Archivo

HOY SE SELLA SUERTE DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN

El Senado de la República dará hoy su veredicto final sobre el estatuto de lucha contra la corrupción administrativa.

24 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

La plenaria de la corporación aprobó ayer una proposición que solicitó el aplazamiento de la votación definitiva del proyecto prevista inicialmente para ayer.

El senador Guillermo Angulo Gómez (cons.- Tol.), autor de la proposición, consideró que ante la densidad del informe de conciliación de la iniciativa no todos los parlamentarios tuvieron tiempo de leerla detenidamente y de formarse un juicio sobre su contenido.

El ponente, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira, estuvieron de acuerdo con el aplazamiento, pero instaron al senado a dar su respaldo definitivo a una ley que está llamada a combatir, por primera vez en el país, el lavado de activos provenientes del narcotráfico y a hacerles frente a fenómenos tan inquietantes como el testaferrato.

El proyecto, que consta de 85 artículos, contempla penas que oscilan entre 3 y 12 años de prisión para quienes legalicen u oculten bienes provenientes de actividades ilegales y desarrolla un régimen normativo que cobija, incluso, a entidades financieras que habitualmente han sido utilizadas para el blanqueo de dineros de oscura procedencia.

También procura sustanciales modificaciones al Código Penal y prevé aumento de penas para las 6 modalidades de delitos contra la administración pública, entre ellos, el peculado por apropiación y el cohecho.

Censura a la prensa? No obstante la proyección que se le reconoce al Estatuto, en él está contenida una disposición que, según observadores, puede promover una censura de prensa.

Se trata del artículo 33 que establece que las investigaciones preliminares y los pliegos de cargos que adelanten y formulen la Procuraduría y los demás órganos de control serán reservados.

Según la pretendida disposición, en los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal sólo serán públicos los fallos definitivos.

Prevé que la violación de la reserva será causal de mala conducta para el servidor público que incurra en ella, al tiempo que prohibe publicar extractos o resúmenes del contenido de la investigación respectiva hasta cuando se produzca el fallo.

A pesar de las restricciones que busca imponer, el mismo proyecto dedica otros cuatro artículos a definir un régimen mediante el cual los periodistas tendrían acceso preferencial a los documentos oficiales, especialmente cuando estén investigando casos de corrupción administrativa.

Su artículo 76 prevé, en efecto, lo siguiente: las investigaciones que sobre los actos de las autoridades públicas adelanten los periodistas y los medios de comunicación en general, son manifestación de la función social que cumple la libertad de expresión e información y recibirán protección y apoyo por parte de todos los servidores (...) En el 77 agrega que los periodistas tendrán acceso garantizado al conocimiento de los documentos, actos administrativos y demás elementos ilustrativos de las motivaciones de las conductas de las autoridades públicas, sin restricciones diferentes a las que expresamente consagra la ley .

Si el proyecto recibe hoy su aprobación final pasará de inmediato a sanción del presidente. Como quiera que se trata de una ley ordinaria, no requerirá control previo de la Corte Constitucional.

El orangután contra la prensa El artículo que cierra el acceso a las investigaciones disciplinarias dice lo siguiente: Harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen la Procuraduría general de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso a la investigación, desde los preliminares.

La violación de la reserva será causal de mala conducta.

Tampoco podrán publicarse extractos o resúmenes del contenido de la investigación sometida a reserva, hasta que se produzca el fallo.

En el evento de que se conozca la información reservada, la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho.