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ATAQUE DE PROCURADURÍA A IMPUESTO DE GUERRA:

24 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Un giro radical podría tener la reforma tributaria que actualmente tramita el Gobierno ante el Congreso de la República. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles cuatro artículos de la Ley 6a de 1992, relacionados con el cobro del llamado impuesto de guerra .

Al emitir concepto de inconstitucionalidad ante la Corte, el Ministerio Público sostuvo que los dineros recaudados mediante la ley 6a de 1992, se dirigen a las cestas comunes del Estado para sufragar los gastos generales de la Nación.

En concepto de la Procuraduría, la norma que creó el gravamen es una norma tributaria oscura, confusa e incompleta, además de que socava la confianza de los asociados frente al sistema tributario y termina empañando los principios de justicia y eficiencia sobre los que se apuntala todo el orden tributario .

Si la Corte acoge la solicitud de inexequibilidad del impuesto, el Gobierno se vería abocado a modificar el proyecto de reforma tributaria, que amplía el término del impuesto de guerra hasta el año 2001. Esto es, amplia el período de recaudo, que hoy va hasta 1997.

De acuerdo con la Procuraduría, existen además análisis económicos conforme a los cuales el cobro del impuesto de guerra desconocería la obligación de reducir progresivamente el monto de la tarifa a partir del 2001.

En últimas, dicen los expertos, quienes más se verían perjudicados con la actual política fiscal del Gobierno serían las compañías petroleras, que hoy tienen gravado el 85 por ciento de cada barril de crudo producido en el país.

De acogerse la tesis de la Procuraduría, dijo una fuente del organismo, esta traba fiscal se eliminaría y la inversión de las multinacionales del petróleo en el país estaría asegurada en parte .

Al firmar el concepto de inexequibilidad, el viceprocurador Orlando Solano Bárcenas dijo que la destinación actual que se les da a los dineros recaudados por ese impuesto es confusa y la única forma de hacer trasparente ese tributo es logrando que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales.

Es esa trasparencia la que se ve menoscabada en el diseño antinómico que presenta esa contribución especial, puesto que los sujetos pasivos contribuyentes ni siquiera tienen certeza respecto al sentido preciso de la norma que los obliga y mucho menos la previsibilidad de los efectos en su aplicación , dice la Procuraduría.

Por último, a juicio de Solano Bárcenas, una norma que tuvo origen en un decreto excepcional no puede convertirse en legislación ordinaria y menos si se desconoce la destinación que deben tener esos dineros.