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OTROS DOS GREMIOS ATACAN LA REFORMA TRIBUTARIA

Dos nuevos gremios se sumaron a la avalancha de críticas que ha recibido la propuesta de reforma tributaria planteada por el Gobierno.

26 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Por un lado, los transportadores de carga del país dijeron no compartir, por injusta e inequitativa, la propuesta de aumentar la tarifa de impuesto sobre la renta y de ganancias ocasionales del 30 al 37 por ciento bajo la justificación de incluir en ella la contribución especial creada como transitoria entre 1993 y 1997.

Eugenio Marulanda Gómez, presidente de la Federación de Transportadores de Carga por carretera (Colfecar) señaló que en la actualidad la contribución especial es deducible como gasto en la declaración de renta, lo cual aminora un poco el impacto de la contribución.

Sin embargo, con la nueva propuesta introducida en la reforma tributaria, esa deducibilidad desaparece ya que no existirá contribución especial sino impuesto de guerra, y éste no es deducible.

En consecuencia, según el directivo, la situación propuesta aumenta la tributación efectiva para el sector transportador en detrimento de su real capacidad.

Colfecar se opone también a la iniciativa de modificar el aspecto tributario de los contratos de leasing, pues, a su juicio, se originaría un severo castigo tributario a las empresas transportadoras que ven en este sistema una forma adecuada a sus necesidades para financiar el equipo de transporte.

La agremiación propuso, en cambio, desmontar el impuesto de timbre para los vehículos destinados al transporte de carga, así como para los contratos de transporte y demás documentos (guías, facturas) por medio de los cuales se desarrolle el servicio.

Gas sin exención Por su parte, la Asociación Colombiana de Gas (Acogas), también manifestó su oposición a algunos de los artículos del proyecto de reforma tributaria.

En especial, el presidente del gremio, Enrique Rodríguez Vargas, denunció la exclusión del régimen de exenciones tributarias a las empresas de servicios públicos domiciliarios encargadas de la distribución del gas.

Agregó que el tratamiento discriminatorio que se pretende dar a esta clase de servicio público, contraría lo establecido en el artículo 24 de la ley de servicios públicos, la cual fija criterios sobre el régimen de exenciones para todas las entidades prestadoras de servicios, sin excepción alguna.

Para el dirigente, quitar la exención es ser incoherente con la política energética que adoptó el actual gobierno al promover el plan de masificación del gas como medio para sustituir el uso de otros energéticos más costosos.

Al gravarse la distribución de gas en el territorio nacional se produce un efecto negativo en el proceso de sustitución energética, ya que dicho gravamen se reflejaría en la tarifa final al consumidor de este servicio, lo cual frente a la electricidad resultaría menos atractivo.

Para Rodríguez Vargas, la medida desmotivaría el interés del capital privado en participar en la convocatoria abierta por el Ministerio de Minas para atender los servicios domiciliarios de gas en más de 120 municipios de los departamentos e Caldas, Quindío, Huila, Tolima, Risaralda, Valle y Boyacá.

El gremio confió en que la exclusión de gas dentro del régimen de exenciones tributarias obedece a un posible error en la redacción y transcripción del artículo 104 de la respectiva ley.