad. De que tenemos delante de nosotros a una Nación que espera liderazgo claro para salir de la cultura de la violencia y la confrontación y para asomarnos a una cultura de deliberación, de solución apacible de los conflictos, de manejo concertado de algunos de los indómitos procesos de la economía de mercado. Si el Pacto no funciona, le habremos dado un golpe al desarrollo de la civilización política de Colombia, y le habremos dado estímulo al cinismo de la ciudadanía con el Estado y con la organización política de la Nación. Serias implicaciones tendría un eventual fiasco del Pacto como estrategia política, en este país violento fragmentado y carente de nortes culturales.

3. El principal problema de esta Comisión es la falta de adecuada información pública sobre qué es el Pacto, para qué sirve y cuáles alcances y fronteras tiene. Veamos algunos de los principales aspectos del problema.

4. En las mentes de muchos observadores, políticos, medios de prensa y hasta de altos funcionarios del gobierno, se ha presentado una curiosa translación de los centros de responsabilidad en materia de la inflación. Se ha dicho que si la meta del 18 por ciento no se cumple, ello será prueba fehaciente del fracaso del Pacto. También se ha dicho que si la meta se cumple, ello será consecuencia de las políticas de la autoridad monetaria y no de los acuerdos del Pacto, los que simplemente son inocuos. En cualquier caso, el Pacto le irá mal según estas visiones, ora por ineficaz, ora por inútil.

5. Todos los críticos: los críticos del gobierno, los críticos de los gremios por ser poco representativos o por ser incumplidos, los críticos de las centrales de trabajadores por las mismas fallas o por ser ingenuas, los críticos del Pacto como idea, danzan en torno de la incineración del Pacto Social, del cual todos los firmantes somos responsables dentro de nuestros propios alcances como actores de la vida pública. Lo que está detrás es, sin embargo, una notable falta de precisión sobre la naturaleza del Pacto en lo que hace a la inflación.

6. Que se haga claridad. La meta del 18 por ciento no fue sacada del sombrero de esta Comisión. Aquí nos limitamos a reconocer y acoger el compromiso de la Junta Directiva del Banco de la República, que es la única responsable del tema, de lograr un registro máximo del 18 por ciento en el índice de precios al consumidor. Se sabe que esta cifra fue hecha pública después de que se adelantaran consultas entre el Banco de la República y el gobierno. Ninguno de los acuerdos del Pacto derogó la responsabilidad política de la Junta, para investir con ella a la Comisión del Pacto. Mal podía ocurrir tal cosa, ya sean en el terreno legal, ya sea en el terreno político. Un manejo acertado de la información pública debe dar buena cuenta de semejante confusión.

7. Los acuerdos del Pacto están orientados, por una parte, a reducir los costos de la política anti-inflacionaria de la Junta en términos de producción y empleo, y por otra, a reducir el peso de los factores inerciales de la inflación. En consecuencia, debemos examinar de inmediato, y de manera continua de aquí adelante, todos los compromisos suscritos para evaluar públicamente si se han cumplido y para acordar mecanismos de corrección en caso de que no se hayan complicado. Pero la eficacia general del Pacto no puede medirse en términos del logro de las metas de la autoridad monetaria. Ella debe responder por sus claras obligaciones legales y políticas.

8. Al Pacto no le sirve que el resultado del IPC sea mayor al 18 por ciento. No le sirven ni el 22, ni el 20, ni el 19 por ciento. Esta Comisión tripartita está obligada, al tenor de lo dispuesto en el documento del Pacto, a evaluar y criticar la política monetaria y macroeconómica para observar su coherencia con el estricto cumplimiento del compromiso del Banco de la República. En la práctica, el Pacto es un mecanismo de vigilancia de dicha política.

9. Si bien una cifra parecida al 18 por ciento podría lucir buena desde ciertas perspectivas generales, en el escenario del Pacto Social cualquier desviación de este porcentaje, hacia arriba, tendría serias implicaciones y debería ser considerada como una falla fundamental de las autoridades monetarias. La sola existencia del Pacto Social, en virtud de los acuerdos ciudadanía-Estado que contiene, le quita todos los grados de libertad que desde 1991 se le han otorgado, sin autorización alguna, a la metas autoimpuestas por la Junta del Banco de la República en coordinación con el gobierno. Si ello no está claro, la información pública al respecto está fallando.

10. Resulta crucial, en las actuales circunstancias, que la Junta Directiva del Banco de la República le informe a esta Comisión si considera que las condiciones de su política son satisfactorias de cara a sus metas en materia de inflación. Este análisis es indispensable puesto que la opinión dominante, a mi juicio incorrecta, consiste en que la evolución del IPC en el primer tercio del año ya permite esperar que la inflación será superior al 18 por ciento en 1995.

11. En particular, debe solicitársele que informe si la situación fiscal y los requisitos previstos de endeudamiento público continúan siendo coherentes con dichas metas. No cabe duda de que lo fiscal está generando variadas y serias incertidumbres sobre cuál será, en el futuro próximo, el grado de astringencia monetaria y crediticia que deberá soportar el aparato productivo. Esta comisión está obligada a estudiar el comportamiento fiscal corriente y previsto, ya que de ése depende la dureza de la política monetaria, el nivel general de las tasas de interés y la evolución del crédito.

12. También es muy importante conocer si el talante actual del manejo monetario apunta a la estabilidad macroeconómica en 1996, o al logro de la meta de 1995. Sabemos muy bien que entre la situación monetaria y sus efectos sobre la inflación media un rezago de por lo menos un semestre de manera que, salvo eventualidades climáticas o exteriores, la inflación promedio del segundo semestre ya está definida ex-ante.